La regidora Roxana Rocha sostiene que la Municipalidad de Lima mantiene sus finanzas en azul y que existen ingresos sólidos para sostener obras y obligaciones.

La regidora Roxana Rocha afirmó que la Municipalidad de Lima mantiene sus finanzas en azul y descartó cualquier versión sobre una quiebra institucional, en declaraciones para Expreso. Recordó que cuando Rafael López Aliaga asumió la gestión en enero de 2023 encontró una deuda cercana a los trescientos millones de soles y que su primera acción fue cancelarla, lo que permitió ordenar los estados financieros.

La funcionaria explicó que el presupuesto municipal ronda los mil millones de soles y que solo cuando existe saldo de balance este puede elevarse hasta aproximadamente mil setecientos millones. Indicó que, descontadas las obligaciones y restricciones presupuestarias, apenas quedan cuatrocientos o quinientos millones disponibles, lo que limita la ejecución de proyectos y obliga a recurrir a financiamiento para impulsar infraestructura de gran escala.

Inversiones estratégicas y avance de obras

Rocha señaló que el plan de gobierno contenía ciento cinco compromisos orientados al cierre de brechas de infraestructura vial que no habían sido atendidas en más de treinta años. Detalló que dentro del paquete de proyectos se encuentran la Ramiro Prialé, la Vía Expresa Sur, la Vía Expresa Norte, la Interconexión Grau que conecta el Metropolitano con la Línea 1 del Metro, el Par Vial Canadá y el viaducto Próceres Wiesse.

Añadió que también se intervienen los ejes de Javier Prado con viaductos en los tramos Las Begonias con Arenales y Los Frutales con el Golf. Explicó que además se ejecutan mejoras integrales en treinta y tres avenidas metropolitanas con pistas de concreto, señalización, áreas verdes, paraderos, losas deportivas y escaleras, todo dentro de un paquete valorizado en cinco mil cuatrocientos millones de soles que registra un avance del sesenta por ciento.

Sostenibilidad de la deuda y fuentes de respaldo

Consultada por la deuda municipal de cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro millones de soles, Rocha señaló que el esquema de pago se sustenta en un fideicomiso respaldado por dos impuestos considerados sólidos y de crecimiento sostenido: la alcabala y el impuesto vehicular. Detalló que la alcabala ha crecido a una tasa promedio de once punto tres por ciento durante los últimos veinte años y que el impuesto vehicular lo ha hecho a un ritmo de ocho punto cinco por ciento. Indicó que estos ingresos garantizan el cumplimiento de las obligaciones actuales y futuras, por lo que la continuidad de las obras no se encuentra comprometida.

Escenario legal de Rutas de Lima y continuidad del servicio

La regidora explicó que la advertencia de Rutas de Lima sobre una eventual suspensión de operaciones responde a tres mandatos judiciales distintos vinculados a los peajes de Puente Piedra, Conchán, Villa y Punta Negra, todos con la conclusión de que no existían vías alternas y que se afectó el interés público y la libre circulación.

Precisó que fue la propia concesionaria la que inició su proceso de disolución y liquidación y que hoy utiliza las decisiones judiciales como argumento para justificar la posible interrupción del servicio. Sostuvo que la Municipalidad de Lima está en condiciones de asumir la administración de las vías y ofrecer un servicio adecuado sin cobro de peajes en esta etapa.

Recalcó que Rutas de Lima no puede abandonar unilateralmente la operación debido a que ello constituiría un incumplimiento contractual que podría derivar en acciones legales. Recordó además que la empresa ha iniciado un proceso ante el CIADI contra el Estado con un reclamo aproximado de dos mil setecientos millones de dólares, pese a que su inversión real bordeó los cuatrocientos millones.

Perspectivas municipales

Rocha señaló que, en caso la concesionaria deje de operar, corresponde al juzgado decidir la transferencia temporal o definitiva de la administración a la Municipalidad de Lima. Afirmó que la gestión entrante de Renzo Reggiardo evaluará los costos de mantenimiento para determinar si en el futuro será necesario restablecer algún tipo de cobro. Por ahora, enfatizó que la prioridad es garantizar la continuidad del servicio y mantener el ordenamiento financiero logrado en los últimos años.