Un análisis de ACNUR y el Banco Mundial estima que la población venezolana aporta cerca de USD 530 millones anuales a la economía peruana, equivalente al 1,3 % del PBI. El mismo estudio señala que por cada S/ 1 invertido por el Estado peruano se genera un retorno fiscal de S/ 2,6.
Más del 80 % de la población venezolana en el Perú se encuentra económicamente activa, de acuerdo con información del Banco Mundial. El dato permite mirar con mayor evidencia una realidad que suele abordarse desde generalizaciones, pese a que muchas de estas personas llegaron al país tras verse forzadas a salir de Venezuela en busca de protección y una vida mejor.
El mismo organismo señala que más del 30 % de esta población cuenta con estudios superiores y experiencia profesional. A ello se suma un análisis elaborado por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, junto con el Banco Mundial, que estima que su aporte a la economía peruana alcanza cerca de USD 530 millones anuales, equivalente al 1,3 % del Producto Bruto Interno (PBI). El estudio también señala que, por cada S/ 1 invertido por el Estado peruano, se genera un retorno fiscal de S/ 2,6.
Para ACNUR, estos datos permiten observar la integración desde una mirada más amplia. Cuando las personas refugiadas y otras forzadas a huir acceden a documentación, salud, educación y empleo, pueden reconstruir su vida y contribuir a las comunidades que las acogen.
“Estos datos ayudan a mirar la integración con más evidencia, pero el valor de una persona refugiada no se mide solo por su aporte económico. Cuando accede a documentación, educación, salud y empleo, puede reconstruir su vida y contribuir a la comunidad que la acoge”, explica Laura Almirall, Representante de ACNUR en el Perú.
América Latina y el Caribe concentran buena parte de esta realidad. De acuerdo con la organización, cerca de 7,9 millones de personas han salido de Venezuela en busca de protección y una vida mejor, y la mayoría (6,7 millones) ha sido acogida en la región. En el Perú, residen actualmente alrededor de 1,64 millones de personas venezolanas.
En este contexto, ACNUR explica que no todas las personas que cruzan una frontera lo hacen por las mismas razones. Una persona refugiada no sale de su país por elección: huye porque su vida, libertad o seguridad están en riesgo debido a situaciones como violencia, persecución, crisis humanitarias o graves vulneraciones de derechos humanos. Una persona migrante, en cambio, suele trasladarse por decisión propia, por razones económicas, familiares, laborales, educativas o personales.
“Todas las personas tienen derechos humanos, incluyendo las que dejaron su país y sin importar por qué lo hicieron. Pero el derecho internacional reconoce una protección especial para quienes fueron forzados a salir por persecución, violencia o graves violaciones a los derechos humanos y no pueden regresar”, señala Almirall.
La protección internacional no termina al cruzar una frontera. En el Perú, la Agencia de la ONU para los Refugiados trabaja junto con autoridades, organizaciones y sociedad civil para que las personas forzadas a huir puedan acceder a documentación, acompañamiento legal, orientación en salud, alojamiento, empleo, educación y actividades de integración comunitaria.
