El país tiene 66 proyectos mineros por US$64.075 millones, pero la conflictividad y las demoras administrativas condicionan su financiamiento.
La inversión minera en Perú enfrenta desafíos que pueden afectar la evaluación y el financiamiento de los proyectos, pese al potencial geológico del país. Entre los principales riesgos figuran los conflictos sociales, la minería ilegal e informal, las demoras en los permisos y la falta de coordinación entre las entidades públicas.
En agosto de 2026, Perú registró 188 conflictos sociales, de los cuales 92 fueron socioambientales. De estos últimos, el 66,3% estuvo relacionado con la actividad minera, según la Defensoría del Pueblo. Esta situación cobra relevancia ante una cartera de 66 proyectos mineros distribuidos en 19 departamentos, con una inversión estimada de US$64.075 millones, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Para los inversionistas y las entidades financieras, el potencial geológico y la rentabilidad no son los únicos factores que determinan la viabilidad de un proyecto. También evalúan su situación regulatoria, los derechos sobre los activos, los pasivos existentes y la gestión social y ambiental. Estos elementos influyen directamente en las condiciones y la estructura del financiamiento.
“Lo que hace realmente distintivo un financiamiento en el sector minero es entender los temas regulatorios y los riesgos del proyecto, porque eso determina la estructura de la operación y el contenido de los contratos. También es fundamental tener claramente identificados los activos, los flujos y los pasivos, así como la gestión social”, señala Nydia Guevara, socia de Banca y Finanzas, Mercado de Valores y Fintech de Hernández & Cía.
Los permisos y la coordinación estatal condicionan la inversión minera en Perú
A los riesgos sociales se suman las dificultades administrativas. Aunque el marco legal peruano ofrece protecciones relevantes para la inversión, los procedimientos engorrosos, las demoras y la falta de articulación entre instituciones pueden elevar la incertidumbre y dificultar el desarrollo de los proyectos.
“El marco legal peruano tiene décadas, está consolidado y respaldado por una industria de mucha trayectoria, de modo que es en general atractivo para la inversión minera. Dicho eso, las principales fricciones aparecen en la operación: permisos que demoran, instituciones que no coordinan y procedimientos engorrosos o redundantes. La tarea es mejorar la eficiencia y reducir plazos sin debilitar los estándares ambientales y sociales”, sostiene Sergio Cueva, socio de Minería de Hernández & Cía.
La predictibilidad de los trámites y la coordinación entre entidades públicas son, por tanto, aspectos relevantes para que los proyectos puedan avanzar. La agilización de los procedimientos, según el especialista, debe realizarse sin reducir las exigencias ambientales y sociales.
Conflictos sociales y minería ilegal afectan la confianza de los inversionistas
La conflictividad, los bloqueos y la minería ilegal e informal también repercuten en la percepción internacional del país. Abordar estos problemas requiere una respuesta articulada del Estado y una gestión temprana de los riesgos sociales y regulatorios por parte de las empresas.
“Perú cuenta con un marco regulatorio y una trayectoria minera que generan confianza. Los puntos débiles que veo desde fuera son la minería ilegal e informal y los conflictos sociales, incluidos los bloqueos prolongados; son problemas que el país debe resolver para mantener su atractivo”, afirma Shawn Doyle, principal de la práctica de América Latina de McCarthy Tétrault.
En ese contexto, mejorar la coordinación entre las instituciones, agilizar los procedimientos y fortalecer la gestión social son medidas necesarias para dar mayor predictibilidad a los proyectos. En un mercado internacional competitivo, estas condiciones pueden influir en la decisión de financiar una iniciativa y concretar una inversión minera en el país.
