En el marco de RESMINE 2026, Roberto Tamayo, director general de Electricidad del MINEM, destacó el avance del Libro Blanco para la modernización del sector eléctrico, así como las medidas regulatorias e impulsos normativos clave para agilizar más de USD 15,000 millones en proyectos de generación y transmisión en el país.
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de la Dirección General de Electricidad, reafirmó la importancia de consolidar la seguridad jurídica y la predictibilidad normativa para viabilizar el desarrollo de la infraestructura eléctrica nacional. Con una máxima demanda registrada en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) que alcanzó los 8,296 MW en septiembre de 2026, la autoridad energética advirtió que la incertidumbre regulatoria y los cuellos de botella administrativos elevan los costos operacionales y dificultan el cierre financiero de los proyectos en el país.
Durante su disertación en el marco de RESMINE 2026, Roberto Tamayo Pereyra, director general de Electricidad del MINEM, sostuvo que la predictibilidad, la precisión de competencias institucionales y los procedimientos técnicos confiables constituyen condiciones habilitantes indispensables para impulsar las inversiones sostenibles en el sector. En ese sentido, destacó la reciente emisión del Decreto Supremo N° 008-2026-EM y la Resolución Ministerial N° 348-2026-MINEM/DM, instrumentos enfocados en destrabar proyectos estratégicos de transmisión, optimizar el retiro de proyectos inviables y viabilizar obras aprobadas en los planes de transmisión.
El funcionario remarcó que el Libro Blanco para la reforma hacia la modernización del sector eléctrico peruano representa el pilar estructural para adecuar el marco normativo a los desafíos de la transición energética, la descarbonización y la digitalización. Tamayo explicó que esta iniciativa busca fortalecer la gobernanza institucional, transparentar las señales de precios en el mercado mayorista y dinamizar la expansión de las redes de transmisión, brindando reglas de juego estables a largo plazo que disminuyan el riesgo regulatorio y faciliten el financiamiento de nuevas tecnologías, como los sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS).
En la misma línea, Tamayo resaltó que los proyectos normativos en curso —tales como la reglamentación de la Generación Distribuida a pequeña y mediana escala, el Reglamento de los Servicios Complementarios y las disposiciones derivadas de la Ley N° 32249— actuarán como catalizadores inmediatos de la inversión privada descentralizada. Estas medidas permitirán establecer esquemas transparentes de conexión y remuneración, optimizar la eficiencia de los sistemas aislados y aliviar la carga sobre las redes interconectadas, asegurando la competitividad de los sectores productivos y la estabilidad del servicio.
Respecto al panorama de inversiones, la cartera de generación en ejecución contempla 33 proyectos programados entre 2027 y 2036, equivalentes a 5,128 MW de potencia y más de USD 6,399 millones de inversión, predominantemente en tecnologías eólica y solar. A fin de asegurar la firmeza y confiabilidad del sistema, el MINEM promueve la reactivación y destrabe prioritario de 39 proyectos hidroeléctricos paralizados que representan 3,456 MW de capacidad instalada y más de USD 7,547 millones en capitales detenidos en 15 departamentos.
Finalmente, en el área de infraestructura de transporte de energía, se gestionan 51 proyectos de transmisión por una suma global superior a los USD 3,061 millones, los cuales abarcan más de 3,800 kilómetros de líneas en alta y muy alta tensión (60 kV a 500 kV). Tamayo concluyó enfatizando que la articulación continua entre el MINEM, Osinergmin, el COES y los inversionistas privados será determinante para convertir los marcos legales en obras concretas que impulsen el crecimiento económico del Perú
