El abogado de Ositrán, Víctor García Toma, señaló que el conflicto con Cosco Shipping no se limita a tarifas de supervisión, sino al alcance del control estatal sobre servicios portuarios de uso público.
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) mantiene su posición para ejercer funciones de supervisión sobre el megapuerto de Chancay, administrado por COSCO SHIPPING Ports Limited. La controversia gira en torno a si el terminal, pese a tener titularidad privada, debe estar sujeto al marco regulatorio aplicable a infraestructura de uso público.
Víctor García Toma, abogado de Ositrán y expresidente del Tribunal Constitucional, sostuvo que el punto central del proceso no es únicamente la condición privada de la infraestructura, sino la naturaleza del servicio que prestará el puerto. Según explicó, el terminal atenderá actividades vinculadas al comercio exterior y al transporte marítimo, por lo que corresponde la participación del organismo regulador.
Titularidad privada no elimina control estatal, señala defensa de Ositrán
García Toma indicó que el marco peruano diferencia entre propiedad privada y servicios de uso público. En esa línea, afirmó que reconocer la inversión privada no implica eliminar las competencias de los organismos reguladores encargados de supervisar la calidad del servicio, proteger a los usuarios y garantizar condiciones adecuadas de operación.
El representante legal comparó la situación con otros terminales portuarios del país que, pese a contar con participación privada o extranjera, se encuentran bajo supervisión estatal. A su juicio, permitir que Chancay opere sin fiscalización generaría una excepción dentro del sistema portuario nacional.
Apelación cuestiona decisión judicial favorable a Cosco Shipping
El conflicto llegó al Poder Judicial luego de que una sentencia inicial respaldara la posición de Cosco Shipping, al considerar que la intervención de Ositrán podía afectar derechos vinculados a la propiedad y la libertad de empresa.
García Toma cuestionó dicha resolución y señaló que la apelación presentada busca defender el rol de los organismos reguladores dentro del modelo económico peruano. Según sostuvo, la presencia de estas entidades no representa una barrera para la inversión privada, sino un mecanismo para asegurar reglas claras y equilibrio entre empresas, Estado y usuarios.
Caso Chancay abre debate sobre inversión y regulación
Para el abogado, la discusión alrededor del megapuerto refleja un desafío mayor sobre cómo debe funcionar la relación entre inversión privada e institucionalidad pública en proyectos estratégicos.
Asimismo, afirmó que el desarrollo de infraestructura de gran escala requiere seguridad jurídica, pero también una supervisión efectiva que permita garantizar el interés público. En ese sentido, consideró que el resultado del proceso podría marcar un precedente para futuros proyectos de infraestructura en el país.
