El sector agroexportador mantiene un margen de resiliencia, aunque no está exento de riesgos.
La crisis política desatada tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte ha encendido las alarmas en los sectores productivos más relevantes del país, especialmente la minería y la agricultura, pilares fundamentales de la economía peruana. La incertidumbre institucional genera preocupación en torno a la estabilidad jurídica, las inversiones y la continuidad de proyectos estratégicos.
El sector minero, responsable de más del 60% de las exportaciones nacionales, es uno de los más sensibles ante el nuevo escenario. Perú, segundo productor mundial de cobre y líder en oro, zinc y plata, enfrenta ahora un clima de incertidumbre respecto a las políticas ambientales, los permisos operativos y la gestión de conflictos sociales en regiones mineras. Aunque no se han registrado paralizaciones masivas, algunas compañías reportan dificultades logísticas y tensiones locales. La inestabilidad eleva la prima de riesgo país y podría retrasar inversiones por miles de millones de dólares, afectando la competitividad frente a otros mercados emergentes.
“La destitución de Boluarte confirma un patrón recurrente de fragilidad institucional en el Perú. La figura de la “incapacidad moral permanente” vuelve a ser usada como mecanismo de cambio político, debilitando la continuidad gubernamental y deteriorando la confianza del sector privado. Cada vacancia presidencial implica un reajuste en la percepción de riesgo y un freno en la inversión, especialmente en sectores intensivos en capital como la minería y la infraestructura”, agregó Matias Quezada, Trading Executive de Capitaria.
Por su parte, el sector agroexportador mantiene un margen de resiliencia, aunque no está exento de riesgos. Las exportaciones de frutas, hortalizas y otros productos agrícolas continúan beneficiándose de una demanda internacional sólida; sin embargo, la cadena logística podría verse afectada si se agravan las protestas o bloqueos de carreteras. La falta de claridad política también podría limitar nuevas inversiones en tecnología, irrigación y financiamiento rural, especialmente si se interrumpen los programas estatales durante la transición.
“El reto inmediato del nuevo Ejecutivo será reconstruir la confianza y garantizar estabilidad económica. La minería, la agricultura y el mercado cambiario necesitan señales firmes de continuidad institucional para evitar un deterioro mayor. Con la mirada puesta en los mercados internacionales, Perú enfrenta nuevamente el desafío de reafirmar su compromiso con la seguridad jurídica, la inversión privada y la sostenibilidad económica que le han permitido ser uno de los motores productivos de la región”, concluyó Quezada.
