Un eventual giro político en Venezuela impactaría primero en las expectativas de los inversionistas y en movimientos especulativos de corto plazo, señala VT Markets.
La coyuntura política en Venezuela podría traer cambios que impactarían en Perú, ya que uno de los principales riesgos está asociado a la volatilidad del precio del petróleo, más que a problemas de abastecimiento, de acuerdo con el análisis de Jonathan Vargas, Líder de Equipo de Desarrollo de Negocios en VT Markets.
“El petróleo podría reaccionar con volatilidad: primero incertidumbre, luego presión a la baja si el mercado empieza a descontar una futura normalización de la producción venezolana. Los cambios políticos generan movimientos especulativos en el corto plazo y podrían traducirse en presiones de inflación importada y en fluctuaciones del tipo de cambio, especialmente si se producen shocks externos que afecten los flujos hacia mercados emergentes”, señala Vargas, que también analiza el impacto en el precio de los activos.
En cuanto al oro, tradicional refugio ante escenarios de riesgo geopolítico, podría perder parte de su atractivo si disminuye la percepción de tensión regional. No obstante, su comportamiento dependerá de otros factores globales clave como la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos, la fortaleza del dólar y otros focos de conflicto internacional. “Si se diera un cambio real de régimen en Venezuela con participación o respaldo de EE. UU., el impacto inicial sería más político y de expectativas que inmediato en precios”, explica Vargas.
Posible impacto en Latinoamérica
Para Perú y los mercados latinoamericanos, el impacto sería mayormente indirecto. “Las bolsas de la región reaccionan con mayor fuerza a factores como las tasas estadounidenses y precios de los commodities, más que a la situación interna venezolana”, detalla Vargas.
Sin embargo, sí podría observarse una mejora en el sentimiento regional si se percibe un escenario de mayor estabilidad política, así como oportunidades puntuales para sectores vinculados a energía, comercio y logística en caso de una reapertura económica gradual de Venezuela.
Por Carlos Curi, economista especializado en bienestar financiero
Esto deja claro que no es una cita inventada, sino representativa en las salas de directorios de todo el mundo, las empresas recurren cada vez más a dos prácticas que parecen progresistas (pero no lo son): promociones secas (del inglés: Dry Promotions) y programas de bienestar financiero.
En los papeles, estas iniciativas prometen mayor reconocimiento, apoyo y mejor bienestar. Pero en la realidad, dichas prácticas a menudo exponen la retórica superficial de las áreas de Recursos Humanos, donde un lenguaje grandilocuente oculta la falta de cambios sustanciales.
Las promociones secas, que no son otra cosa que aquellos nuevos títulos y responsabilidades asignados a los empleados sin aumentos correspondientes de sus salarios, se presentan habitualmente como eventos importantes en la carrera del colaborador, quien en muchos casos se apura a publicarlos en plataformas como LinkedIn para mostrar su mayor “seniority”.
Las áreas de RR. HH., argumentando el mayor empoderamiento de los empleados para asumir roles de liderazgo, enmarcan sus discursos como “oportunidades de crecimiento”. Sin embargo, los empleados descubren rápidamente que el prestigio del nuevo título rara vez conlleva un mayor ingreso que facilite el pago del alquiler. La realidad es que su carga laboral aumentó mientras que su salario no lo hizo, situación que los lleva a una creciente frustración y menor bienestar general.
Ese discurso superficial equipara el reconocimiento simbólico con la recompensa genuina porque sugiere que la gratitud debe reemplazar la compensación, ignorando la verdad fundamental: progresar en la carrera sin reconocimiento económico es explotación disfrazada de discurso corporativo.
Recordemos que los programas de bienestar financiero se promocionan como prueba del cuidado empresarial. Talleres de optimización de los gastos familiares, gestión de deudas y planificación de la jubilación se lanzan con entusiasmo. RR. HH. los describe como “sistemas de apoyo holísticos” para mejorar el bienestar financiero de los empleados. Pero estos programas a menudo desvían la responsabilidad. En lugar de concentrarse en aumentar los salarios estancados, las empresas ofrecen seminarios sobre cómo los trabajadores pueden “gestionar mejor” sus ingresos limitados.
El típico discurso de RR. HH. es: “Estamos ayudando a los empleados a lograr libertad financiera”, mientras que la realidad es que los empleados no solo necesitan optimizar su estructura de gasto, sino una compensación de mercado ajustada a su nueva responsabilidad.
Ciertamente, la superficialidad del discurso radica en su enfoque: el estrés financiero se trata como una falla individual en lugar de un problema sistémico derivado de las prácticas de compensación corporativa.
En pocas palabras, la yuxtaposición de promociones secas y programas de bienestar financiero revela una paradoja preocupante. Se le pide a los empleados que asuman más responsabilidades sin aumento salarial, y luego se les ofrecen talleres para sobrellevar el estrés financiero que eso genera.
