La XV Conferencia Perú GLP 2026 evidenció que el crecimiento de la informalidad e ilegalidad afecta la seguridad, los ingresos del Estado, y distorsiona la competencia del sector.
La demanda de GLP en el Perú ha venido creciendo sostenidamente en las últimas dos décadas, gracias a que es el combustible más usado por los hogares peruanos (70%), y tiene una presencia importante en el mercado automotor (20%), además de la industria; lo que ha llevado a que el Perú sea el tercer país con mayor demanda en América del Sur, sólo por detrás de México y Brasil.
Sin embargo, este crecimiento ha venido acompañado de una expansión de economías ilegales que distorsionan el mercado, afectan la seguridad de las familias y generan pérdidas millonarias para el Estado. En ese contexto se desarrolló la XV Conferencia Perú GLP 2026, donde especialistas analizaron el impacto de estas prácticas en toda la cadena de comercialización.
En el evento, Jovan Pastor Portocarrero, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), presentó la ponencia “Impacto de las economías ilegales en el mercado de GLP”, en la que expuso cifras que evidencian la magnitud del problema y planteó propuestas para fortalecer un entorno más seguro.
Según estimaciones elaboradas por GERENS para la SPGL, cerca del 58% del mercado de GLP envasado es informal o ilegal. Ello se refleja en el hecho que de los 28,888 locales de GLP que operan a nivel nacional, sólo 5,769 serían formales (19.97%), mientras que 16,715 operarían de manera informal o ilegal (57.86%). Siendo que el 60% de establecimientos no autorizados se concentrarían en cinco regiones: Arequipa, Puno, Cusco, Ayacucho y Lima.
En medio de este panorama, Pastor sostuvo que el país atraviesa una emergencia energética como consecuencia de la paralización de los sistemas que abastecen gas natural y líquidos de gas natural, situación que ha afectado directamente la producción de GLP.
“Hoy estamos frente a una situación de emergencia energética nacional. La suspensión de estos sistemas ha impactado en la producción de GLP y ha puesto en evidencia las limitaciones que aún tiene el país para responder ante contingencias en el abastecimiento de combustibles”, señaló Jovan Pastor Portocarrero, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL).
Frente a este escenario, Pastor explicó que la coyuntura exige adoptar medidas inmediatas para garantizar la continuidad del abastecimiento, acciones que ya se vienen coordinando con las autoridades. No obstante, remarcó que el país también debe avanzar en soluciones estructurales que permitan fortalecer la seguridad energética en el mediano y largo plazo.
“Esta coyuntura demuestra que no solo debemos actuar con medidas de corto plazo para asegurar el abastecimiento, sino también avanzar en soluciones de fondo. En el país existen proyectos de infraestructura para almacenamiento de GLP que ya están planteados, pero que aún no se inician debido a la excesiva tramitología y a la falta de coordinación entre las distintas autoridades”, afirmó Pastor.
Durante el encuentro también se destacó que uno de los principales desafíos del mercado está relacionado con las brechas de infraestructura que aún existen en distintas regiones del país, lo que limita la capacidad de respuesta ante eventuales interrupciones en el suministro de combustibles.
En esa línea, Pastor subrayó la necesidad de impulsar infraestructura de almacenamiento descentralizado, especialmente en regiones donde el acceso al combustible depende de cadenas logísticas más vulnerables.
“Es fundamental promover el desarrollo de almacenamiento descentralizado de GLP en distintas regiones del país. Para ello contamos con herramientas como los fondos del Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos (SISE), que son aportes del sector privado y que podrían destinarse a fortalecer la infraestructura de almacenamiento y garantizar el abastecimiento de combustibles”, explicó.
De esta manera, la XV Conferencia Perú GLP 2026 concluyó resaltando la necesidad de simplificar los trámites y mejorar la coordinación entre autoridades para que los proyectos de infraestructura destinados al almacenamiento de GLP puedan ponerse en marcha y contribuir a fortalecer la seguridad energética del país.
