El combustible representa entre el 30% y el 50% de los costos operativos diarios.
La interrupción en el suministro de gas natural proveniente de Camisea ya está generando un efecto dominó en la economía urbana. La reducción del abastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) en Lima y Callao viene afectando la operación de miles de unidades de transporte, empresas logísticas y estaciones de servicio que dependen de este combustible para sostener sus actividades diarias.
La abogada tributarista Haydee Injante, especialista de Enfoque Contable, explicó que el impacto ya comienza a trasladarse al costo final de bienes y servicios.
“Cuando aumenta el costo del transporte y de la logística, inevitablemente ese incremento termina reflejándose en los precios que pagan los consumidores. Este es un efecto dominó que comienza en la energía y termina impactando en el costo de vida”, señaló.
Según Injante, los sectores más afectados en su flujo de caja son los taxis y servicios de transporte por aplicativo, el transporte urbano que opera con vans o combis, las empresas de reparto y delivery, las pequeñas empresas logísticas con flotas convertidas a GNV y las estaciones de servicio cuya principal fuente de ingresos es la venta de este combustible.
La especialista indicó que, en muchas de estas actividades, el combustible representa entre el 30% y el 50% de los costos operativos diarios. Ante el desabastecimiento temporal de GNV, numerosas unidades han tenido que migrar a combustibles como gasolina o GLP, cuyo costo por kilómetro recorrido puede ser entre dos y tres veces mayor.
En ese contexto, Injante explicó que el impacto en el flujo de caja ya se refleja en incrementos de costos diarios estimados de entre 30% y 50% para taxis y plataformas de transporte por aplicativo, entre 20% y 35% para el transporte urbano, entre 15% y 30% para empresas de reparto y logística urbana, y entre 20% y 40% para pequeñas empresas con flotas de transporte.
En el caso de las estaciones de servicio que dependen principalmente del GNV, la especialista advirtió que la caída en sus ingresos podría alcanzar entre 60% y 80%, debido a la reducción en la demanda del combustible.
Para Injante, esta coyuntura también pone en evidencia debilidades en la planificación energética del país. “La crisis actual demuestra que la seguridad energética no puede depender de una sola infraestructura crítica. Cuando falla un componente del sistema, los efectos se trasladan rápidamente a toda la economía. La seguridad energética debe entenderse como un servicio público esencial que requiere planificación, previsión y mecanismos de contingencia”, concluyó.
