Un análisis del IPE revela cómo las decisiones del Ejecutivo han influido en la estabilidad fiscal, la seguridad, el empleo y los servicios públicos en los últimos años.
Un nuevo análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) sobre las capacidades del Poder Ejecutivo advierte que, incluso sin mayoría en el Congreso, este mantiene herramientas clave para influir profundamente en la economía, la seguridad, la calidad de los servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía.
Presupuesto, deuda y gasto: el poder que define el rumbo fiscal
El Poder Ejecutivo define cómo se ejecuta y prioriza el presupuesto público y es responsable de la sostenibilidad fiscal. En los últimos años, se evidencia un deterioro en esta función: debilitamiento de los activos financieros, uso intensivo de recursos para gasto corriente y falta de acciones frente a normas con impacto fiscal. Decisiones como los millonarios aportes a Petroperú y subsidios a combustibles de alto costo y baja efectividad han incrementado los riesgos fiscales.
Seguridad en crisis: alta rotación y corto plazo
El Ejecutivo lidera las estrategias de seguridad, define las prioridades operativas de la Policía y puede declarar estados de emergencia. Sin embargo, la inestabilidad en el sector Interior ha debilitado la continuidad de estrategias y el uso frecuente de medidas de corto plazo han reducido la efectividad en la lucha contra el crimen. Además, el debilitamiento de los equipos de inteligencia ha afectado investigaciones clave.
Mercado laboral bajo presión
A través de decisiones como la fijación de la remuneración mínima vital, regulaciones sobre tercerización y cambios en la normativa sindical, el Ejecutivo influye directamente en el empleo. Estas políticas han generado incertidumbre, mayores costos laborales y riesgos para la competitividad, especialmente para micro y pequeñas empresas, incentivando la informalidad.
Política social sin sostenibilidad
El Ejecutivo diseña y ejecuta programas orientados a reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria. No obstante, en los últimos años se observa la ausencia de estrategias sostenidas y problemas de focalización en subsidios, junto con resultados limitados frente al aumento de la pobreza urbana y el déficit alimentario.
Salud y educación: brechas persistentes
Establece las prioridades en salud y educación, incluyendo infraestructura, contratación de personal y políticas de mejora. Pese al incremento del gasto, persisten brechas críticas: infraestructura educativa deteriorada, baja disponibilidad de médicos y resultados educativos deficientes. El aumento de remuneraciones docentes no se ha traducido en mejoras en los aprendizajes.
Un Estado inestable
La designación y remoción de autoridades es una de las principales herramientas del Ejecutivo. En los últimos años, la alta rotación de ministros y funcionarios en entidades clave como EsSalud, Petroperú y Sunat ha debilitado la continuidad de políticas, afectado la eficiencia institucional y generado riesgos de corrupción.
Inversión privada y trabas
El Ejecutivo diseña las condiciones para la inversión, impulsa proyectos y gestiona conflictos sociales. Sin embargo, persisten trabas administrativas, retrasos en evaluaciones ambientales y limitaciones institucionales que afectan proyectos de gran escala y reducen el dinamismo económico.
Menores ingresos fiscales
Define la política tributaria y lidera la recaudación a través de la Sunat. La alta rotación de autoridades ha debilitado la gestión tributaria, mientras que decisiones como exoneraciones o falta de observación a normas fiscales han reducido ingresos y presionado las cuentas públicas.
Respuesta a crisis
Tiene la capacidad de responder rápidamente mediante decretos de urgencia. Aunque se han utilizado estos mecanismos frente a desastres naturales, también se han evidenciado respuestas tardías o ineficientes en crisis sectoriales, como en el caso del sector agrario.
Servicios al ciudadano
Problemas en la gestión, como la crisis en la emisión de pasaportes, evidencian cómo decisiones administrativas pueden afectar directamente a los ciudadanos, generando costos y pérdida de eficiencia en servicios públicos.
Llamado a una gestión responsable
El Poder Ejecutivo tiene un rol central en el funcionamiento del Estado y en el bienestar de la población. Sus decisiones impactan múltiples dimensiones: estabilidad fiscal, seguridad, empleo, inversión y servicios públicos. La evidencia muestra que la calidad de la gestión, la estabilidad de los equipos y el enfoque técnico son determinantes para asegurar resultados sostenibles. Fortalecer estas capacidades es clave para el desarrollo del país.
