Con la restricción china a la exportación de minerales críticos, Brasil acelera reformas para posicionarse como potencia en la cadena global. Pero enfrenta baja producción, crisis de precios del litio y denuncias de corrupción en el sector.

China cierra el grifo y Brasil ve la oportunidad

La decisión de China de limitar la exportación de minerales críticos, de los cuales es el mayor productor mundial, ha abierto una ventana de oportunidad para Brasil. El país sudamericano posee cerca del 10% de las reservas globales de estos recursos, esenciales para la economía verde y la seguridad energética. El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, afirmó que “Brasil tiene abundancia de tierras raras, oro, cobre, uranio y minerales estratégicos. Se abre una enorme oportunidad para nosotros”.

Sin embargo, esa oportunidad llega con una brecha evidente: la producción brasileña actual equivale apenas al 0,09% del total mundial, reflejo del escaso desarrollo industrial y tecnológico del país en este rubro.

Una nueva política minera con sello estatal

Para revertir esa situación, el Gobierno lanzó una ofensiva política y legislativa. La semana pasada se realizó la primera reunión del Consejo Nacional de Política Minera (CNPM), presidida por Silveira y con la participación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El encuentro aprobó seis resoluciones destinadas a modernizar la gobernanza minera, con especial foco en los minerales críticos y las tierras raras.

En paralelo, el Congreso brasileño tramita con carácter de urgencia el proyecto de ley 2780/2024, que crea una Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos. La iniciativa incluye:

• La creación de una empresa estatal, EBMinerals, encargada de la coordinación e inteligencia del sector.

• La obligación de que las grandes mineras destinen 0,4% de su facturación a investigación y desarrollo.

• La constitución de un Fondo de Inversión en Minerales Críticos, administrado por el BNDES.

La norma prevé, además, la formación de un comité interministerial con participación civil para mitigar impactos ambientales y sociales. Pero la propuesta de una nueva empresa estatal ha despertado críticas por temor a más burocracia en lugar de eficiencia.

El litio, el “oro blanco” del nuevo ciclo energético

El litio ocupa un lugar central en la estrategia brasileña. Considerado el “oro blanco” de la transición energética, su explotación se concentra en el valle de Jequitinhonha (Minas Gerais), donde la empresa china BYD obtuvo derechos de exploración.

Sin embargo, el proyecto enfrenta resistencia. El Ministerio Público Federal (MPF) solicitó suspender temporalmente las licencias mineras para garantizar la consulta previa a comunidades indígenas y tradicionales, en cumplimiento de las normas de la OIT. El fiscal Helder Magno advirtió sobre impactos ambientales como la escasez hídrica y la superposición de concesiones sobre territorios de 248 comunidades.

El desplome del litio golpea los planes de expansión

La bonanza del litio se ha enfriado. Desde su máximo en diciembre de 2022 (68 dólares por kilo), el precio del carbonato de litio se ha desplomado 86,5%, situándose en 9,26 dólares en septiembre de 2025. El descenso frenó los proyectos de Companhia Brasileira de Lítio (CBL) y Sigma Lithium, que han reducido inversiones y capacidad productiva.

Los analistas estiman que el precio sostenible debería ubicarse entre 23 y 27 dólares por kilo. La sobreoferta, una demanda más lenta y la expansión minera en Australia, Chile y Zimbabue han presionado el mercado. China, además, amplió la producción de lepidolita, abaratando costos. Se prevé que los precios se mantendrán bajos hasta 2027, cuando el auge de los vehículos eléctricos en Estados Unidos y Europa podría reactivar la demanda.

Corrupción y fiscalización: la otra cara de la minería

El panorama brasileño se complica aún más por los recientes escándalos de corrupción. En septiembre, la Policía Federal lanzó la operación Residuos Mineros, que desmanteló una red de sobornos y licencias ilegales con un volumen de negocio estimado en 1.500 millones de reales. Entre los investigados figuran altos funcionarios de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y del Servicio Geológico Brasileño (SGB).

La investigación reveló pagos ilegales para obtener licencias ambientales en zonas protegidas de Minas Gerais, con graves consecuencias sociales y ecológicas. Tras la operación, la Asociación Brasileña de Municipios Mineros (Amig) exigió al Congreso una ley contra la evasión fiscal y mayor transparencia en los planes de explotación.

Entre el potencial y los riesgos

Brasil se encuentra ante un punto de inflexión: cuenta con los recursos naturales, el interés global y el impulso político. Pero para convertirse en un actor central en la transición energética mundial, deberá garantizar seguridad jurídica, sostenibilidad ambiental y control institucional. El desafío no es menor: convertir el potencial geológico en desarrollo económico real sin repetir los errores del pasado extractivista.