- El avance hacia un modelo de finanzas abiertas podría requerir que las empresas revisen aspectos vinculados con protección de datos, ciberseguridad, gobierno de información y relaciones contractuales.
- Contar con un diagnóstico legal y regulatorio, así como con una hoja de ruta interna, puede contribuir a una transición ordenada y alineada con las futuras exigencias del marco aplicable.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó la Hoja de Ruta de Finanzas Abiertas, una iniciativa que busca avanzar hacia un sistema financiero centrado en el usuario, con mayor énfasis en el control, uso y gestión de su información financiera. No obstante, su puesta en marcha progresiva estará acompañada por el desarrollo de un marco legal y regulatorio que las empresas deberán considerar dentro de sus procesos internos de adecuación.
El marco legal y regulatorio previsto contempla 4 fases orientadas a priorizar la regulación de medidas vinculadas con la transferencia segura y consentida de información, estándares técnicos y de seguridad, mecanismos de interoperabilidad entre actores y la creación de un órgano de gobernanza.
“De acuerdo con referencias de la SBS sobre el nivel de preparación del sistema financiero, varias entidades aún tendrían espacio para fortalecer sus capacidades frente al desarrollo de las Finanzas Abiertas, por lo que el debate regulatorio viene poniendo énfasis en aspectos como ciberseguridad, privacidad, gobierno de datos y uso responsable de la información. Este proceso podría contemplar reglas sobre consentimiento explícito, establecer estándares comunes para interfaces de programación de aplicaciones (APIs, por sus siglas en inglés), así como mecanismos reforzados de autenticación y autorización, y eventuales esquemas de registro, licencia, certificación u otros mecanismos de habilitación, según lo que establezca el marco aplicable”, señala Astrid Mogollón, Gerente de EY Law.
La especialista indica que, de cara a este proceso, resulta importante que las organizaciones revisen sus procesos internos, identifiquen brechas legales y regulatorias, y evalúen el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas y de gestión de datos (incluyendo las relaciones con proveedores, aliados tecnológicos u otros terceros que participen en el tratamiento, transmisión o resguardo de información). Asimismo, destaca la importancia de prestar atención a los riesgos asociados al tratamiento, transferencia, conservación, trazabilidad y eventual disposición de datos.
“En este proceso, las empresas podrían beneficiarse de un diagnóstico legal y regulatorio de sus servicios; así como de una hoja de ruta interna que contribuya a gestionar sus obligaciones en materia de ciberseguridad, protección de datos, gobierno de información, continuidad operativa y relaciones contractuales. Asimismo, en lo relacionado con los principales componentes del Sistema de Finanzas Abiertas, será relevante revisar los criterios de debida diligencia y monitoreo aplicables a terceros, considerando su capacidad técnica, operativa, de seguridad, continuidad y gestión de incidentes; y tomar como referencia estándares y buenas prácticas internacionales de seguridad, según la naturaleza, escala y riesgos de cada organización. Establecer lineamientos de gobernanza, roles y responsabilidades internas; y evaluar los recursos, capacidades y mecanismos de seguimiento que podrían requerirse para operar bajo el nuevo marco”, agrega Mogollón.
En este nuevo escenario, la transición hacia las Finanzas Abiertas podría requerir ajustes en la forma en que las organizaciones gestionan la información, administran consentimientos, interactúan con terceros y se articulan con distintos actores dentro del sistema financiero. En ese contexto, una adecuada identificación de brechas, la planificación de una hoja de ruta interna y la coordinación entre áreas serán elementos relevantes para contribuir a una gestión ordenada de las futuras exigencias regulatorias.
