En conversación con Revista Economía, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, advierte que las obras de prevención siguen pendientes y que las lluvias podrían afectar la actividad agrícola. Además, analiza los riesgos para el crecimiento económico, los costos laborales y el avance de la formalización empresarial.
La Cámara de Comercio de Lima proyectó un crecimiento de 3,2% para este año, pero todavía persisten algunos riesgos para la economía. ¿Qué factores podrían frenar ese crecimiento?
Definitivamente, el fenómeno de El Niño es el principal factor de preocupación. Tenemos una estabilidad política que consideramos importante, porque ya no vamos a tener cambios de ministros cada 60 o 90 días, una situación que sí afectaba el crecimiento. Aunque existe la idea de que la política va por un lado y la economía por otro, eso es relativo. Cada vez que cambia un ministro, también cambian los viceministros, los secretarios generales y otros funcionarios. Se paralizan autorizaciones, licencias y proyectos. Entonces, sí hay una afectación que, por ese lado, esperamos que no se produzca.
El fenómeno de El Niño sí es preocupante porque todavía no sabemos dónde nos afectarán las lluvias. Las altas temperaturas ya han tenido efectos y el incremento de la temperatura del mar ha perjudicado la pesca. Definitivamente, tenemos una caída en ese sector, pero la construcción ha crecido 10% y los servicios, 16%. También hay otras actividades que están creciendo y la inversión privada ha aumentado este año. Esos resultados están compensando parte de los efectos negativos, pero todavía no sabemos cómo se verá afectado el campo.
Estamos viendo que la producción de fresas se ha visto perjudicada porque son productos que no deben estar expuestos a altas temperaturas. El problema principal son las lluvias. Nos han pronosticado las altas temperaturas que tendremos, pero todavía no se puede determinar dónde lloverá.
Sabemos que habrá lluvias porque ya tenemos los dos factores principales: el aumento de la temperatura del mar y el incremento de la temperatura de la tierra. Eso va a generar evaporación, pero los vientos serán determinantes para establecer hacia dónde se desplazarán las lluvias. Todavía no se pueden pronosticar esos desplazamientos.
¿Cuál es la perspectiva de la Cámara de Comercio de Lima para el sector empresarial?
Este año será bueno. En lo que va del año, hemos registrado un crecimiento de 36% en las exportaciones y una balanza comercial, es decir, la diferencia entre importaciones y exportaciones, de US$ 30.000 millones, lo cual ya es un récord.
Tenemos la inflación más baja de la región y la deuda pública más baja, lo que significa que todavía podemos endeudarnos. También contamos con las mayores reservas de la región. Incluso, proporcionalmente, tenemos mayores reservas que Argentina y Brasil. En términos macroeconómicos estamos muy bien.
Lo que necesitamos es generar inversión y empleo, y es precisamente en esos aspectos en los que está trabajando el Gobierno, porque ya se han comenzado a destrabar muchos proyectos.
¿Qué medidas considera prioritarias desde el Gobierno para dinamizar la inversión privada, que ha crecido más de 15%?
Una medida importante es la ley MAPE, que presentó el ministro de Energía, Guillermo Shinno. El día 15 nos convocó a los empresarios para informarnos sobre la propuesta e hicimos algunas recomendaciones. Es importantísimo incorporar la minería informal al sistema. Si bien en esa cadena se pagan impuestos indirectamente, por ejemplo, cuando se compra combustible, aunque en algunos casos se haga a escondidas, necesitamos que esa actividad minera ingrese al sistema formal. Tenemos que ampliar la base tributaria, porque solamente alrededor del 14% de la población del Perú paga impuestos. Hay que tener en cuenta que la actividad formal representa el 81% del PBI nacional, mientras que la diferencia corresponde a la actividad informal.
Tenemos que adoptar medidas que permitan incorporar a más personas a las planillas, con seguro social, es decir, integrarlas al sistema formal.
Nosotros no estuvimos de acuerdo con el aumento de la remuneración mínima vital. La presidenta nos tomó por sorpresa porque, al final, las empresas formales, medianas y grandes prácticamente no pagan el sueldo mínimo. Esa remuneración se paga, por ejemplo, cuando ingresa un practicante y recibe su sueldo inicial. Tenemos un problema de escasez de personal capacitado debido al crecimiento que hemos registrado. Entre los empresarios estamos compitiendo por los mismos profesionales, lo que genera que tengamos que pagarles mucho más. Existe una competencia laboral importante.
Esto sí afecta a los pequeños y microempresarios. Pensemos en un pequeño comerciante de Gamarra que tiene tres trabajadores en planilla. Si aumenta el sueldo mínimo y ya no puede asumir ese costo, podría despedir a uno de ellos o retirarlo de la planilla y pagarle por fuera. Eso es precisamente lo que necesitamos evitar. Los aumentos de la remuneración mínima vital no pueden ser políticos, sino que deben basarse en una fórmula técnica. Sin embargo, cada vez que nos reunimos en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, los representantes de los trabajadores se retiran y dejan de participar, por lo que no hay quórum.
