Germán Vega, vicedecano de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UDEP, advierte que las diferencias entre candidatos, la presión por aumentar el gasto público y una eventual transición desordenada podrían afectar la inversión, el empleo y la confianza.
¿Cuáles serían los principales determinantes del desempeño de la economía tras el cambio de gobierno?
Va a depender mucho de la orientación de los candidatos que pasen a la segunda vuelta. Ya tenemos definida a Keiko Fujimori, pero entre los otros candidatos hay bastante dispersión.
Antes incluso de que asuman las nuevas autoridades, hay un impacto inicial en los mercados financieros. Se observa la reacción de la bolsa de valores, del tipo de cambio y también la intervención del Banco Central.
Tenemos antecedentes claros: los escenarios de 2011, 2016 y 2021. Si se configura un escenario similar al de 2016, podríamos tener estabilidad en el tipo de cambio y una bolsa con perspectivas positivas. Sin embargo, si se repite un escenario como el de 2021, con alta incertidumbre política, los meses posteriores podrían ser bastante volátiles.
Lo que más me preocupa es un resultado muy ajustado, que no permita una transición ordenada. Cuando no hay tiempo suficiente para el traspaso de gestión, las nuevas autoridades asumen sin equipos consolidados ni claridad en los cargos clave, lo que genera incertidumbre adicional que afecta el desempeño económico.
¿Cómo evalúa el enfoque económico de los principales candidatos y cuáles son sus fortalezas y riesgos?
Sin duda es un tema amplio, pero tratando de resumir, diría que los candidatos como Keiko Fujimori y López Aliaga transmiten, al menos hacia el mercado, una idea de estabilidad macroeconómica. Se percibe una defensa del Banco Central, de la estabilidad monetaria y de la Constitución. En esa misma línea podría ubicarse también Nieto Montesinos.
Sin embargo, hay una preocupación importante a nivel macro. Estos partidos han tenido representación en el actual Congreso, y este se ha caracterizado por aprobar leyes que incrementan el gasto corriente. De acuerdo con el Consejo Fiscal, en los últimos años se han aprobado medidas que podrían elevar el gasto hasta en 36 mil millones de soles, lo cual es bastante significativo.
Para ponerlo en perspectiva, en 2023 se destinaron alrededor de 4 mil millones de soles para atender el Niño Costero. Es decir, este incremento del gasto equivale a varios eventos de ese tipo atendidos simultáneamente. Entonces, por un lado, el discurso es de estabilidad y disciplina fiscal, pero en la práctica legislativa no necesariamente se ha reflejado ese cuidado por las finanzas públicas.
En cuanto a las propuestas, el fujimorismo pone mayor énfasis en el orden y la seguridad, en aspectos del día a día. Renovación Popular plantea reducir el gasto del Estado para priorizar inversión en infraestructura, lo cual puede ser positivo. Otros enfoques incluyen reformas sociales orientadas a sectores de menores ingresos.
El caso de Roberto Sánchez es distinto, porque su plan de gobierno se aleja más de los otros. Por ejemplo, ha cuestionado la continuidad de Julio Velarde en el Banco Central, lo cual genera preocupación. Nos guste o no, el Banco Central ha permitido mantener estabilidad de precios y confianza en la moneda, incluso en contextos de crisis política.
También se ha planteado el uso de reservas internacionales para financiar proyectos, lo cual puede sonar atractivo, pero implica riesgos importantes, porque esas reservas funcionan como un seguro ante crisis. Prescindir de ese respaldo nos dejaría vulnerables.
Ahora, entiendo que hay una intención de señalar brechas del crecimiento económico que no han beneficiado a toda la población, lo cual es válido. Sin embargo, considero que las propuestas planteadas no son las más adecuadas para abordar ese problema.
¿Cómo podría variar la relación entre el Estado y el sector privado según el próximo gobierno?
A mí no me gustaría que se mantenga el enfoque actual, porque en la práctica no está funcionando adecuadamente. Tenemos una idea, a partir de la Constitución, de que el Estado debe apoyar al sector privado, pero lo que vemos es distinto. El Estado termina siendo muy pequeño en áreas donde debería ser fuerte, como en la seguridad ciudadana, donde no logra resolver problemas clave.
Al mismo tiempo, es muy grande en aspectos donde debería ser más eficiente, como en la tramitología. Por ejemplo, en muchas municipalidades se siguen pidiendo múltiples requisitos y documentos para otorgar licencias, lo que termina frenando la actividad empresarial.
Entonces, en la práctica, no tenemos un Estado que apoye al sector privado. Más bien, tenemos un Estado desbalanceado: débil donde debería ser fuerte y excesivo donde debería ser ágil.
No considero que la solución sea volver a un Estado empresario, como podría plantearse desde algunos sectores de izquierda, pero tampoco eliminar o reducir al Estado al mínimo, como a veces se propone desde la derecha. En realidad, ya estamos sufriendo por la falta de Estado en temas como seguridad o control de actividades como la minería informal e ilegal.
