OEFA consolida fiscalización ambiental preventiva y basada en tecnología para el 2026

En entrevista a Revista Economía, Ítalo Díaz Horna, presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), detalla cómo la entidad ha evolucionado hacia un modelo preventivo, territorial y basado en riesgos, con nuevas competencias multisectoriales, inversiones por más de S/ 391 millones y una programación intensiva de supervisiones a nivel nacional.

El OEFA fue creado en 2008 como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente. A más de 15 años de su creación, ¿cómo ha cambiado su rol dentro del sistema de fiscalización ambiental del país y cuáles considera que han sido sus principales hitos?

Desde su creación en 2008 como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, el OEFA ha experimentado una evolución significativa en su rol dentro del sistema de fiscalización ambiental del país. En sus primeros años, su labor estuvo principalmente orientada a la supervisión y sanción de actividades bajo su competencia; sin embargo, con el tiempo ha fortalecido su posición como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa), liderando, articulando y supervisando el desempeño de las entidades de fiscalización ambiental de los tres niveles de gobierno.

Uno de los principales hitos ha sido la asunción progresiva de funciones de fiscalización en sectores estratégicos para el desarrollo nacional, como minería (mediana y gran minería), energía (hidrocarburos y electricidad), pesquería, industria, residuos sólidos, consultoras ambientales, educación, justicia, cultura, vivienda y construcción; quedando aún pendiente la transferencia de los sectores de saneamiento, salud, defensa, transporte y comunicaciones. Este proceso ha consolidado al OEFA como una autoridad con presencia multisectorial y con capacidad técnica para abordar problemáticas ambientales complejas.

Asimismo, se ha fortalecido el macroproceso de fiscalización ambiental a través del desarrollo y mejora de sus funciones evaluadora, supervisora, fiscalizadora y sancionadora, así como de su función normativa y de supervisión sobre las entidades de fiscalización ambiental en su calidad de ente rector. En el ámbito de la función evaluadora, un hito relevante ha sido la modificación del Reglamento de Evaluación Ambiental en el 2025, que incorporó la figura de la evaluación ambiental integral. Este instrumento permite realizar intervenciones periódicas, individuales o conjuntas, para diagnosticar el estado de la calidad ambiental y los riesgos en unidades territoriales de fiscalización ambiental, consolidando el enfoque territorial como eje para una intervención más estratégica y articulada.

En paralelo, la función supervisora ha evolucionado significativamente, alineándose con estándares y recomendaciones internacionales como las promovidas por la OCDE. Se han incorporado principios rectores como la orientación a riesgos, que prioriza la intervención según el potencial impacto ambiental y su probabilidad de ocurrencia; la promoción del cumplimiento, que busca corregir conductas antes de escalar a una sanción; y la regulación responsiva, que adapta la respuesta del Estado según la gravedad del incumplimiento y el desempeño del administrado. Este cambio ha permitido transitar hacia una fiscalización más preventiva, persuasiva y basada en evidencia, sin dejar de ejercer la potestad sancionadora cuando corresponde.

En conjunto, estos hitos reflejan la consolidación del OEFA como una autoridad técnica moderna, con mayor capacidad normativa, operativa y estratégica, que ha pasado de un modelo predominantemente reactivo a uno preventivo, territorial y basado en riesgos. Así, su rol dentro del sistema de fiscalización ambiental no solo se ha ampliado en términos de competencias, sino que se ha sofisticado en cuanto a herramientas, enfoque y articulación institucional, fortaleciendo la protección ambiental en el país.

En los últimos años, el OEFA ha asumido progresivamente funciones de fiscalización ambiental de distintos sectores. ¿En qué punto se encuentra hoy ese proceso y qué impacto ha tenido en la capacidad operativa del organismo?

El proceso de transferencia progresiva de funciones de fiscalización ambiental de distintos sectores al OEFA se encuentra actualmente en una etapa de consolidación, que ha permitido estandarizar criterios técnicos, optimizar recursos y fortalecer la capacidad operativa del OEFA, aunque también ha implicado importantes desafíos en términos de cobertura territorial, ya que tenemos presencia en todos los departamentos del país con más de 30 oficinas.