Los empresarios hemos planteado que la remuneración mínima vital se revise cada dos años, mientras que los trabajadores proponen hacerlo cada año. En ese punto ya tenemos prácticamente un acuerdo, pero los representantes de los trabajadores se levantan y se van. Debo reconocer que el ministro Sheput nos convocó dos veces y les pidió que se quedaran, porque era necesario llegar a un acuerdo y evitar que fuera el Gobierno quien tomara la decisión unilateralmente. La idea era ponernos de acuerdo. El Gobierno ya había señalado que el sueldo mínimo subiría a S/ 1.300, pero todavía no había precisado cuándo ni cómo se aplicaría el aumento.
Nosotros proponíamos que el incremento se hiciera en tres armadas y comenzara en diciembre, porque las empresas necesitan tiempo para evaluar cómo financiarán el aumento de sus planillas o cómo se ajustarán. No se puede aumentar la planilla de un día para otro sin dar tiempo para evaluar las alternativas de financiamiento.
Estuve presente en esas reuniones. Hace 15 años también asistí al Consejo de Trabajo, cuando era vicepresidente de la Cámara, y he visto exactamente lo mismo: los representantes de los trabajadores se levantan y se van. Por eso, los trabajadores tienen que evaluar a quiénes nombran como representantes. No es posible que no podamos llegar a un acuerdo simplemente porque se retiran de las reuniones.
Lo mismo está pasando en el Congreso. Si no estás de acuerdo, puedes decirlo, pero no puedes levantarte e irte. Los representantes de los sindicatos y de las asociaciones de trabajadores les están dando la espalda a sus propios representados. Si no estás de acuerdo con una propuesta, debes expresarlo, pero tienes que permanecer en la mesa y negociar.
La inseguridad ciudadana es uno de los problemas más grandes para el país. ¿Cómo está cambiando las decisiones de inversión de las pequeñas y medianas empresas?
Es un tema muy importante para nosotros y para las pequeñas empresas, porque una pequeña empresa puede destinar entre el 10% y el 15% de su planilla o de sus costos a este problema. Un negocio de Gamarra, por ejemplo, podría tener tres vendedores en lugar de un vigilante y dos vendedores. Muchos negocios ya incluyen en su estructura de costos el pago de extorsiones, y es lamentable tener que decirlo.
Por eso es importantísima la delegación de facultades. También necesitamos el apoyo del Escudo de las Américas y de los servicios de inteligencia del extranjero. La inteligencia del Perú ha sido destruida durante los últimos 20 años, al igual que la Policía. Si queremos resolver este problema rápidamente, necesitamos apoyo de inteligencia del extranjero. No hay otra forma. Así se combatió el terrorismo. Se hizo mediante inteligencia, y tenemos que hacer lo mismo.
La gente le exige al nuevo Gobierno que solucione el problema en 30 días, pero eso es imposible. No vamos a poder resolverlo antes de un año, porque la situación ha crecido demasiado. Además, tenemos corrupción en las entidades del Estado. No es fácil y necesitamos apoyo, pero el Congreso está de espaldas al país.
¿Cuáles son los principales resultados que debería alcanzar el Gobierno hacia finales de 2026 para generar confianza en que la seguridad ciudadana está mejorando?
Estamos de acuerdo con el equipo que ha formado la presidenta, porque las Fuerzas Armadas tienen que trabajar unidas, al igual que los servicios de inteligencia. Cada institución de las Fuerzas Armadas tiene sus propios servicios de inteligencia y trabaja de manera independiente, pero todos tienen que trabajar unidos. Eso es lo primero que hay que resaltar.
El problema es que la Fiscalía y el Poder Judicial no van de la mano con este esfuerzo, porque liberan a los delincuentes. El otro día leí que el fiscal no había acusado a un grupo de personas que fueron detenidas. Habían capturado a 20 personas y encontrado 10 pistolas y granadas, pero, como no podían identificar a quién pertenecía cada arma, comenzaron a liberarlas. Había granadas, pistolas y armamento de guerra, pero, como no podían identificar al propietario de cada arma, los detenidos empezaron a quedar en libertad. Esa situación está ocurriendo y por eso tiene que intervenir el fiscal de la Nación, a quien veo muy callado. Supongo que estará muy ocupado organizándose, porque la verdad es que la Fiscalía no funciona bien.
También tenemos el problema del Poder Judicial. La presidenta del Poder Judicial no reconoce que ha habido una persecución política contra los militares que nos defendieron y arriesgaron sus vidas por nosotros. Un juicio que dura 30 años es una persecución. Ningún juicio puede durar tanto tiempo y, además, no se puede acusar a personas por delitos que no estaban vigentes en esa época, como los de lesa humanidad.
