La ACG enfatizó que no se debe confundir la discusión sobre nuevas inversiones energéticas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales del sistema existente.

La Asociación de Consumidores de Gas del Perú (ACG) advirtió que la actual crisis en el suministro de gas natural revela la falta de inversiones necesarias para asegurar capacidad de respaldo y redundancia en el sistema de transporte de gas, exigidas contractualmente para cumplir con la obligación de disponibilidad establecida en el contrato de concesión del ducto que opera Transportadora de Gas del Perú (TGP).

En los últimos días se ha señalado que la emergencia energética sería consecuencia de que el país no construyó el Gasoducto del Sur. Sin embargo, la ACG sostuvo que ese argumento confunde dos debates distintos: la expansión futura de la infraestructura energética y la confiabilidad del sistema que hoy abastece al país.

“El contrato del sistema de transporte de gas establece claramente que la infraestructura debía contar con suficiente capacidad de respaldo y redundancia para evitar interrupciones prolongadas del servicio. Esa era una obligación del concesionario”, afirmó Roberto Santivañez.

El sistema de transporte de gas natural de Camisea fue adjudicado bajo un esquema BOOT (Build, Own, Operate & Transfer). En el numeral 5.8 del Anexo 1 del contrato, se establece que el sistema debía ser diseñado, construido, mantenido y operado para restringir paros no programados y garantizar una disponibilidad anual de 99%, lo que implica contar con capacidad de respaldo y redundancia suficiente.

Según la ACG, cumplir con ese estándar de disponibilidad requería invertir en instalaciones y equipos que den respaldo y redundancia al sistema, tales como “loops” en los tramos más críticos del gasoducto y mayor capacidad de almacenamiento en el Linepack del sistema; así como programas, actividades e inversiones en mantenimiento que minimicen las probabilidades de falla del sistema y reduzcan al mínimo los tiempos de reposición del servicio.

El presidente de la asociación recordó que la obligación contractual de disponibilidad de 99% significa que una interrupción total no programada del servicio no debería superar las 87 horas y 36 minutos continuos en un año. Sin embargo, la actual emergencia ya ha superado ampliamente ese límite.

“Cuando una interrupción supera por varios días los estándares establecidos en el propio contrato, es evidente que hay elementos del sistema —sea en el diseño, la construcción, el mantenimiento o la capacidad de respaldo y redundancia— que no están cumpliendo con lo exigido contractualmente”, indicó.

La ACG enfatizó que no se debe confundir la discusión sobre nuevas inversiones energéticas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales del sistema existente.

“La expansión del sistema energético es una decisión de política pública. Pero la confiabilidad del sistema actual es una responsabilidad contractual del concesionario. La seguridad energética del país depende de que las concesiones de infraestructura crítica cumplan con los estándares de continuidad del servicio que establecen sus contratos”, concluyó Santivañez.

La Asociación de Consumidores de Gas hizo un llamado a las autoridades a evaluar a fondo las causas de la interrupción del suministro y la demora en la reposición del servicio, así como adoptar las medidas necesarias para garantizar la confiabilidad del sistema de transporte de gas natural, dado su carácter estratégico para el abastecimiento energético del país.