Al respecto, en los últimos años hemos asumido nuevas competencias de fiscalización ambiental desde los sectores Educación, Justicia, Cultura, Vivienda y Construcción, siendo competentes para la fiscalización ambiental del sector Educación desde el 02 de septiembre del 2024, del sector Justicia desde el 17 de marzo del 2025, del sector Cultura desde el 18 de junio de 2025 y del sector Vivienda y Construcción desde el 02 de febrero de 2026, lo que ha representado un gran desafío para la entidad debido al gran número de unidades fiscalizables que contemplan estos sectores y que en gran medida los administrados de los sectores Educación, Justicia y Cultura son entidades públicas que brindan servicios indispensables para la sociedad, los cuales priorizan en gran parte esfuerzos y recursos a la prestación de los mismos, descuidando sus obligaciones ambientales que en algunos casos estos representan riesgos de afectación al ambiente y la salud.

¿Cuáles son actualmente los ejes centrales del trabajo del OEFA y en qué sectores se concentra la mayor parte de sus acciones de evaluación y fiscalización?

Los ejes centrales del trabajo del OEFA se orientan a la evaluación ambiental, la supervisión del cumplimiento de obligaciones ambientales, la fiscalización y sanción cuando corresponde, así como la promoción del cumplimiento normativo. La mayor concentración de acciones se da en sectores con mayor nivel de riesgo ambiental, como minería, hidrocarburos, energía, industria y actividades productivas que pueden generar impactos significativos sobre el ambiente y la salud de las personas.

Además, desde el 2024 la entidad viene implementando el enfoque territorial, que busca fortalecer la descentralización institucional, iniciando con la delegación de funciones a sus oficinas regionales.

Para el 2026, el OEFA ha anunciado una programación intensa de supervisiones a nivel nacional. ¿Qué prioridades se han definido para este año y qué objetivos concretos buscan alcanzar?

Para el 2026, el OEFA ha definido una programación intensiva de supervisiones a nivel nacional, priorizando territorios y actividades con mayor presión ambiental y zonas sensibles o con antecedentes de conflictividad socioambiental. Los objetivos son prevenir daños ambientales, asegurar el cumplimiento oportuno de obligaciones, mejorar la respuesta ante emergencias y generar información técnica confiable para la toma de decisiones.

En ese sentido, las direcciones de supervisión han programado sus acciones, priorizando la atención de:

Energía y Minas

En el subsector de minería, se supervisarán unidades críticas desde el punto de vista ambiental y socioambiental, vinculadas a problemáticas abordadas en mesas de trabajo, espacios de diálogo, denuncias y emergencias, así como el cumplimiento de medidas administrativas dictadas por la entidad.

Asimismo, en el subsector de hidrocarburos, se priorizará la supervisión de emergencias por derrames en unidades críticas de la Amazonía y la costa peruana, además de la verificación de obligaciones y medidas administrativas.

Finalmente, en el caso del subsector electricidad, se realizarán supervisiones regulares y especiales para verificar el cumplimiento de obligaciones ambientales.

Infraestructura y servicios

En el sector residuos sólidos, durante el primer semestre de 2026 se ejecutarán al menos 55 acciones de supervisión en el departamento de Lima, orientadas a verificar que las infraestructuras y áreas degradadas (botaderos) cumplan sus obligaciones ambientales, como esparcido, nivelación, compactación y cobertura diaria de residuos, manejo de lixiviados y ejecución de monitoreos ambientales, reduciendo así riesgos ambientales y sanitarios.

En los sectores Educación, Justicia y Cultura, cuyas competencias fueron asumidas por el OEFA entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, se ha establecido un enfoque reactivo y preventivo.

El enfoque reactivo prioriza supervisiones ante problemas ambientales existentes que generan o podrían generar afectación al ambiente y la salud, identificados por denuncias, conflictos o medios de comunicación.

