Leonie Roca, presidenta de AFIN, plantea revisar el rol de los organismos reguladores de servicios públicos en el Perú, ante el aumento de sanciones y recomendaciones de la OCDE para fortalecer su enfoque en regulación económica y mejorar su institucionalidad.
Hacia finales de los años noventa, el Perú tomó una decisión institucional clave: crear organismos reguladores de servicios públicos autónomos, concebidos como árbitros neutrales entre tres grupos que suelen entrar en conflicto en estas industrias: el Estado, los inversionistas privados y los usuarios. Fue una apuesta institucional relevante para sostener el desarrollo de infraestructura y atraer inversión privada.
Sin embargo, más de treinta años después, el contexto ha cambiado y los resultados recientes invitan a una revisión. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha emitido evaluaciones periódicas sobre el desempeño de los reguladores peruanos, con recomendaciones que apuntan a fortalecer su rol y mejorar su funcionamiento.
Observaciones que exceden su ámbito sectorial
De acuerdo con el Informe de Competitividad 2024-2025 del Consejo Privado de Competitividad, una parte importante de las observaciones que realizan los reguladores a los contratos de concesión no está directamente vinculada a temas sectoriales.
Según el reporte, en el caso de Ositrán apenas el 24% de sus observaciones corresponde a aspectos propios del sector que regula. En Osinergmin la proporción alcanza el 41%, mientras que en Osiptel llega al 50%. El resto —alrededor del 69% del total— se concentra en observaciones de carácter general que ya son revisadas por otras entidades del Estado.
Esta situación sugiere que los reguladores estarían destinando recursos a tareas que no necesariamente corresponden a su función central, lo que podría diluir su capacidad de enfocarse en aspectos técnicos propios de cada sector.
El incremento de las multas en telecomunicaciones
El caso del regulador de telecomunicaciones ilustra otro fenómeno que ha generado debate: el incremento significativo de las sanciones económicas.
Entre 2011 y 2019, las multas impuestas a las empresas de telecomunicaciones promediaban S/ 16 millones anuales. En la actualidad, esa cifra ha escalado hasta alcanzar alrededor de S/ 233 millones al año.
La interrogante de fondo es si este aumento responde a un deterioro en el cumplimiento por parte de las empresas —algo difícil de sostener en un sector donde la cobertura y la calidad del servicio han mejorado de forma significativa— o si está relacionado con una mayor acumulación de obligaciones normativas cuyo incumplimiento deriva en sanciones casi automáticas.
Recomendaciones de la OCDE
Los especialistas coinciden en que el enfoque regulatorio debe centrarse en la regulación económica y en el rol de árbitro entre el Estado, las empresas y los usuarios.
Entre las recomendaciones planteadas por la OCDE se encuentra mejorar el entendimiento del rol institucional de los reguladores, evaluar los riesgos de incumplimiento y priorizar el objetivo final de las sanciones: corregir conductas que generan externalidades negativas, en lugar de sancionar de manera automática.
Asimismo, se sugiere revisar los mecanismos de apelación de sanciones, ya que en algunos casos la instancia revisora administrativa se encuentra dentro de la misma estructura institucional que impone la sanción, lo que limita la independencia del proceso.
Reformas institucionales pendientes
Las propuestas de mejora apuntan también al fortalecimiento de la gobernanza de los reguladores. Entre ellas, mejorar los procesos de selección de los miembros de los consejos directivos, protegerlos frente a remociones arbitrarias y garantizar su independencia presupuestal.
También se plantea separar con mayor claridad las funciones de investigación y sanción, así como establecer agendas regulatorias tempranas y consensuadas. A ello se suma la necesidad de aplicar evaluaciones regulatorias rigurosas tanto antes de emitir nuevas normas como después de su implementación.
El principio que debería guiar la regulación es que esta sea el último recurso, sustentada siempre en un análisis claro de costos y beneficios para los mercados.
Un balance a tres décadas de su creación
Los organismos reguladores han cumplido un rol relevante al ofrecer un marco institucional que permitió atraer inversión privada en infraestructura de servicios públicos en el Perú.
No obstante, tres décadas después de su creación, el debate apunta a introducir ajustes que fortalezcan su desempeño. El objetivo no sería debilitar estas instituciones, sino asegurar que concentren sus esfuerzos en su función esencial: regular con criterios técnicos, promover eficiencia en los mercados y contribuir al desarrollo de infraestructura que requiere el país.
