Nelly Barturen, Abogada | Derecho Inmobiliario, Ambiental & Sostenibilidad
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Detrás del brillo del oro ilegal se esconde una realidad de violencia, extorsión y ecosistemas destruidos en el interior del país. Aunque las autoridades reportan cientos de operativos contra las mafias mineras, el problema sigue desbordándose en las regiones. Un recorrido humano y crítico por el fenómeno criminal que demuestra que ninguna riqueza material debería valer más que una vida humana.
El oro es uno de los metales más preciados del mundo, su valor puede medirse en gramos, onzas y millones de dólares. Pero cuando detrás de ese metal existe minería ilegal, su verdadero costo no siempre aparece en una balanza ni en una transacción comercial: se encuentra en una vida perdida, una familia destruida, un territorio sometido por la violencia o una comunidad que dejó de confiar en el Estado. La minería ilegal ha dejado de ser un problema exclusivamente ambiental, hoy representa una actividad económica de enorme dimensión que, en determinados territorios, se articula con la violencia, el control territorial, el financiamiento ilícito y la explotación humana. Estimaciones recogidas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) señalan que la economía ilegal del oro puede superar a otras economías ilícitas del país. Sin embargo, detrás de esas frías cifras hay personas.
En lugares como Pataz, la disputa por el control de los recursos ha demostrado que el oro es, fundamentalmente, una fuente de poder. Cuando una actividad ilícita genera grandes cantidades de dinero, el conflicto no se limita a quien extrae el mineral; en la escena aparecen quienes financian la actividad, proporcionan maquinaria, controlan los espacios y buscan una tajada del negocio. Cuando el dinero se mezcla con el control territorial, la violencia se convierte en la principal herramienta, por eso las noticias sobre asesinatos y extorsiones vinculadas a la minería ilegal no deben verse como hechos aislados, porque nos obligan a preguntarnos qué ocurre en los territorios donde el Estado no logra garantizar la seguridad de quienes allí viven y trabajan.
Nosotros podemos leer una crónica desde la distancia, pero ¿cómo vive una familia que debe regresar cada noche a ese territorio?, ¿cómo vive un trabajador que sabe que ingresa a un lugar donde las reglas no las establece la ley? Es fácil observar al trabajador y sentenciar: “está realizando una actividad ilegal”. Sin embargo, detrás de esa persona existe una historia que también debemos mirar; la falta de oportunidades, la pobreza, la necesidad económica, el desconocimiento de los riesgos o la simple esperanza de sostener a una familia empujan a las personas hacia estos espacios. En muchos casos, además, existen situaciones de explotación o coacción.
Cabe precisar que esto no significa justificar la minería ilegal ni desconocer la responsabilidad de quienes participan deliberadamente en ella; significa comprender que no todos ocupan el mismo lugar dentro de esta economía criminal, no es lo mismo quien financia y organiza la red ilícita que quien, por encontrarse en extrema vulnerabilidad, termina operando en el último eslabón.
Aquí surge un punto clave que no debemos pasar por alto: la existencia de otra víctima que pocas veces aparece en las fotografías de las operaciones policiales, nos referimos a la familia que nunca participó en la extracción del mineral. Estas familias enfrentan graves riesgos de seguridad, sufren los efectos de la contaminación del agua y la degradación del suelo, porque en territorios donde la minería ilegal avanza, actividades tradicionales y productivas como la agricultura, la pesca o la ganadería quedan destruidas.
Bajo esta perspectiva, la contaminación por mercurio constituye una preocupación especialmente grave, en Madre de Dios, diversas investigaciones y acciones estatales han documentado la presencia de este elemento y sus riesgos devastadores para los ecosistemas y las poblaciones expuestas. Llegados a este punto, la pregunta deja de ser únicamente cuánto oro se extrae, sino cuánto está perdiendo una comunidad para que ese metal pueda llegar al mercado internacional. Las leyes existen: el desafío es hacerlas efectivas.
El Perú cuenta con normas que sancionan la minería ilegal y sus delitos conexos. El Código Penal en sus artículos 307-A, 307-E y 307-F, tipifica esta actividad y penaliza su financiamiento; existen, además, herramientas de interdicción y mecanismos para combatir el lavado de activos y el crimen organizado. Sin embargo, la sola existencia de una norma no hace que el problema desaparezca. Durante los primeros cinco meses de 2026, el Gobierno informó la realización de 710 operaciones contra la minería ilegal en 24 regiones, logrando incautar o destruir bienes y maquinaria valorizados en más de S/1 200 millones. Las cifras muestran la gigantesca magnitud de recursos que moviliza esta actividad, pero también nos dejan una interrogante incómoda: si el Estado incauta millones de soles en logística y continúa realizando operativos, ¿por qué la minería ilegal sigue encontrando espacios para crecer? La respuesta no se reduce a la falta de leyes, sino a la capacidad real para hacerlas cumplir, es decir el desafío está en controlar permanentemente el territorio, investigar a fondo las estructuras financieras, perseguir las ganancias ilícitas y proteger a los ciudadanos atrapados en esas zonas. Destruir una maquinaria puede detener una operación por unos días, pero recuperar un territorio exige una estrategia integral.
Combatir la minería ilegal requiere una respuesta firme del Estado que combine la interdicción efectiva, la investigación criminal y el control de insumos con la persecución del financiamiento y sus activos ilícitos. Sin embargo, la estrategia no puede terminar ahí: si el Estado se ausenta tras recuperar un territorio, la ilegalidad volverá a ocupar ese vacío.
Por eso, el control policial debe acompañarse de oportunidades: infraestructura vial que conecte a las comunidades, educación que permita a los niños y jóvenes imaginar un futuro diferente, servicios de salud dignos y programas de desarrollo productivo. El Estado debe tener una presencia permanente, Proteger a las poblaciones vulnerables no significa llegar en helicóptero cuando ocurre una tragedia, sino quedarse a garantizar el futuro.
En síntesis, más allá de la cotización internacional del oro en el mercado formal, la minería ilegal impone un costo oculto que no registra ninguna etiqueta. Este se mide en vidas de trabajadores, el sufrimiento de familias enteras, la devastación del territorio y la afectación a la salud pública, además de consolidar el control de organizaciones criminales y degradar la confianza institucional.
Por lo tanto, enfrentar este flagelo exige un cambio de perspectiva: el debate no debe centrarse únicamente en el volumen del mineral extraído, sino en el costo humano que se está tolerando. El oro es un recurso valioso, pero ninguna riqueza material justifica sacrificar la vida y la dignidad humana, valores que el Artículo 1 de la Constitución Política del Perú consagra como el «fin supremo de la sociedad y del Estado».