El enfoque preventivo prioriza unidades que, por sus actividades, residuos generados o ubicación territorial, representen riesgos ambientales o sociales.

En ambos casos, se implementan estrategias de promoción del cumplimiento para atender problemas existentes y prevenir nuevos impactos.

Actividades productivas

Se ha aplicado un conjunto de criterios técnicos y estratégicos que permiten focalizar los esfuerzos de fiscalización donde resulten más necesarios y efectivos, bajo un enfoque territorial.

Entre los principales criterios se priorizan las Unidades Fiscalizables (UF) que cuentan con Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) de impacto significativo, como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), a fin de disponer de información relevante y actualizada que facilite una supervisión eficaz.

Asimismo, se programan acciones de supervisión sobre aquellas UF vinculadas a conflictos o problemáticas socio ambientales, identificadas en reportes oficiales o a solicitud de otras instituciones, con el propósito de realizar un seguimiento preventivo y oportuno. También se priorizan las UF con escaso o nulo historial de supervisiones, buscando fortalecer las acciones de supervisión e incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones ambientales.

De igual manera, se considera:

  • La extensión del área de la UF, para focalizar intervenciones en zonas de alta producción industrial y/o agrícola.
  • La verificación pendiente de compromisos de cumplimiento y medidas administrativas.
  • El seguimiento de medidas correctivas dictadas por DFAI.
  • La intervención en cuencas hidrográficas priorizadas por su criticidad ambiental, como Mantaro, Moche, Piura, Quilca-Vítor-Chili y Rímac.
  • Control y mitigación de emisiones odoríferas (malos olores) proveniente de la industria pesquera en la ciudad de Chimbote.

Con estos criterios, se busca intensificar la supervisión y optimizar recursos, generando un impacto real en la protección ambiental y en la gestión de conflictos socioambientales a nivel nacional.

La fiscalización ambiental suele percibirse solo desde el enfoque sancionador. ¿Cómo trabaja el OEFA el componente preventivo y de acompañamiento para mejorar el cumplimiento ambiental de las empresas?

El OEFA viene fortaleciendo de manera sostenida su enfoque preventivo y de acompañamiento. A través de acciones de orientación, asistencia técnica, supervisiones preventivas y mecanismos de corrección temprana, se busca que las empresas identifiquen y subsanen incumplimientos antes de que se generen impactos ambientales. Este enfoque promueve una cultura de cumplimiento y responsabilidad ambiental, reduciendo riesgos y costos tanto para el Estado como para los administrados.

Al respecto, destaca la aprobación del Reglamento de Supervisión del OEFA mediante Resolución de Consejo Directivo N° 00019-2025-OEFA/CD, el cual se enmarca en un enfoque de cumplimiento normativo, prevención y gestión del riesgo. Esta norma prevé que la autoridad de supervisión puede realizar supervisiones orientativas en determinados supuestos, en los cuales no se propondrá el inicio del procedimiento administrativo sancionador, sino que se recomendarán mejoras en casos de riesgos leves y se emitirán alertas en casos de riesgo moderado.

El Reglamento prevé también que, en caso de detectar un incumplimiento, si el administrado acredita la subsanación voluntaria del mismo antes de la notificación del cargo imputado, la autoridad de supervisión puede disponer el archivo del expediente de supervisión. Lo mismo ocurrirá si el administrado, antes de la notificación del cargo imputado, acredite haber corregido su conducta, mitigado o revertido los efectos y adoptado acciones eficaces orientadas a evitar el volver a incurrir en el mismo incumplimiento.

Por otro lado, el Reglamento prevé que la Autoridad de Supervisión suscriba un Compromiso de Cumplimiento con el administrado, a pedido de este último, previamente al dictado de una medida administrativa posterior a una acción de supervisión in situ. En el acta de compromiso debe constar el compromiso del administrado, así como el plazo y la forma para su cumplimiento. Si el administrado cumple con lo señalado en el acta, no se dictará la medida administrativa ni se recomendará inicio de procedimiento administrativo sancionador por el hecho que motivó la suscripción de dicha acta.

