La empresa que opera el transporte del gas de Camisea acumuló más de US$2.200 millones en ganancias entre 2015 y 2024, mientras se reabre el debate sobre la infraestructura energética y la seguridad del suministro tras la reciente ruptura del ducto.
La empresa Transportadora de Gas del Perú acumuló US$2.224 millones en utilidades entre 2015 y 2024, periodo en el que sus ingresos totales alcanzaron US$6.887 millones, según un informe periodístico publicado por OjoPúblico.
El reporte se conoce en medio del debate generado tras la reciente ruptura en el ducto del proyecto Camisea, incidente que reactivó cuestionamientos sobre la seguridad energética y el impacto del sistema en las comunidades de la Amazonía del Cusco.
Más del 90% del gas natural que se consume en el país proviene de Camisea y es transportado por la red de ductos operada por TGP.
Crecimiento de utilidades en diez años
Durante la última década, las ganancias de la empresa registraron un incremento significativo. En 2015 las utilidades ascendían a US$108 millones, mientras que en 2024 llegaron a US$269 millones, lo que representa un crecimiento superior al 140%.
Pese a estos resultados financieros, el debate público se ha centrado en la ausencia de inversiones en infraestructura de respaldo que permitan mantener el suministro ante eventuales fallas en el sistema.
El proyecto de ducto alternativo que no se concretó
En 2010, durante el gobierno de Alan García Pérez, el Estado firmó una adenda al contrato con TGP para la construcción del llamado “Loop de la Selva”, un ducto paralelo de aproximadamente 150 kilómetros que partiría desde la planta de Malvinas.
El proyecto contemplaba una inversión estimada de US$600 millones, equivalente a alrededor del 27% de las utilidades generadas por la empresa en la última década.
Sin embargo, la iniciativa no se ejecutó debido a que no obtuvo la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, por lo que el sistema actual continuó operando sin una infraestructura paralela de respaldo.
Reparaciones tras la ruptura del ducto
La ruptura ocurrida el 1 de marzo generó problemas en el abastecimiento de gas natural y obligó a desplegar una operación logística para reparar la infraestructura.
Según informó TGP a OjoPúblico, la Fuerza Aérea del Perú participó en las labores de transporte de materiales y equipos mediante helicópteros. Hasta el 12 de marzo, el Gobierno había contabilizado 12 vuelos destinados al traslado de ductos de reemplazo y materiales críticos.
Inversión en mantenimiento del sistema
La empresa señaló que durante sus 20 años de operación ha invertido más de US$2.500 millones en mantenimiento del sistema de transporte de gas.
El día del accidente, trabajadores del Consorcio Mantenimiento Gasoductos del Perú realizaban labores de Risk Based Inspection (RBI) en el kilómetro 43 del ducto, un tipo de mantenimiento preventivo que se ejecuta cada cinco años.
Este consorcio fue constituido en 2020 por la empresa italiana SICIM y la firma neerlandesa Stork, actualmente denominada Magnex.
Un mercado considerado monopolio natural
De acuerdo con un análisis de la clasificadora de riesgo Apoyo & Asociados, el sistema de transporte de gas operado por TGP ya era considerado en 2014 como un negocio de ingresos estables y predecibles, debido a sus contratos con clientes solventes y a la baja volatilidad de sus costos operativos.
Uno de los factores que explican la ausencia de nuevos competidores es el alto costo de inversión, que para ese momento se estimaba en alrededor de US$5.000 millones para desarrollar una infraestructura similar.
Este contexto consolidó a la empresa como un monopolio natural dentro del sistema de transporte de gas en el país.
Debate sobre seguridad energética
Tras la reciente crisis energética, el Ejecutivo anunció que impulsará la construcción de una planta regasificadora que funcione como reserva de gas ante eventuales interrupciones del sistema.
El ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro Lombardi, señaló que el objetivo es adjudicar el proyecto antes de que finalice el actual gobierno.
No obstante, especialistas como el ingeniero en hidrocarburos Ricardo Bisso Fernández advierten que el país necesita una estrategia integral para garantizar la seguridad energética, con un rol más activo del Estado en la planificación del sistema.