Las narrativas de RR. HH. elogian estas iniciativas como progresistas, pero el mensaje subyacente es claro: hacé más, ganá lo mismo y aprendé a vivir con ello.
Es cierto que cada vez más empleados denuncian dicha paradoja preocupante: “Me dieron un nuevo título, duplicaron mi carga de trabajo y luego me invitaron a un seminario sobre cómo gestionar deudas”, comentó un profesional consultado. Comentarios como este muestran la creciente brecha entre el discurso pulido de RR. HH. y la realidad cotidiana del bienestar financiero de los empleados.
En definitiva, estas prácticas revelan un discurso vacío que prioriza la apariencia sobre la sustancia. Hasta que las empresas alineen el reconocimiento con la compensación y el bienestar con cambios estructurales, estas iniciativas seguirán siendo poco más que una comedia corporativa.
Designa a Miguel Ángel Panduro como nuevo director de Indra Space y nombra a Luis Mayo como consejero delegado de Hispasat y a Ana María Molina como consejera delegada de Hisdesat. La compañía refuerza su estructura con un equipo con una amplia experiencia y se convierte en la empresa de referencia en el sector espacial en España y en uno de los principales actores europeos
Indra Group reorganiza la estructura de dirección de Indra Space, Hispasat e Hisdesat, esta última donde cuenta con una participación mayoritaría, con el objetivo de imprimir un nuevo liderazgo con el que posicionarse como uno de los principales actores del sector en Europa.
La compañía ha designado para ello a Miguel Ángel Panduro, hasta la fecha CEO de Hispasat, como nuevo director de Indra Space, reportando al presidente y consejero delegado del grupo.
Asimismo, Luis Mayo Muñiz pasará a asumir el cargo de consejero delegado de Hispasat, y Ana Maria Molina nueva consejera delegado de Hisdesat.
Panduro es un directivo con más de 35 años en los sectores de telecomunicaciones y defensa que ha transformado ISDEFE y consolidado Hisdesat como referente en servicios satelitales para defensa y seguridad. Como CEO de Hispasat, impulsó la ampliación de la cadena de valor y la participación en el consorcio SpaceRise para el programa IRIS².
Tras este nombramiento, el hasta ahora director de Indra Espacio, Luis Mayo Muñiz, pasará a asumir el cargo de consejero delegado de Hispasat. Mayo cuenta con más de 20 años de experiencia en sectores de alta tecnología y ha liderado compañías y participado en programas europeos, aportando una sólida trayectoria en gobierno corporativo y consultoría estratégica.
Por otro lado, Ana María Molina, hasta la fecha directora general corporativa de Hispasat, pasa a ocupar el cargo de consejera delegada de Hisdesat. Molina cuenta con más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones y defensa y ha ocupado cargos de alta dirección en Hisdesat, Isdefe y el Ministerio de Defensa, liderando procesos de transformación y estrategia. En Hispasat, ha sido responsable de áreas clave como Estrategia y Desarrollo de Negocio, consolidando la compañía como referente en el sector satelital.
Con esta estructura renovada, Indra Group da un paso adelante en el objetivo marcado en su plan estratégico Leading the future de convertirse en el líder nacional y Tier-1 europeo en este sector, asegurando la soberanía sobre las comunicaciones seguras y observación satelital, con capacidades en toda la cadena de valor espacial.
Indra Group refuerza de esta forma su estructura para afrontar la creciente demanda de satélites y liderar programas estratégicos como IRIS², SpainSat NG y PAZ, además de infraestructuras europeas críticas como Copernicus, Galileo y EGNOS.
El Estado peruano deberá pagar más de US$67 millones a Lupaka Gold Corp. luego de dejar vencer el plazo para impugnar un laudo del CIADI, un episodio que vuelve a poner bajo la lupa la seguridad jurídica y la gestión de conflictos sociales en proyectos mineros.
Un laudo definitivo y sin opción de apelación
La minera canadiense Lupaka Gold Corp. obtuvo un laudo arbitral internacional definitivo a su favor, luego de que el Perú no solicitara la anulación del fallo dentro del plazo legal establecido. Al vencerse el período de 120 días sin que el Estado presentara recurso alguno, la decisión quedó firme y plenamente exigible.
El laudo fue emitido el 30 de junio de 2025 y obliga al Perú a pagar alrededor de US$67 millones, monto que continúa incrementándose debido a la aplicación de intereses fijados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, cercanos al 9% anual.
El origen del conflicto: el proyecto Invicta
El arbitraje se originó por la paralización y posterior pérdida del proyecto aurífero Invicta, ubicado al norte de Lima. Según el tribunal, los bloqueos comunitarios impidieron el desarrollo normal de las operaciones y el Estado peruano no adoptó las medidas necesarias para garantizar la protección de la inversión.
