El Ejecutivo incluyó en un proyecto de crédito suplementario una medida que limitaría los acuerdos económicos de negociaciones descentralizadas para asegurar responsabilidad fiscal al cierre del mandato.
Mientras las organizaciones sindicales y representantes del Gobierno continúan con la negociación colectiva para definir beneficios laborales y mejoras remunerativas para el 2027, el Ejecutivo presentó una propuesta que cambiaría la aplicación de futuros aumentos y bonos pactados con trabajadores estatales.
La iniciativa fue incluida en el proyecto de crédito suplementario enviado al Congreso y establece que los acuerdos económicos derivados de negociaciones colectivas descentralizadas realizadas durante 2026 solo tengan vigencia dentro del presupuesto del año fiscal 2027.
Medida apunta a controlar impacto fiscal de nuevos compromisos
La disposición plantea que los incrementos salariales, bonos u otros beneficios con impacto económico tengan carácter temporal y no generen obligaciones permanentes para los siguientes años. El objetivo, según el proyecto, es garantizar la responsabilidad fiscal durante el cierre del actual periodo de gobierno.
La medida señala que los acuerdos alcanzados en negociaciones colectivas descentralizadas por ámbito territorial o entidad pública deberán limitar su impacto presupuestario al ejercicio fiscal 2027. También establece que esta condición deberá ser considerada en la emisión de laudos arbitrales.
Negociación centralizada de trabajadores estatales quedaría fuera
El Ejecutivo precisó que la medida no alcanzaría a la negociación colectiva centralizada que actualmente se desarrolla con las cinco principales confederaciones de trabajadores estatales.
Tampoco se aplicaría a las negociaciones descentralizadas de los servidores públicos pertenecientes a las carreras especiales de Educación y Salud, sectores que mantendrían sus propios procesos de negociación.
Trabajadores y Gobierno mantienen posiciones distintas
En la negociación colectiva centralizada, el Gobierno ha planteado aumentos de S/50, S/75 y S/100 para distintos grupos de trabajadores de los gobiernos nacional, regional y local. Para los servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, la propuesta contempla incrementos diferenciados de S/125, S/180 y S/195.
Por su parte, las confederaciones sindicales han presentado una contrapropuesta que solicita un incremento de S/519 para todos los trabajadores estatales.
