Informe de la Cámara de Comercio de Piura advierte impacto en exportaciones, recaudación y conflictos sociales ante el avance sostenido de operaciones fuera del marco legal.
La minería ilegal se ha consolidado como la principal fuente de producción aurífera en la región Piura, concentrando más del 90% del total, según un informe de la Cámara de Comercio y Producción de Piura. El estudio alerta que esta actividad ha desplazado casi por completo a la minería formal en diversas zonas, configurando un mercado paralelo de gran escala con efectos directos sobre la economía regional.
El fenómeno se concentra en provincias como Tambogrande y Ayabaca, donde la expansión de operaciones ilegales ha intensificado los conflictos sociales y limitado el desarrollo de proyectos formales. La limitada presencia del Estado y la desconfianza de las comunidades han facilitado el avance sostenido de esta actividad.
Impacto en exportaciones y economía regional
Uno de los efectos más visibles es la caída de las exportaciones formales de oro. En agosto de 2025, los envíos registraron una contracción interanual del 62%, tendencia que también se replicó en el acumulado entre enero y agosto. Este retroceso refleja cómo la producción ilegal reduce la participación del país en mercados formales y debilita la generación de divisas.
Asimismo, la expansión de esta actividad afecta la recaudación tributaria, al operar fuera del sistema fiscal, lo que limita los recursos disponibles para inversión pública y desarrollo regional.
Efectos ambientales y sociales
El avance de la minería ilegal también genera impactos ambientales significativos. La extracción sin control deteriora suelos, contamina fuentes de agua y afecta actividades económicas tradicionales como la agricultura, que dependen de condiciones ambientales estables.
A ello se suma el incremento de tensiones sociales en las zonas de influencia, donde la ausencia de regulación y control estatal agrava la conflictividad y debilita la gobernanza territorial.
Riesgos estructurales para el desarrollo
El informe advierte que la persistencia de la minería ilegal responde a fallas estructurales, entre ellas la débil fiscalización y la falta de políticas efectivas para promover la formalización. En un contexto político complejo, especialistas coinciden en que, sin medidas concretas, esta problemática podría profundizarse y consolidarse como uno de los principales riesgos para el desarrollo sostenible del sector extractivo en el Perú.
