El referéndum del 29 de agosto reabrirá el debate sobre la integración europea, con la pesca, el euro, la inflación y las tasas de interés entre los principales factores económicos en juego.
Islandia celebrará el 29 de agosto un referéndum para decidir si reanuda las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, un proceso que permanece suspendido desde 2013.
La consulta no determinará el ingreso del país al bloque. Los ciudadanos deberán decidir si respaldan la reapertura del diálogo con Bruselas para explorar los términos de una eventual incorporación.
Islandia mantiene una relación económica estrecha con la Unión Europea pese a no ser miembro. El país forma parte del Espacio Económico Europeo desde 1994 y del espacio Schengen desde 2001, lo que facilita sus relaciones comerciales y de movilidad con los países europeos.
Un proceso que lleva casi dos décadas
Islandia presentó su solicitud de ingreso a la UE en julio de 2009. En febrero de 2010, la Comisión Europea emitió una opinión favorable y en julio de ese año comenzaron formalmente las negociaciones.
Antes de que el proceso fuera suspendido en 2013, se habían abierto 27 capítulos de negociación, de los cuales 11 habían sido cerrados provisionalmente.
El nuevo impulso para retomar el proceso está relacionado, entre otros factores, con el Partido Liberal Reformista, Viðreisn, que consiguió incorporar en 2024 a un acuerdo de coalición el compromiso de celebrar un referéndum sobre la continuidad de las negociaciones.
El contexto internacional también ha adquirido mayor peso. La guerra en Ucrania, la creciente competencia estratégica en el Ártico y las tensiones en torno a Groenlandia han reforzado el debate sobre la posición de Islandia frente a Europa.
Pesca, el principal punto de tensión
Uno de los mayores obstáculos para una eventual adhesión es la industria pesquera.
El pescado y el marisco representan cerca del 40% de las exportaciones islandesas, el 8% del PIB y el 4% del empleo, según los datos recogidos en el material.
El sector teme perder control sobre sus caladeros y verse afectado por el sistema de cuotas de la Unión Europea. Esta preocupación es especialmente fuerte en las zonas rurales, donde la oposición a la integración europea alcanza niveles elevados.
La ministra de Asuntos Exteriores, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ha señalado que cualquier negociación tendría que considerar las particularidades de la industria pesquera islandesa.
La agricultura también genera resistencia. Productores locales temen que una eventual integración facilite el ingreso de alimentos europeos a precios más bajos y aumente la competencia sobre las explotaciones nacionales.
El euro aparece entre los argumentos económicos
Los defensores de la adhesión destacan, en cambio, los posibles beneficios de una mayor integración económica.
Uno de sus argumentos es la posibilidad de adoptar el euro, que reemplazaría a la corona islandesa. Sus partidarios sostienen que una moneda común podría contribuir a reducir la inflación y los costos financieros.
La inflación islandesa se sitúa alrededor del 5.2%, mientras que las tasas de interés del país se encuentran significativamente por encima de las del Banco Central Europeo.
Los defensores de la integración también consideran que pertenecer a la UE permitiría a Islandia tener mayor capacidad de participación en la elaboración de las políticas europeas y reforzar sus vínculos económicos y de seguridad con el continente.
Un referéndum que no decide la adhesión
Las encuestas muestran un escenario ajustado. Un sondeo de Gallup citado en el material sitúa en 46% tanto el apoyo como el rechazo a reabrir las negociaciones, mientras que un 8% permanece indeciso.
El resultado del 29 de agosto solo determinará si Islandia vuelve a sentarse a negociar con Bruselas. Si gana el sí, comenzaría un nuevo proceso centrado en los asuntos más sensibles para el país.
Incluso si las negociaciones concluyeran con un acuerdo, la incorporación definitiva a la Unión Europea tendría que someterse nuevamente a la decisión de los ciudadanos.
