El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, cuestionó los resultados de la estrategia estatal y planteó cambios para combatir las economías ilícitas en la Amazonía.
La minería ilegal e informal de oro ya supera en volumen a la producción minera formal y mueve más de US$12.000 millones, según advirtió el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde. Durante su presentación en la Expo Amazónica Ucayali 2026, el funcionario reconoció que las estrategias del Estado peruano para erradicar las economías ilícitas no han conseguido resultados sostenibles.
El titular del Ministerio de Defensa (Mindef) explicó que los operativos contra el narcotráfico y los programas de desarrollo alternativo no han logrado frenar estas actividades. Como ejemplo, mencionó las acciones del Comando Unificado del Putumayo y Mariscal Castilla (CU-PUMA), que reducen las áreas de cultivo de hoja de coca, pero no consiguen evitar que estas economías vuelvan a desarrollarse.
“Las políticas que se han desplegado, hasta el momento, no han surtido efecto. Por ejemplo, tenemos una fuerza represiva muy fuerte a través del CU-PUMA. Reducen las áreas de cultivo de hoja de coca y se dinamitan. Después se promueve un programa de desarrollo alternativo que, lamentablemente, no es sostenible en el tiempo. Quizá durará unos meses y, al final, fracasa porque no hay la infraestructura para integrar esos proyectos a la gran economía nacional”, comentó.
Minería ilegal supera a la producción formal de oro
Belaúnde identificó a la minería ilegal como uno de los principales problemas en la Amazonía. Indicó que las organizaciones criminales han trasladado parte de su financiamiento del narcotráfico hacia la protección de dragas mineras en zonas fronterizas.
En declaraciones a Gestión, el ministro sostuvo que la extracción ilegal e informal de oro supera en volumen a la producción minera formal y genera un movimiento económico superior a los US$12.000 millones.
El funcionario explicó que las plantas que procesan el mineral declaran más del doble de lo reportado por las minas. A su juicio, esta diferencia evidencia el ingreso de mineral de origen no formal al circuito de procesamiento.
“Las plantas que procesan el mineral declaran más del doble de lo que declaran las minas. Esto muestra que está entrando mineral de origen no formal. Eso equivale a más de US$12.000 millones de mineral. La gran afectación es el uso indiscriminado del mercurio que se utiliza para procesar el oro”, refirió.
El precio internacional del oro, cercano a los US$4.000 por onza, también dificulta la lucha contra esta actividad. Belaúnde reconoció que competir económicamente contra la minería ilegal resulta complejo y que patrullar militarmente decenas de miles de kilómetros de ríos es “materialmente imposible”.
¿Qué plantea el Gobierno para combatir la minería ilegal?
Ante este escenario, Belaúnde sostuvo que la estrategia estatal debe conseguir que “la formalidad sea mejor negocio que la informalidad”. Para ello, consideró necesario mejorar la conectividad fluvial, vial y ferroviaria, de modo que las actividades legales puedan trasladar sus productos a los mercados con menores costos.
Entre los proyectos mencionó la mejora de la carretera que conecta Atalaya con Puerto Copa y Mazamari. Según explicó, este tipo de infraestructura permitiría integrar las zonas productivas a la economía formal y reducir su dependencia de actividades vinculadas al narcotráfico.
En el caso de la minería ilegal aluvial, el ministro planteó que el Estado debe concentrarse en controlar los elementos que permiten operar a las dragas, como el combustible que utilizan para desplazarse y procesar el material extraído de los ríos.
Asimismo, propuso impulsar la formalización de la minería artesanal en determinadas zonas. Una de las alternativas sería instalar plantas formales de procesamiento que permitan recuperar el oro sin utilizar mercurio.
Mindef plantea modificar criterios para enfrentar a organizaciones criminales
Entre las medidas que impulsa el Mindef también figura una modificación de los criterios para definir a una organización criminal. La propuesta forma parte de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo.
Belaúnde explicó que se busca que las organizaciones que controlen territorios mediante actividades ilícitas puedan ser consideradas “grupos hostiles” y convertirse en objetivos militares.
El planteamiento apunta a incorporar nuevas herramientas para enfrentar a las estructuras criminales que operan en la Amazonía y obtienen recursos de actividades como el narcotráfico y la minería ilegal.
