Un informe reciente revela los avances del sector gasífero peruano y advierte los desafíos que deberán enfrentar el Estado y la próxima gestión.
Crecimiento que transforma la matriz energética
El sector del gas natural se consolidó como una de las fuentes de energía más relevantes del Perú durante los últimos años. El informe InfoGas Perú, presentado por Promigas Perú y Quavii, destaca que en 2024 el país alcanzó dos millones cuatrocientos veinte mil clientes, un incremento de trece por ciento respecto al año anterior, impulsado principalmente por conexiones residenciales. La cobertura benefició a más de ocho millones cien mil personas, cerca del veinticuatro por ciento de la población nacional. El uso vehicular también mostró avances con un parque de gas natural comprimido que superó las cuatrocientas noventa y tres mil unidades.
Reservas sólidas con retos de reposición
El estudio subraya que el abastecimiento está asegurado en el mediano plazo gracias a reservas probadas estimadas en siete punto cuatro Tpc al cierre de 2024, suficientes para quince años de consumo al ritmo actual. Sin embargo, las inversiones en exploración siguen rezagadas. De los quinientos sesenta y cinco millones de dólares invertidos en el segmento upstream durante 2024, solo cuarenta millones se destinaron a exploración. Entre 2010 y 2019 esta actividad superaba un promedio anual de cuatrocientos millones. El Lote 58 aparece como una oportunidad cercana para fortalecer la seguridad energética con reservas contingentes de tres punto seis Tpc que podrían convertirse en reservas probadas y generar más de dos mil millones de soles en regalías hasta 2044.
Demanda interna limitada y reinyección creciente
Para atraer inversiones sostenidas, el país necesita desarrollar mayor demanda interna. En 2024 se reinyectaron alrededor de doscientos noventa millones de pies cúbicos diarios, un volumen equivalente a toda la demanda industrial actual. Este comportamiento revela el potencial no aprovechado del recurso y la necesidad de una política que incentive el consumo en sectores productivos.
Brecha territorial y diferencias tarifarias
El informe advierte que el avance de la masificación sigue siendo desigual. Mientras Lima y Callao concentran la mayor cobertura, en el resto del país solo se alcanza el siete por ciento. La expansión hacia regiones es clave para cerrar brechas y asegurar un crecimiento equilibrado. Proyectos como la Extensión Sur del gasoducto y la iniciativa de siete regiones buscan llevar infraestructura y reducir las diferencias en el costo del servicio. Hoy las tarifas industriales muestran una fuerte disparidad. Lima y Callao pagan un promedio de seis dólares por millón de BTU, mientras que en la zona norte el costo asciende a doce dólares y en el suroeste supera los diecisiete. Las regiones sin ductos dependen del transporte virtual, lo que incrementa los costos logísticos y encarece el precio final.
Regulación y confianza para la inversión
El entorno regulatorio es uno de los puntos más sensibles. El informe señala que recientes revisiones no han reconocido todas las inversiones ejecutadas, generando incertidumbre en los concesionarios. La concesión norte se muestra como un caso reciente en el que decisiones regulatorias pueden comprometer la continuidad de la masificación. En el suroeste, la falta de previsibilidad llevó al retiro del concesionario y detuvo el avance del servicio. Para fortalecer la confianza se requiere un esquema con gradualidad y reglas claras, similar a los implementados en otros países de la región.
Financiamiento social y riesgos normativos
El Fondo de Inclusión Social Energético desempeña un papel clave en la masificación. Durante el último año financió doscientas cuarenta y un mil nuevas conexiones, de las cuales doscientas treinta y seis mil fueron residenciales, además de ciento cuarenta y un mil conversiones vehiculares. El informe alerta sobre la importancia de mantener la estabilidad de estos recursos y señala que el Proyecto de Ley 9268 podría limitar su alcance si se aprueba sin ajustes técnicos.
Perspectiva hacia la próxima gestión
El sector ha demostrado su capacidad para impulsar competitividad, sostenibilidad y bienestar social. Sin embargo, para sostener su crecimiento se requiere continuidad política, estabilidad regulatoria y una estrategia que aborde exploración, tarifas, infraestructura y financiamiento. El informe plantea que las decisiones tomadas antes y después de las elecciones de 2026 serán determinantes para consolidar un desarrollo energético sostenible y equitativo.