Sobre el fenómeno de El Niño, el Gobierno ha señalado que está trabajando a contrarreloj porque la gestión anterior no avanzó con las obras. ¿Qué medidas considera la Cámara de Comercio de Lima que todavía faltan para enfrentar su llegada?
Cuando tuvimos el fenómeno de El Niño en 2017, el Gobierno tomó una buena decisión y contrató al Gobierno británico para elaborar un plan. Desde que recuerdo el primer fenómeno de El Niño, en los años 80, siempre se han hecho parches. Si una inundación se llevaba un puente, construíamos otro; si se llevaba una carretera, la reconstruíamos. Sin embargo, no hacíamos las obras necesarias para evitar que el agua volviera a llevarse las carreteras y los puentes.
Por eso se hizo una planificación, cuyo plan terminó en 2020. Después, el Gobierno encargó al Gobierno británico la realización de las licitaciones para ejecutar las obras. Sin embargo, todos los expedientes técnicos que se habían elaborado en los gobiernos regionales eran pésimos. Debido a la corrupción, se habían encargado a personas cercanas a las autoridades y no servían, por lo que se tuvo que comenzar desde cero con los expedientes.
Estos expedientes empezaron a estar listos para ejecutar las obras entre 2022 y 2023, pero los gobiernos no asignaron el dinero. Es una vergüenza que hayan faltado S/ 11.000 millones para terminar todas las obras, que permitirían que el agua fluya hacia el mar sin llevarse las carreteras ni los puentes. Lo que estamos haciendo ahora son trabajos de limpieza de las riberas y los ríos para reducir los efectos del fenómeno.
Si se hubieran ejecutado todas esas obras, hoy no estaríamos preocupados. Solo tendríamos que preocuparnos si lloviera en una zona donde nunca había llovido durante un fenómeno de El Niño y nos tomara desprevenidos. Ya sabemos que Tumbes, Piura, Chiclayo e Ica serán afectados de todas maneras.
Lo que hay que hacer es asignar esos S/ 11.000 millones y terminar las obras para que, en el futuro, cuando nos digan que viene el fenómeno de El Niño, podamos estar tranquilos.
¿Cuánto cambiarán las exportaciones con la llegada del fenómeno de El Niño? ¿Cuánto podríamos perder y cuáles serán los sectores más afectados?
Definitivamente, la pesca ya está afectada. En ese sector, el año ya está perdido. Se dice que el fenómeno durará hasta abril del próximo año, por lo que la pesca no se recuperará hasta entonces.
En el sector agrícola todavía no sabemos qué ocurrirá. Definitivamente, los productos que no soportan las altas temperaturas se verán afectados, como las fresas que mencioné, pero todo dependerá de dónde llueva y de si las lluvias afectan las cosechas.
Creo que los efectos se verán a principios del próximo año, porque algunos productos ya han sido cosechados y se han salvado. Por eso hemos registrado un crecimiento de 36% en las agroexportaciones. Sin embargo, considero que los resultados o efectos del fenómeno se verán a partir del próximo año.
La informalidad laboral es otro de los grandes problemas del país. ¿Qué cambios deberían implementarse para acelerar la formalización?
El problema que tenemos en el Perú, y lo digo claramente, es la izquierda. Lo ideal sería que todos los trabajadores tuvieran seguro social y los demás beneficios laborales, pero las pequeñas empresas, que representan el 98% de las empresas del Perú, no pueden pagar la salud, otorgar 30 días de vacaciones y pagar dos gratificaciones, una en diciembre y otra en julio.
Cuando se presentó la ley Pulpín, la izquierda la rechazó. ¿En qué consistía esa ley? Permitía que un joven que salía de la universidad y quería empezar a trabajar recibiera el sueldo mínimo, tuviera seguro social y una semana de vacaciones, aunque no recibiera gratificaciones. Por lo menos tendría un trabajo y seguro social. Sin embargo, la izquierda plantea que sea todo o nada. Y, al final, termina siendo nada.
Eso significa darles la espalda a los peruanos. Si tu hijo termina la universidad y no tiene trabajo, pero puedes conseguirle uno, aunque sea con sueldo mínimo y seguro social, ya estás mejorando su situación. Actualmente, muchos jóvenes trabajan en la informalidad y no tienen seguro ni ningún otro beneficio. Hoy, un trabajador informal no tiene gratificaciones, seguro social ni vacaciones. Por eso, los congresistas tienen que entender que, para incorporar a los jóvenes que recién empiezan a trabajar al sistema formal, debemos establecer un régimen paralelo.