Lo ideal sería que cualquier gobierno logre implementar correctamente el rol que ya establece la Constitución: un Estado que brinde reglas claras, fortalezca las instituciones y sirva de soporte al sector privado. Ese es el equilibrio que hemos ido perdiendo en los últimos años.
¿Qué impacto tendrían estos enfoques en el empleo y el mercado laboral?
En el mercado laboral la variable clave es la inversión privada. La inversión pública puede ayudar en el corto plazo con algunos proyectos que generan empleo temporal, pero si hablamos de empleo sostenido, formal y de calidad, necesitamos inversión privada.
Esto aplica tanto a grandes proyectos como a pequeñas decisiones empresariales. Si no hay condiciones de seguridad y confianza, una gran empresa no invierte, pero tampoco lo hace un pequeño negocio. Si un emprendedor no se siente seguro para ampliar su local, comprar un nuevo equipo o contratar más personal, simplemente no lo hace.
Por eso, cualquier enfoque económico que afecte la confianza o genere incertidumbre termina impactando directamente en el empleo. Si queremos impulsar la generación de empleo formal, necesitamos crear condiciones para que la inversión privada crezca, tanto a gran escala como desde el microempresario.
¿Cómo podría cambiar la percepción de los inversionistas internacionales?
La percepción de los inversionistas está muy ligada a la estabilidad institucional y al respeto de las reglas. Un gobierno que no respete la propiedad privada o que plantee revisar concesiones ya otorgadas genera desconfianza inmediata.
La segunda vuelta suele ser más polarizada, y en ese contexto hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se envían. Propuestas que cuestionan las reglas de juego pueden ahuyentar inversiones nuevas.
Y esto no es solo un tema empresarial. Si se reduce la inversión privada, se afecta directamente el empleo, y el empleo es la principal fuente de ingresos para las familias. Por eso, cualquier señal que afecte la confianza termina teniendo un impacto social.
¿El próximo gobierno tendrá margen real para impulsar reformas o estará limitado por el contexto político y económico?
Yo veo dos grandes limitaciones. La primera es política. El próximo presidente o presidenta no llegará con un respaldo amplio en primera vuelta; probablemente tendrá menos del 20% de los votos válidos. Eso implica una legitimidad limitada para impulsar reformas profundas.
Además, en el Congreso tampoco se proyecta una mayoría clara para ningún partido, lo que obligará a construir consensos. Esto puede dificultar la implementación de reformas rápidas o estructurales, pero al mismo tiempo abre la posibilidad de que las decisiones sean más dialogadas. Claro, eso depende de que los actores políticos realmente estén dispuestos a llegar a acuerdos que beneficien al país y no solo a sus propios intereses.
La segunda limitación es económica. En los últimos años ha aumentado significativamente el gasto corriente, lo que reduce el espacio fiscal. Al mismo tiempo, el país tiene importantes brechas en infraestructura: colegios en mal estado, postas médicas deficientes, entre otros.
Si se quiere invertir en estos sectores, será necesario reasignar recursos o hacer ajustes fiscales, lo cual no es sencillo en el contexto actual.
En un escenario ideal, el gobierno entrante debería sentarse a dialogar con el Congreso para acordar medidas que permitan ordenar las finanzas públicas y priorizar inversiones clave. Sin embargo, tanto el factor político como el económico serán frenos importantes para impulsar los cambios que el país necesita.
¿Qué errores económicos no debería repetir el próximo gobierno?
Un error claro sería repetir lo ocurrido en 2021: una transición desordenada, con alta polarización y anuncios que respondían más a expectativas políticas que a posibilidades reales.
El nuevo gobierno debe ser consciente de sus limitaciones, tanto políticas como institucionales. En los primeros meses, los equipos aún están en proceso de aprendizaje. Se dice que un ministro puede tardar varios meses en entender completamente su sector, y eso es una realidad.
Por eso, en lugar de anunciar múltiples reformas desde el inicio, sería más efectivo enfocarse en tres o cuatro medidas concretas y viables en los primeros cien días. Mientras tanto, los equipos pueden estructurar reformas más profundas para una segunda etapa.
Cuando se intenta hacer demasiado desde el inicio, generalmente no se logra avanzar de manera efectiva.
A mediano plazo, ¿qué escenario permitiría sostener un crecimiento económico estable?
Es fundamental respetar ciertos principios básicos. Primero, la independencia del Banco Central, que garantiza estabilidad de precios. Segundo, mantener un tipo de cambio sin fluctuaciones bruscas. Y tercero, respetar la inversión privada.
Estos son mínimos indispensables. Han sido los factores que han permitido que la economía peruana mantenga estabilidad incluso en contextos de crisis política.
A partir de ahí, es importante evitar enfoques confrontacionales. No se trata de imponer agendas, sino de construir consensos. En el pasado hemos perdido oportunidades por falta de coordinación política, como ocurrió en 2016.
Si se logra mantener estos principios y construir acuerdos, se pueden generar condiciones para un crecimiento sostenido y predecible.
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