Pekín impone tarifas recíprocas a los buques de propiedad o bandera estadounidense, en respuesta a las medidas de Washington. La nueva ronda de sanciones se aplicará desde el 14 de octubre.
China ha devuelto el golpe. El Ministerio de Transporte anunció la imposición de tarifas portuarias recíprocas a los buques de propiedad, operación o bandera estadounidense que atraquen en puertos chinos, en respuesta directa a las tasas que Estados Unidos planea aplicar sobre embarcaciones chinas a partir del 14 de octubre.
De acuerdo con el comunicado oficial, los barcos estadounidenses pagarán 400 yuanes (unos 56 dólares) por tonelada neta y por viaje, con un máximo de cinco viajes anuales. El monto escalará progresivamente hasta 1.120 yuanes (157 dólares) por tonelada en 2028, igualando la estructura tarifaria que Washington busca imponer.
El ministerio calificó la medida como una “contramedida” ante las prácticas erróneas y discriminatorias de Estados Unidos, argumentando que las tarifas de Washington “dañan los intereses legítimos de la industria naviera china” y “socavan el orden económico internacional”.
El anuncio se produce a días de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, prevista al margen del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur. Pekín ya había anticipado su tono de confrontación con nuevas restricciones a la exportación de tierras raras, baterías de litio y equipos de producción, ampliando la disputa más allá del ámbito marítimo.
Según el plan estadounidense, los buques chinos enfrentarán un cargo inicial de 50 dólares por tonelada neta, que aumentará en 30 dólares anuales hasta 2028. En ese contexto, los analistas de Reddal y Alphaliner advierten que las medidas cruzadas podrían elevar los costos logísticos globales hasta en 3.200 millones de dólares anuales para las principales navieras del mundo, aunque el impacto directo sobre el comercio bilateral aún es incierto.
Expertos señalan que, si bien Estados Unidos solo representa el 0,1% del mercado global de construcción naval, la medida tiene un fuerte componente simbólico y político, ya que apunta a debilitar los flujos marítimos en un momento de creciente rivalidad económica.
Con esta nueva escalada, la competencia comercial entre las dos potencias entra en una etapa más agresiva, donde los puertos se convierten en el nuevo frente de disputa.
