Por Antero Flores-Araoz
El Estado para administrar sus ingresos y egresos, se guía por la Ley Anual de Presupuesto, la Ley de Endeudamiento y la Ley del Equilibrio Financiero, que todas ellas están sustentadas en diversos principios, estando dentro de los principales de ellos la disciplina fiscal, el equilibrio financiero y la no iniciativa congresal en el gasto público.
Todo ello tiene su razón de ser, no son ocurrencias de momento sino el resultado de la experiencia aquilatada por años y años.
La disciplina fiscal consiste evidentemente en solo gastar lo que está debidamente presupuestado y en caja. El equilibrio financiero consiste en que los gastos estatales, no pueden exceder de los ingresos que tiene el mismo Estado y, la no iniciativa de gasto congresal, es para que desde el Parlamento no se creen obligaciones de gasto, lo que es prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo.
Los ingresos del Estado son principalmente dos, que son: los impuestos que pagan los contribuyentes y el endeudamiento local y foráneo, el que requiere del cumplimiento de diversidad de requisitos.
Entre los Impuestos que constituyen ingreso presupuestal, se encuentra dentro de los principales el Impuesto General a las Ventas (IGV) que no es otro que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se estila en muchísimos países.
Si bien el IGV es de 16% sobre el valor de transferencia de bienes, principalmente muebles y servicios, en la práctica asciende al 18% pues se cobra en globo con el Impuesto de Promoción Municipal que es del 2% y que tiene por finalidad financiar al FONCOMUN.
Bueno pues, se preguntarán y con razón ¿A qué viene todo lo expuesto” y la respuesta es simple, dado de que en el Congreso se les ha ocurrido la peregrina idea de reducir el IGV al 14% y subir el Impuesto de Promoción Municipal al 4%, por supuesto ello es progresivo.
Lo señalado es maligno, pues se pasan recursos administrados por el Sector Economía y Finanzas, que por lo general lo hace eficientemente, a las Municipalidades que permanentemente están señaladas por no resguardar debidamente los recursos estatales, ignorar la disciplina fiscal, carecer de proyectos adecuados al no tener generalmente funcionarios de elevado nivel técnico y olvidar que deben existir reglas de austeridad, aunque tal palabra los mortifique.
Algunas autoridades del Ejecutivo, como también parlamentarios, justifican dicho cambio tributario, diciendo que es un reordenamiento y que no afectará la disciplina y el equilibrio presupuestal, pues la sumatoria actual del 16% y del 2% alcanza al 18% que es el mismo resultado de adicionar al 14% el 4%.
Si pues, saben matemáticas, pero no materia presupuestal, pues se le quitará 2% del IGV a los ingresos que tendrá la Caja Fiscal que administra el MEF, con lo cual podrán financiar menos gastos corrientes y/o de inversión, mientras que los municipios que no se caracterizan por gastar bien, tendrán más recursos para hacer probablemente lo que les venga en gana sin respetar las reglas de una sana economía financiera. Esto es de locos y no luce bien, pero peor aún en un contexto de déficit fiscal.