El fallo concluyó que el Perú incumplió sus obligaciones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú, particularmente en lo referido a la protección de inversiones extranjeras frente a actos que afecten su viabilidad económica.
Riesgo fiscal y reputacional para el país
Ante la falta de pago, Lupaka informó que ha iniciado acciones para identificar activos del Estado peruano susceptibles de ejecución en el exterior, conforme a los mecanismos previstos en el derecho internacional.
Especialistas advierten que el incumplimiento de un laudo firme no solo eleva el costo fiscal para el país, sino que deteriora la reputación del Perú como destino de inversión. Este tipo de episodios impacta especialmente en sectores intensivos en capital como la minería, donde la estabilidad jurídica y la gestión eficiente de conflictos sociales son factores clave para atraer inversión de largo plazo.
En entrevista para Revista Economía, Gabriel Natividad, profesor de la Universidad de Piura (UDEP), analiza cómo el contexto político, la inversión privada y la productividad marcarán el desempeño económico del país en el inicio de un nuevo ciclo.
¿Cómo evalúa el panorama económico actual del Perú en este inicio del 2026 y cuáles serían sus proyecciones de crecimiento para este año?
Yo no me dedico a hacer proyecciones macroeconómicas, pero sí a interpretar cómo los cambios macro impactan en la vida de las empresas y de las personas. Partiría de tres datos clave.
El primero es el cobre, que atraviesa un momento excelente a nivel mundial, algo totalmente exógeno a la realidad peruana. El segundo y tercer dato son el oro y la plata.
Si tres metales tan importantes para el Perú tuvieron un 2025 tan favorable, eso debería traducirse en muy buenas noticias en términos de ingresos, divisas, reservas internacionales y en la ramificación de esos mayores ingresos hacia la economía local. Desde el punto de vista macro, el cambio en los términos de intercambio es claramente positivo.
Sin embargo, también hay factores negativos. El 2025 fue un año de mucha incertidumbre en aspectos básicos para la población, como la seguridad ciudadana. El Estado debe administrar justicia y garantizar la seguridad, que es un bien público esencial. Hemos visto hechos delictivos, pérdidas de vidas y una sensación de desorden, por lo que el 2025 se cierra como un año muy accidentado.
La tercera gran interrogante es el panorama electoral. En el 2026 tendremos un nuevo Poder Ejecutivo y un nuevo Congreso. La gran duda es si ambos poderes estarán alineados para mirar al mundo, entender las tendencias globales y trabajar juntos para modernizar el país. Si Ejecutivo y Legislativo no están en sintonía, el Perú no podrá avanzar lo suficiente.
¿Cuáles considera usted que son los principales desafíos estructurales que enfrenta hoy la economía peruana en el corto y mediano plazo?
El primer gran desafío es la productividad. La minería genera ingresos importantes, pero eso no es suficiente para que el país despegue. El crecimiento sostenido en los próximos 5, 10 o incluso 50 años solo será posible si aumentamos la productividad. La productividad es simple de explicar, por cada unidad de insumo, de horas de trabajo, de capital o de conocimiento, cuánto producto se obtiene. El Perú habla muy poco de productividad y ese es un error grave.
Esto empieza desde el hogar, en cómo se forman los niños, en valores como disciplina, respeto a la ley y eficiencia. Es un proceso generacional. Necesitamos trabajadores más productivos y mejor educados, no solo en educación formal. Hoy, con internet y la inteligencia artificial, el acceso al conocimiento es amplio. El problema ya no es la oferta, sino la demanda de educación.
El segundo desafío estructural es la inversión. Existe un serio entrampamiento para la inversión privada. Basta ver cómo las AFP invierten mayoritariamente en el extranjero porque en el Perú no existen mecanismos adecuados de protección y liquidez para sus inversiones. Se necesita flexibilizar las reglas para atraer capitales institucionales y fomentar una inversión de largo plazo.
El tercer desafío es la economía ilegal, especialmente la minería ilegal. Esta genera distorsiones macroeconómicas, fomenta el crimen y desincentiva la formalización. El problema no se soluciona solo cambiando leyes, sino revisando incentivos, tanto para pequeños como para grandes actores, y facilitando una mayor extracción legal que beneficie a más peruanos.
¿Cómo pueden impactar al Perú las tensiones comerciales globales y la política económica de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump?
El presidente Trump ha tenido un comportamiento errático en política arancelaria, subiendo y bajando aranceles según negociaciones bilaterales. Todo esto responde a un objetivo central, adquirir poder para negociar mejores condiciones para su país.
El principal problema de Trump es interno, el alto costo de vida, la falta de empleo suficiente y el ingreso disponible limitado. En ese contexto, el Perú debe procurar no convertirse en un problema para Estados Unidos.
