Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado ‘¿Cómo se presupuesta en salud y educación en la Región Andina?’, concluye que, si bien Perú se destaca por cumplir con el mandato legal o constitucional de destinar un mínimo del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a salud y educación, el aumento sostenido del gasto en las últimas dos décadas no se ha traducido en mejoras proporcionales en los resultados sociales.
La investigación se presentó durante el XXXVI Seminario Anual de Investigación CIES 2025, y su exposición estuvo a cargo del economista principal regional del BID, Jordi Prat. El informe señala que la limitación no radica en la cantidad de inversión, sino en la eficiencia y calidad de cómo se asignan y ejecutan los recursos públicos.
Los hallazgos revelan que el sistema presupuestario peruano comparte patrones
estructurales comunes con sus vecinos andinos, como una marcada rigidez presupuestaria,
especialmente en la masa salarial. Esta rigidez reduce de manera sustancial la capacidad del gobierno para reorientar recursos hacia nuevas prioridades estratégicas y de mayor impacto. El análisis cualitativo y cuantitativo del BID enfatiza que las herramientas de gestión existentes no están funcionando eficientemente.
En el caso de Perú, aunque el Presupuesto por Resultados (PpR) ha sido una iniciativa clave
para alinear la inversión con metas concretas, su implementación enfrenta serios obstáculos. El estudio apunta a una baja cobertura de evaluaciones y, lo que es más crítico, a una escasa utilización de los resultados generados por estas evaluaciones para informar y ajustar las decisiones presupuestarias subsiguientes. Esta desconexión impide que el gasto se refine y se haga más eficiente con el tiempo.
El panorama en la Región Andina
El estudio del BID analiza el contexto presupuestario de la Región Andina en su conjunto, incluyendo a países como Colombia, Ecuador y Bolivia, destacando que los problemas de eficiencia del gasto no son exclusivos de Perú, sino que resultan ser sistémicos. Al igual que Perú, la mayoría de los países andinos enfrentan una alta rigidez en su gasto público, con una gran proporción del presupuesto ineludiblemente destinada a rubros como la nómina (masa salarial).
Esta situación limita el margen fiscal para la inversión en infraestructura y programas de
mejora, agravándose por el alto nivel de compromisos preexistentes y una débil cultura de
reasignación de recursos. Otra debilidad común identificada en la región es la escasa
articulación entre los documentos de planificación sectorial a largo plazo (los planes
estratégicos) y el Presupuesto General de la República anual.
En la práctica, esto implica que los presupuestos nacionales continúan siendo
predominantemente incrementales, enfocándose más en la continuidad del gasto histórico
que en la consecución efectiva de metas estratégicas a mediano plazo. El desafío de la
descentralización también es regional. Si bien Perú cuenta con un sistema robusto que
transfiere competencias a los gobiernos regionales, otros países presentan modelos variados.
Este panorama regional presenta el reto común de lograr que los mecanismos de
descentralización se traduzcan efectivamente en mejores resultados en salud y educación a
nivel territorial, superando las disparidades geográficas y fortaleciendo la capacidad de
gestión subnacional.
Disparidades territoriales en la asignación de recursos
Las inequidades geográficas en la distribución de recursos humanos y financieros constituyen uno de los principales obstáculos para la eficiencia sectorial en toda la región andina.
En Colombia, aunque se observa un patrón de mayores recursos en los departamentos con más población, persisten diferencias en la asignación que sugieren que los criterios demográficos se complementan con otras consideraciones que no siempre resultan en la distribución más eficiente.
De manera más crítica, en Ecuador, el estudio del BID revela una gran brecha asistencial al
asignar recursos territorialmente; se ha encontrado la paradoja de provincias en áreas
remotas con altas tasas de médicos y dentistas, frente a provincias con grandes poblaciones urbanas que tienen tasas menos conservadoras. Este patrón sugiere una distribución que no responde a criterios de necesidad poblacional o eficiencia en la cobertura.
En el ámbito educativo ecuatoriano, también se observan disparidades significativas en la
relación «estudiante-profesor» entre la costa y la sierra, variaciones que se atribuyen a
patrones históricos de asignación y no a criterios de eficiencia pedagógica. Bolivia muestra
disparidades similares, evidentes entre departamentos como La Paz y Santa Cruz. A pesar
de que este último tiene más población, el gasto por persona es mayor en La Paz.
Esta inconsistencia entre distribución poblacional y asignación de recursos sugiere
ineficiencias estructurales en los criterios de distribución presupuestaria. En el caso específico de Perú, se ha encontrado que existe una asignación de recursos por departamentos, pero en los departamentos a los que se asignan más recursos públicos, el gasto de bolsillo es también mayor.
Esto significa que, a pesar de que el Gobierno realiza un gran desembolso (especialmente en salud), estos montos no logran cubrir de forma óptima las necesidades de la población,
obligando a las familias a utilizar sus propios recursos para financiar servicios esenciales.
El estudio del BID concluye que mejorar los resultados en salud y educación requiere
transformar los procesos institucionales y políticos que definen cómo se negocian, asignan y ejecutan los recursos, y superar la idea de que basta con alcanzar el 6% del PBI.
El estudio ‘¿Cómo se presupuesta en salud y educación en la Región Andina?’ fue presentado durante la XXXVI edición del Seminario Anual del CIES titulado ‘Retos del nuevo Gobierno 2026-2031’, que se realiza del 02 al 04 de diciembre en el Campus de la Universidad del Pacífico (Jirón General Sánchez Cerro 2121, Jesús María).
