La Cámara de Comercio de Lima exhorta al Congreso a archivar el Proyecto de Ley N° 31-2026-2031-CD, que generaría sobrecostos y afectaría la sostenibilidad de las empresas. Gremio reafirma su compromiso con la defensa de la empresa formal, la libertad de empresa y una regulación laboral equilibrada.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL), en su permanente labor de representación y defensa del sector empresarial, remitió al Congreso de la República su posición institucional respecto del Proyecto de Ley N.° 31-2026-2031-CD, iniciativa que propone ampliar las licencias laborales para el acompañamiento de familiares a cualquier atención de salud. La opinión fue recientemente presentada a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, atendiendo una solicitud formal de dicho grupo parlamentario.
La CCL reconoce la importancia de promover medidas que permitan conciliar adecuadamente las responsabilidades familiares y laborales. Sin embargo, considera indispensable que toda nueva obligación sea evaluada integralmente, eso es sígnica también desde sus efectos sobre la continuidad de las actividades productivas, la generación de empleo, la sostenibilidad empresarial y las libertades de iniciativa privada y de empresa reconocidas constitucionalmente.
La iniciativa plantea un nuevo permiso remunerado de hasta cuatro horas por evento y hasta ocho veces al año, aplicable a “cualquier atención de salud” de un familiar directo. En su utilización máxima, ello representaría hasta 32 horas anuales de ausencia remunerada por trabajador, además de los costos indirectos vinculados con reemplazos, horas extras, reorganización de funciones, retrasos operativos y eventuales pérdidas de productividad, impactos que pueden ser especialmente relevantes para las micro y pequeñas empresas.
El informe técnico del gremio empresarial también advierte que la iniciativa extendería la licencia excepcional por cáncer —que puede alcanzar hasta un año— a un universo considerablemente mayor de familiares, sin que el proyecto presente estudios económicos o actuariales que permitan determinar su sostenibilidad. Tampoco se estima adecuadamente el impacto sobre los empleadores, que financian los primeros 21 días, ni sobre EsSalud, encargado de cubrir el periodo restante conforme al régimen vigente.
Para la CCL, este debate se debe analizar en el marco de una problemática más amplia: el elevado costo y complejidad de la contratación formal en el Perú. El informe recuerda que el 69,8% de la población ocupada se encontraba en situación de informalidad durante el periodo abril de 2025-marzo de 2026 y recoge la recomendación de la OCDE de reducir los costos de los empleos formales y las cargas regulatorias que enfrentan las empresas como parte de una estrategia de formalización.
En esa línea, el gremio sostiene que las políticas laborales deben buscar un equilibrio entre la necesaria protección de los trabajadores y la capacidad de las empresas para contratar, mantener puestos de trabajo, invertir y crecer. La incorporación sucesiva de nuevas obligaciones sin una evaluación integral de su impacto puede terminar encareciendo la formalidad y generando incentivos contrarios al objetivo de ampliar el empleo formal.
La actuación de la CCL frente a esta iniciativa forma parte de su trabajo permanente de seguimiento legislativo y formulación de propuestas técnicas ante los poderes públicos, orientado a defender la seguridad jurídica, la libertad de empresa, la inversión privada, la productividad y una economía de mercado capaz de generar más empleo formal y bienestar para los peruanos.
Por estas razones, ha expresado formalmente su opinión contraria al Proyecto de Ley N.° 31-2026-2031-CD y ha recomendado su no aprobación y archivo, al considerar que establece nuevas cargas económicas y organizativas sin el debido sustento técnico y financiero.
