SPDA alerta que la propuesta para modificar las leyes sobre indígenas en aislamiento y áreas naturales protegidas porque podrían en peligro la vida de los PIACI y abrirían la posibilidad de recortar parques nacionales como el Manu y Bahuaja Sonene.
La solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo al Congreso plantea cambios que podrían debilitar mecanismos de protección ambiental y generar impactos sobre áreas naturales protegidas, pueblos indígenas y el aprovechamiento de recursos naturales, advirtió la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Tras analizar el proyecto de ley y, especialmente, su exposición de motivos, la organización identificó como principales puntos de preocupación la aplicación del silencio administrativo positivo en procedimientos de evaluación ambiental, las modificaciones a la legislación sobre áreas naturales protegidas (ANP) y pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), así como disposiciones relacionadas con concesiones forestales y derechos territoriales indígenas.
Uno de los aspectos que genera mayor alerta es la posibilidad de aplicar el silencio administrativo positivo a determinadas certificaciones ambientales y opiniones técnicas vinculantes. Esto significaría que, ante la falta de respuesta de una entidad dentro del plazo establecido, una solicitud podría considerarse aprobada automáticamente.
Para la SPDA, esta figura resulta incompatible con la naturaleza preventiva de la evaluación ambiental, pues podría impedir un análisis técnico de los impactos ambientales y sociales de los proyectos de inversión.
“Simplificar no puede ser sinónimo de eliminar controles ni de reemplazar el criterio técnico por el simple paso del tiempo”, señaló Isabel Calle, directora ejecutiva de la SPDA.
En el caso de la Ley PIACI, la SPDA señaló que los cambios propuestos para garantizar la continuidad de actividades de hidrocarburos no evalúan adecuadamente los riesgos que el ingreso de personal, equipos o contratistas podría generar sobre la vida, salud, integridad y autodeterminación de estos pueblos.
Asimismo, cuestiona la propuesta de modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas con el fin de abrir la posibilidad de recortar estos espacios para priorizar actividades extractivas vinculadas a hidrocarburos, como ya se ha intentado anteriormente a través de proyectos de ley. Esto apunta claramente al Parque Nacional Bahuaja Sonene, la Reserva Comunal Amarakaeri, y el Parque Nacional del Manu, que abarcan territorios de Madre de Dios, Puno y Cusco. Y luego podría convertirse en una práctica habitual.
Además, alertó que la propuesta de otorgar prevalencia a bosques de producción permanente y concesiones forestales frente a determinados “derechos posteriores e incompatibles” podría desconocer derechos territoriales indígenas preexistentes.
“Un Estado no es mejor si resuelve más rápido a cualquier costo, sino cuando resuelve bien, con información, criterio técnico y cuidando aquello que, una vez perdido, ya no se recupera”, sostuvo Calle Valladares.
Finalmente, consideró que el debate en el Congreso debe evaluar cuidadosamente los alcances de las facultades solicitadas y asegurar que la simplificación administrativa contribuya a un Estado más eficiente sin reducir los estándares de protección ambiental ni afectar derechos fundamentales.
