El Ejecutivo autorizó un nuevo respaldo financiero para Petroperú mediante un decreto de urgencia que contempla garantías y fideicomisos por hasta US$ 2.000 millones. La medida busca asegurar el abastecimiento nacional de combustibles ante el impacto del conflicto en Medio Oriente, el alza del crudo y la fragilidad financiera de la petrolera estatal.
El Gobierno peruano autorizó un rescate financiero de hasta US$ 2.000 millones para Petroperú mediante el Decreto de Urgencia N.° 003-2026, en respuesta a la crisis energética internacional, la falta de liquidez de la empresa estatal y el incremento de los precios internacionales del petróleo tras las tensiones en Medio Oriente.
La medida permitirá canalizar recursos a través de fideicomisos y mecanismos financieros destinados a garantizar la continuidad operativa de la petrolera y asegurar el abastecimiento de combustibles en el mercado peruano.
El decreto, firmado por el presidente José María Balcázar, reconoce que el cierre del Estrecho de Ormuz y la reducción de la oferta global de petróleo han incrementado los riesgos para países importadores como el Perú, cuya matriz energética depende mayoritariamente de hidrocarburos.
Gobierno advierte vulnerabilidad energética del Perú
El documento oficial señala que el 74% de la matriz energética nacional depende de hidrocarburos, por lo que cualquier interrupción en el suministro tendría consecuencias directas sobre el transporte, la industria, la producción y el consumo interno.
“No se cuenta con sustituto de los combustibles que se obtienen a partir de los hidrocarburos, de tal manera que afiancen la seguridad energética que demanda el país”, sostiene el decreto de urgencia.
En ese contexto, el Ejecutivo decidió flexibilizar las restricciones financieras para permitir que Petroperú acceda nuevamente a financiamiento respaldado por el Estado.
MINEM podrá asumir garantías por hasta US$ 2.000 millones
La norma autoriza al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a asumir compromisos contingentes por hasta US$ 2.000 millones destinados exclusivamente a financiar capital de trabajo, recomponer inventarios de combustibles y cubrir servicios necesarios para la operación de la empresa.
En la práctica, Petroperú podrá volver a endeudarse con entidades financieras mientras el Estado actúa como garante de dichas obligaciones.
Asimismo, el decreto habilita operaciones de corto plazo por hasta US$ 500 millones, recursos que deberán ser cubiertos posteriormente con la operación financiera principal.
El Gobierno precisó que estos compromisos no afectarán los fondos destinados a programas de electrificación rural.
ProInversión supervisará el uso de recursos
La operación financiera será estructurada bajo supervisión de ProInversión, entidad que tendrá la facultad exclusiva de autorizar el uso y disposición de los recursos.
Además, Petroperú podrá constituir un vehículo de propósito especial para canalizar los fondos y asegurar la continuidad de sus operaciones, siempre bajo monitoreo técnico de la agencia estatal.
El decreto fija un plazo de 10 días para aprobar el protocolo de canalización de recursos y 60 días para definir el esquema de administración financiera asociado al proceso de reorganización de la empresa.
Crisis internacional y presión sobre el mercado energético
La decisión del Ejecutivo ocurre en un contexto de fuerte volatilidad internacional derivada del conflicto en Medio Oriente y del riesgo de interrupciones en el Estrecho de Ormuz, zona por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.
La presión sobre los precios internacionales del crudo ha reactivado las alertas sobre inflación energética y seguridad de suministro en distintos países importadores.
La publicación del decreto también coincide con recientes cambios en la dirección de Petroperú, incluido el nombramiento de Edmundo Lizarzaburu como nuevo presidente del directorio, en medio del proceso de reorganización impulsado por el Gobierno.