Las empresas que pueden asumir todos los beneficios deben seguir haciéndolo. Tenemos que establecer una diferencia: quienes ya trabajan en una empresa formal deben conservar todos sus derechos, pero los nuevos trabajadores podrían ingresar bajo nuevas condiciones. En ninguna parte del mundo se otorgan 30 días de vacaciones de la misma manera que en el Perú. En Estados Unidos, por ejemplo, no existe la gratificación y las vacaciones no suelen ser de 30 días. En muchos casos, se conceden apenas una semana o 15 días.
Si queremos reducir la informalidad, necesitamos medidas que permitan a las pequeñas empresas ingresar al sistema. Sin embargo, eso no se entiende. Tenemos que establecer un proceso de formalización con medidas adecuadas. Por ejemplo, podría plantearse que un trabajador no tenga vacaciones durante sus primeros cinco años o que acceda a ellas a partir del quinto año. Un joven de 21 años no necesita 30 días de vacaciones. Eso es lo que tienen que entender. De lo contrario, no podremos acabar con la informalidad, porque ingresar al sistema formal representa un costo adicional de alrededor de 43%.
Cuando se dice que el sueldo mínimo ha subido a S/ 1.300, hay que considerar que no se trata solamente de ese monto, sino de S/ 1.300 más aproximadamente 43% en costos laborales. El trabajador recibe S/ 1.300, pero la planilla termina costándole a la empresa alrededor de S/ 1.800. También tenemos que explicar cuánto cuesta realmente un trabajador. Es un tema en el que debemos trabajar y que la izquierda tiene que entender. Es mejor que una persona tenga un empleo con, por lo menos, seguro social, porque eso ya mejora su calidad de vida.
¿Qué legado espera dejar al término de su gestión en la Cámara de Comercio de Lima?
Mi legado es que los empresarios dejemos de escondernos. La Cámara ha cambiado. Todos los días nos pronunciamos a favor o en contra de lo que sucede en el país y decimos la verdad. No sé si antes había vergüenza o miedo de decir la verdad, pero ahora estamos pronunciándonos todos los días. Por ejemplo, publicamos una nota de prensa contra el Congreso y los senadores que no asistieron a las sesiones. Para eso se les paga. Además, tienen siete asesores que deberían ponerse a trabajar.
Si no están de acuerdo con una propuesta, deben expresarlo. Además, están equivocados al pretender que el Senado apruebe exactamente lo que ya aprobó la Cámara de Diputados. Entonces, ¿para qué existe el Senado? Precisamente, se establecieron dos cámaras para que la segunda revise lo que viene de la primera, lo mejore y/o lo modifique. La senadora Ruth Luque señaló que no iba a participar porque queria que se apruebe lo que plantearon los diputados. Así no funciona la democracia. Si no están de acuerdo, tienen siete asesores que pueden ayudarlos a elaborar propuestas.
Yo empezaría por reducir el Estado y el gasto del Congreso. Les dejaría solamente dos asesores y eliminaría los demás, porque considero que no están cumpliendo su función. Cuando se presentó el tema de las facultades legislativas, algunos diputados señalaron que el Poder Ejecutivo debía enviar nuevas propuestas. Si tienen siete asesores, deberían ponerlos a trabajar y elaborar sus propias iniciativas. Renovación Popular fue el único partido que presentó una alternativa, que es la que llegó al Senado. Eso es lo que tienen que hacer los partidos políticos. Si no les gusta lo que presenta el Poder Ejecutivo, deben plantear alternativas positivas, en lugar de limitarse a decir que no.
Además, Juntos por el Perú ha presentado cuatro proyectos de ley para derogar la norma conocida como ley Chlimper, que considero muy buena porque ha contribuido al desarrollo del sector agrícola. Antes de que se aprobara esa ley, exportábamos US$ 300 millones. Hoy estamos superando los US$ 16.000 millones. Eso significa que está funcionando bien. Lo que funciona bien no hay que tocarlo.
El día en que ya no exista una hectárea más disponible para invertir, tendremos que evaluar si corresponde retirar las exoneraciones o los beneficios que recibe el sector agrícola. Pero ahora, cuando el campo y la pesca serán algunos de los sectores más afectados por el fenómeno de El Niño, se pretende retirar esos beneficios. Muchos productores podrían quebrar. Por el contrario, tendremos que evaluar cómo ayudarlos para que puedan volver a sembrar. En el campo, si una planta muere, hay que sembrarla nuevamente y esperar entre seis meses y un año para que vuelva a producir. Los agricultores podrían perder entre un año y medio y dos años de cosechas, y muchos negocios podrían quebrar. Por eso, no tiene sentido que se presenten cuatro proyectos para retirar esos beneficios precisamente cuando se aproxima el fenómeno de El Niño. Es una situación que va en contra de lo que necesitamos hacer.
Entrevista disponible en:
