La nueva normativa permite sancionar a compañías y ciudadanos que cumplan medidas consideradas injustificadas por Beijing, con posibles efectos para socios comerciales como Perú.
China aprobó un nuevo marco legal para enfrentar las sanciones y medidas extraterritoriales aplicadas por otros países, principalmente por potencias occidentales. La normativa establece que empresas y ciudadanos chinos podrán quedar impedidos de cumplir determinadas disposiciones extranjeras cuando Beijing las considere “injustificadas”, además de habilitar represalias contra quienes colaboren con su aplicación.
El reglamento, aprobado por el Consejo de Estado y vigente desde abril de 2026, busca proteger la soberanía, la seguridad y los intereses económicos de China frente a restricciones internacionales. Sin embargo, especialistas advierten que sus efectos podrían extenderse a países con una fuerte relación comercial y de inversión con la potencia asiática, como Perú.
Nueva herramienta frente a medidas extraterritoriales
El Reglamento sobre la Oposición a la Jurisdicción Extraterritorial Injustificada Extranjera establece mecanismos para responder a disposiciones de otros gobiernos que, según Beijing, afecten los intereses del país o de sus empresas.
La norma señala que China podrá adoptar medidas cuando considere que una jurisdicción extranjera extraterritorial vulnera principios internacionales o perjudica sus objetivos de desarrollo. Además, reconoce la posibilidad de ejercer acciones legales sobre actividades vinculadas con China cuando exista una conexión suficiente.
Uno de los principales alcances del reglamento es la prohibición para que organizaciones e individuos ejecuten o ayuden a aplicar medidas extranjeras calificadas como injustificadas por las autoridades chinas.
Las empresas que necesiten cumplir alguna de estas disposiciones deberán solicitar una autorización especial ante el Consejo de Estado y justificar los motivos de su pedido.
Empresas enfrentarían sanciones por colaborar con restricciones extranjeras
La normativa también otorga facultades a las autoridades chinas para investigar a compañías o personas sospechosas de colaborar con la aplicación de sanciones extranjeras consideradas contrarias a los intereses del país.
Entre las medidas contempladas figuran inspecciones, revisión de documentos y requerimientos de información para determinar si existió participación en la ejecución de dichas restricciones.
Asimismo, el reglamento crea una lista de entidades consideradas “maliciosas”, donde podrán ser incorporadas organizaciones o individuos extranjeros que promuevan o participen en la aplicación de medidas rechazadas por Beijing.
Las entidades incluidas podrían enfrentar restricciones como cancelación de visas, deportaciones, congelamiento de activos en China, limitaciones para invertir o comerciar, prohibiciones de realizar operaciones con empresas chinas y sanciones económicas.
Posibles implicancias para empresas con presencia internacional
La nueva regulación podría generar mayores desafíos para compañías multinacionales que operan entre China y otros mercados, debido a que podrían verse obligadas a evaluar conflictos entre normativas de diferentes jurisdicciones.
El impacto también podría sentirse en economías con una relación comercial relevante con China. En el caso peruano, el país asiático mantiene una presencia importante en sectores estratégicos como minería, infraestructura y comercio, por lo que las empresas con vínculos con ambos mercados deberán monitorear la evolución de esta normativa.
Otro punto relevante del reglamento es que permite a ciudadanos y empresas chinas acudir a los tribunales del país para reclamar compensaciones cuando consideren que una organización ejecutó medidas extranjeras que afectaron sus intereses.
La disposición abre la posibilidad de que compañías extranjeras que decidan cumplir sanciones impuestas por otros gobiernos enfrenten procesos judiciales en China si esas decisiones generan perjuicios a entidades del país asiático.
Con esta medida, Beijing amplía sus herramientas legales frente a las restricciones internacionales y refuerza su estrategia para reducir el impacto de sanciones externas sobre sus empresas y su economía.
