(Revista Economía 2019)
Por: MDP Soluciones
La corrupción es un fenómeno que agobia económica, social, y políticamente a nuestro país, afectando la gobernabilidad, la confianza en las instituciones y los derechos de las personas. Como referencia a esta problemática, podemos ver que el Perú aparece en el puesto 96 entre 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017.
Este ranking elaborado por Transparency International ubica también a otros países de la región, tales como Uruguay (puesto 23); Chile (puesto 26); Costa Rica (puesto 38) o Argentina (puesto 85). Asimismo, a nivel de las Américas, el Perú se posiciona en el puesto 20 de 32 países, mostrando así el gran terreno que ha ido ganando la corrupción en el país.
Dándole una mirada más profunda al caso peruano, vemos que, a diciembre del 2016, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción identificó 32,925 casos en trámite por delitos de corrupción a nivel nacional. Por otro lado, el Ministerio Público encontró que se dictaron apenas 1,284 sentencias en primera instancia relacionadas con este delito.
Además, la Contraloría señala que, en promedio, el 10% de las compras públicas son destinadas para coimas. Si tomamos en cuenta que, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (uno de los sectores con más incidencia en corrupción) destinará más de S/. 5 mil millones solo para obras, calculamos que se perderían unos S/. 500 millones debido a este flagelo.
Según un análisis económico elaborado por MDP Soluciones, la consultora de certificaciones ISO más eficiente del Perú, más del 50% de los riesgos identificados no cuenta con ningún control, mientras que del otro 50%, el 77% presentará un control mal implementado: solo el 13% gestionaría correctamente esta problemática.
Asimismo, de las empresas que cuentan con más de 100 trabajadores, aproximadamente el 20% cuenta con algún modelo de gestión o modelo de cumplimiento. Por su parte, menos del 5% de las empresas que cuentan con menos de 100 trabajadores utilizan algún modelo de gestión o modelo de cumplimiento.
Otro de los datos importantes a resaltar es que menos del 1% de las empresas en el Perú cuentan con modelos certificados, tales como el ISO 37001: se trata de una certificación que abarca solo a los sobornos, pero que se puede utilizar como plataforma para comenzar a abordar otros esquemas de fraude.
Esta norma contempla la implementación de diversas herramientas de gestión que permitirán definir políticas, implementar sistemas de control y gestionar correctamente los riesgos de corrupción, enfocándose en la prevención y en la identificación oportuna de los casos, así como en la acción protocolar para mitigar los daños.
Recordemos que el presupuesto del Estado es de S/. 33 mil millones para compras el 2019 y de esos recursos, el 10% se destinaría a corrupción según las proyecciones de la Contraloría (es decir, unos S/. 3 mil millones al año, o unos S/. 8.2 millones al día). Esto sin contabilizar el soborno entre empresas, que se calcula en cifras anuales similares.
Finalmente, según ACFE, la hipótesis relacionada a la pérdida promedio de una organización privada alcanzaría los $250 mil por esquemas de fraude. Ante estas contundentes cifras, las empresas comienzan a entender cada vez más la importancia de implementar sistemas de control interno que mitiguen los actos fraudulentos en sus operaciones y promuevan así el desarrollo de nuestro país.