Estados Unidos es un socio estratégico para el Perú, no solo comercialmente, sino por la gran comunidad de peruanos que vive allá. Además, promueve una visión promercado en la región. Si el Perú es claro en su política antidrogas, combate la ilegalidad y apuesta por una economía abierta y promercado, no debería tener mayores problemas en su relación con Estados Unidos durante los próximos años.
¿Qué factores están limitando la atracción de inversión extranjera en el Perú y cómo podemos mejorar nuestra competitividad frente a otros países de la región?
En términos de riesgo país, el Perú está bien posicionado. El problema no es macroeconómico, sino político e institucional. En los últimos años no hemos tenido un rumbo claro desde el Poder Ejecutivo. Es como un barco que navega sin destino.
La inversión necesita señales claras de que el Perú es pro mercado, que simplifica trámites y que no persigue de manera excesiva a la empresa formal. Hoy se persigue al gran empresario mientras millones de informales operan al margen de la ley.
La informalidad no puede seguir siendo tolerada. El informal utiliza infraestructura y servicios públicos que son financiados por todos. Nuestra estructura tributaria es regresiva, con un IGV alto y una baja base de contribuyentes del impuesto a la renta. Necesitamos formalizar más la economía para sostener el gasto público.
¿Considera que el Estado, a través de instituciones como la SUNAT, está colaborando adecuadamente con la formalización?
El Estado tiene iniciativas, como las del Ministerio de la Producción, pero el problema no es solo de oferta, sino también de demanda. Los trabajadores deben exigir formalidad, beneficios sociales y protección.
Mientras no cambiemos la estructura de ingresos del Estado, seguiremos dependiendo de pocos contribuyentes. Todos los peruanos que generan ingresos deberían declarar y pagar impuestos. La SUNAT es una institución eficaz, pero el cambio debe ser cultural y estructural.
Finalmente, ¿qué reformas considera urgentes para lograr un crecimiento inclusivo y sostenido?
Más allá de las reformas macro, quiero destacar dos instituciones clave. La primera es la familia. El Perú necesita fortalecerla, porque es allí donde se forman los valores, la disciplina y la ética del trabajo. Esto implica políticas de vivienda, tributación y cohesión social.
La segunda institución es la empresa. La empresa ha sido satanizada, pero es fuente de empleo, divisas y bienestar. El mayor servicio que una empresa puede brindar a la sociedad es ofrecer buenos productos y servicios a precios razonables.
Si queremos modernizarnos, debemos liberar a la empresa de barreras burocráticas, tributarias y laborales excesivas, y construir un Estado más ágil, con menos ministerios y mayor eficiencia.
APM Terminals Callao implementó un sistema de detección de peatones con IA en el Muelle Norte, convirtiéndose en el primer puerto del país en usar esta tecnología para reforzar la seguridad en operaciones de carga.
IA aplicada a la seguridad portuaria
APM Terminals Callao anunció la incorporación de un sistema de detección de peatones con inteligencia artificial en el Muelle Norte, destinado a prevenir accidentes durante las operaciones de carga general y contenerizada. Con esta implementación, el terminal se convierte en el primer puerto del Perú en integrar IA de manera activa en sus procesos operativos.
Alan Iwaki, HS Manager de APM Terminals Callao, señaló que en un entorno de operación continua y alta dinámica, la adopción de nuevas tecnologías resulta clave para proteger a los trabajadores y asegurar la continuidad operativa del terminal.
Cómo funciona el sistema de detección inteligente
El sistema utiliza sensores, cámaras y algoritmos de inteligencia artificial para escanear los puntos ciegos de la maquinaria pesada. A partir del análisis de imágenes en tiempo real, identifica la presencia de peatones en zonas de riesgo, con rangos de detección que varían entre siete y doce metros según el tipo de equipo.
Cuando se detecta una posible situación de colisión, el sistema activa alertas sonoras y visuales tanto para el operador como para el peatón, permitiendo una reacción inmediata que reduce significativamente el riesgo de incidentes.
Tecnología Blaxtair y monitoreo en tiempo real
Desde la empresa destacaron que la tecnología IA provista por los equipos Blaxtair permite identificar personas alrededor de equipos de gran tonelaje en tiempo real. Esta capacidad resulta especialmente relevante en espacios donde conviven peatones y maquinaria pesada, uno de los principales focos de riesgo en la operación portuaria.
Una tendencia global en sectores de alto riesgo
La implementación se alinea con una tendencia internacional de adopción de inteligencia artificial en industrias como minería, construcción y logística, sectores donde la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cobra un rol estratégico en la modernización de procesos y en la reducción de accidentes laborales.
Con esta iniciativa, APM Terminals Callao reafirma su compromiso con la protección de las personas, la eficiencia operativa y la incorporación de soluciones innovadoras que contribuyan a elevar los estándares de seguridad del sistema portuario peruano.