Adicionalmente a ello, la estrategia preventiva del OEFA incluye la difusión de información ambiental de forma libre y gratuita a través del Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA) y el diseño de aplicativos móviles para obtener información relevante para la fiscalización ambiental por parte de la ciudadanía, tales como el Estimador de Riesgos Ambientales en Emergencias (ERA) y Reporta Residuos (RR).

También se realizan actividades para fortalecer el conocimiento de los administrados sobre sus obligaciones ambientales y así prevenir incumplimientos que puedan generar impactos negativos al ambiente. Esta actividad se realiza a través de la Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental (SFOR), la cual en el 2025 realizó 74 jornadas académicas y talleres en los cuales participaron 1,531 administrados en 24 regiones del país.

Finalmente, el OEFA, a través de la SFOR, efectúa intercambios técnicos de pares entre expertos nacionales e internacionales, los cuales permiten analizar casos relacionados con las competencias del OEFA y recibir aportes técnicos y científicos para mejorar el desempeño de los servidores a cargo de la fiscalización ambiental. En el período 2018-2025 se realizaron 32 intercambios técnicos en los que se analizaron 79 casos con expertos de 7 países, beneficiando a 1,933 especialistas del OEFA.

En términos de inversión y presupuesto, ¿qué recursos se están destinando a fortalecer la fiscalización ambiental y en qué áreas se están enfocando esos esfuerzos, como tecnología, personal o cobertura territorial?

OPP

En términos de inversión, el OEFA ejecuta 10 proyectos orientados a fortalecer la fiscalización ambiental, con un costo total actualizado de S/ 391 812 158. A la fecha, registra una ejecución financiera de S/ 122 706 975, equivalente al 31,3 % de avance. Estas inversiones comprenden la implementación de estaciones de calidad del aire y del agua, un laboratorio especializado, así como la adquisición de 453 equipos de monitoreo, 309 equipos adicionales y 14 camionetas para fortalecer las acciones de supervisión en campo.

¿Qué herramientas tecnológicas o innovaciones ha incorporado el OEFA en los últimos años para mejorar la detección temprana de impactos ambientales y la toma de decisiones?

En los últimos años, el OEFA ha incorporado diversas herramientas tecnológicas e innovaciones, como el uso de drones para la supervisión remota, estaciones de monitoreo ambiental automático, imágenes satelitales, sistemas de información geográfica y plataformas digitales para el análisis de datos ambientales. Estas herramientas permiten mejorar la detección temprana de impactos, optimizar la planificación de las supervisiones y fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia técnica.

Al respecto, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha incorporado herramientas tecnológicas innovadoras orientadas a fortalecer la fiscalización ambiental basada en evidencia, optimizar la detección temprana de riesgos e impactos ambientales y mejorar la capacidad de respuesta institucional. Estas innovaciones integran tecnologías geoespaciales, automatización de alertas, análisis de datos, interoperabilidad y participación ciudadana. A continuación, se detallan las principales:

  • Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA)

El OEFA implementó el Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA) como una plataforma digital de acceso libre que centraliza y pone a disposición información ambiental y territorial sobre las acciones de fiscalización que realiza el OEFA a nivel nacional. El PIFA integra, entre sus principales productos:

  • Intervenciones y unidades territoriales, consulta, analiza y descarga reportes sobre las acciones del OEFA y unidades territoriales por ámbitos de interés.
  • Infraestructura de Datos Espaciales, que permite acceder a servicios interoperables y sus metadatos.
  • Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados (RUIAS), se publica la información de administrados que han sido sancionados por infracciones a la normativa ambiental.
  • Gestión socioambiental, con información sobre conflictos ambientales y su seguimiento.
  • Visualización geoespacial de las acciones de supervisión y fiscalización mediante mapas interactivos.
  • OEFA en Cifras, consulta de indicadores institucionales.

Esta plataforma no solo fortalece la transparencia y el acceso a la información pública, sino que mejora la trazabilidad de las intervenciones, facilita el análisis ambiental y territorial de riesgos y respalda la toma de decisiones basada en información sistematizada, georreferenciada y actualizada.

  • Sistema de Alerta de Riesgos Ambientales (SANDRA)

SANDRA es un sistema integral de uso interno en el OEFA, que permite el análisis de riesgos ambientales mediante el procesamiento de información geoespacial, imágenes satelitales multitemporales y datos técnicos especializados, con el objeto de identificar, analizar, evaluar y monitorear escenarios de riesgo asociados a depósitos de relaves, incendios, sismos y otros peligros ambientales. Entre sus principales funcionalidades destacan:

  • Seguimiento a depósito de relaves en la actividad minera, herramienta que alerta sobre posibles riesgos ambientales a causa de condiciones hidrometeorológicas que impactan directamente en los depósitos de relaves de la actividad minera. Permite el análisis de riesgos ambientales en 107 depósitos de relaves mineros de 57 unidades fiscalizables correspondientes a 46 administrados a nivel nacional.
  • Peligro en unidades fiscalizables por actividad sísmica, herramienta automatizada para el análisis de la actividad sísmica, a partir de la recepción de datos generados por el IGP, que permite el análisis de niveles de intensidad sísmica en unidades fiscalizables y componentes de las actividades mediante el uso de algoritmos espaciales.
  • Detección de áreas quemadas en unidades fiscalizables de caña de azúcar, herramienta que permite la identificación, análisis y monitoreo de áreas quemadas no autorizadas, asociadas a prácticas de cosecha en verde, mediante el procesamiento de información geoespacial y satelital. Este análisis permitirá generar alertas de riesgo ambiental por la ocurrencia y recurrencia de quemas no autorizadas dentro del ámbito de las unidades fiscalizables, contribuyendo a la identificación de presuntos incumplimientos de la normativa ambiental y a la priorización de las acciones de supervisión ambiental del OEFA.
  • Gestión Efectiva de Monitoreo Ambiental (GEMA)

Es un sistema orientado a monitorear y verificar el cumplimiento de las obligaciones de monitoreo ambiental en el Perú. A través de GEMA se sistematiza, analiza y evalúa la información de monitoreo ambiental reportada mediante el módulo IMA por los administrados, así como aquella generada en las acciones de evaluación y supervisión ambiental realizadas por el OEFA.

El Módulo de Registro de Informes de Monitoreo Ambiental (Módulo IMA), implementado por la Resolución de Consejo Directivo N.° 028-2021-OEFA/CD, se ha consolidado como la plataforma única para la presentación de informes de monitoreo ambiental por parte de los titulares de actividades fiscalizables. Hasta la fecha, 3,997 titulares han sido habilitados para el registro en el módulo IMA.

El OEFA mantiene un compromiso constante con el soporte y la capacitación técnica. Se han realizado 2,328 capacitaciones y/o asistencias técnicas en total, con el fin de asegurar que se familiaricen y utilicen el Módulo sin inconvenientes. Asimismo, el Módulo IMA cuenta con una interfaz renovada, diseñada para optimizar el proceso de registro, señalar posibles omisiones y mejorar la experiencia general del usuario.

Este sistema permite:

  • Centralizar grandes volúmenes de datos ambientales (agua, aire, suelo, entre otros).
  • Identificar presuntas excedencias a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP).
  • Generar alertas automáticas ante posibles incumplimientos.
  • Facilitar el análisis comparativo y territorial de resultados.

De esta manera, GEMA fortalece la fiscalización ambiental basada en evidencia, mejora la detección temprana de incumplimientos y optimiza la toma de decisiones técnicas para una intervención

  • Proyectos fotogramétricos ejecutados por el OEFA – VidaDRONE

La herramienta de fotogrametría digital VidaDRONE, es una plataforma que permite gestionar y procesar información fotogramétrica de alta calidad obtenida mediante drones. Incluye un flujo integral de captura y procesamiento de datos, una arquitectura tecnológica especializada y la automatización de procesos mediante scripts en Python, lo que mejora la eficiencia, precisión y trazabilidad de la información. Esta tecnología fortalece las inspecciones ambientales, la evaluación de impactos y el seguimiento de componentes ambientales con evidencia técnica.

  • Unidades Territoriales para la Fiscalización Ambiental

Desarrollo e implementación de metodología para determinar Unidades Territoriales de Fiscalización Ambiental (UTF) a partir del análisis espacial de problemas y riesgos ambientales, para la mejora de los procesos de fiscalización ambiental. Permitiendo clasificar el territorio según niveles de afectación, riesgo y criticidad ambiental, integrando más de 36 variables con información actualizada de diversas fuentes como deforestación, minería ilegal e informal, pasivos ambientales, excedencias de monitoreo, fuentes contaminantes de agua, entre otros. Los resultados están disponibles en el PIFA, desde donde se puede descargar el diagnóstico ambiental por ámbitos de interés a nivel nacional.

Aplicaciones móviles

  • Reporta Residuos, es una solución tecnológica que permite la captura, registro, análisis y publicación de alertas sobre acumulación de basura a nivel nacional, mediante una aplicación móvil de acceso ciudadano. Funciona como una red colaborativa digital que conecta a la ciudadanía con las municipalidades, facilitando el reporte georreferenciado de puntos críticos, acumulación indebida de residuos u otras problemáticas vinculadas al servicio de limpieza pública.

La plataforma no solo permite registrar y derivar alertas a las autoridades competentes, sino también hacer seguimiento a su atención, promoviendo la corresponsabilidad y transparencia en la gestión municipal. De esta manera, Reporta Residuos impulsa la mejora del servicio de limpieza pública, fortalece la participación ciudadana y contribuye a una detección temprana y oportuna de impactos ambientales asociados a la inadecuada gestión de residuos sólidos.

  • Estimador de Riesgos Ambientales (ERA), La herramienta implementada permite evaluar y priorizar las emergencias ambientales reportadas por los administrados, mediante la aplicación de una metodología de análisis de riesgos.

Esta metodología considera la ubicación geográfica del evento y la valoración de diversas variables vinculadas a la protección ambiental —como sensibilidad del entorno, características del sector y tipo de actividad—, permitiendo determinar el nivel de riesgo y la prioridad de atención.

El reporte se realiza a través de una aplicación móvil disponible en tiendas de aplicaciones para los administrados, lo que facilita la comunicación inmediata, mejora la trazabilidad de la información y fortalece la capacidad de respuesta oportuna ante emergencias ambientales.

De cara al escenario político y económico que se proyecta hacia el 2026, ¿qué desafíos identifica el OEFA para cumplir su rol sin afectar la competitividad, pero garantizando la protección ambiental?

Uno de los principales desafíos para el OEFA es mantener un adecuado equilibrio entre la protección ambiental y la competitividad de todos los sectores económicos. Esto implica una fiscalización técnica y transparente, que brinde seguridad jurídica, promueva el cumplimiento normativo y evite impactos ambientales que, a largo plazo, generan mayores costos sociales y económicos.

En este nuevo contexto, el OEFA viene asumiendo competencias para la fiscalización ambiental en nuevos sectores los cuales presentan realidades y dinámicas particulares que requieren intervenciones en asistencias técnicas y fortalecimiento de capacidades, para priorizar el enfoque preventivo y orientativo de la fiscalización ambiental, a cargo del OEFA.

Finalmente, ¿qué mensaje le daría el OEFA a la ciudadanía y a los sectores productivos sobre la importancia de la fiscalización ambiental y el papel que cumple en el desarrollo sostenible del país?

Finalmente, el mensaje del OEFA a la ciudadanía y a los sectores productivos es que la fiscalización ambiental no debe entenderse como un obstáculo, sino como una herramienta clave para garantizar un desarrollo sostenible. Proteger el ambiente es proteger la salud, los recursos naturales y las oportunidades de desarrollo del país. El cumplimiento de las normas ambientales fortalece la confianza, mejora la competitividad y contribuye a un crecimiento económico responsable e inclusivo.