La SNMPE alertó que modificaciones aprobadas en comisión del Congreso afectarían la seguridad jurídica, la competitividad y podrían frenar el desarrollo de la minería formal en el Perú.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía expresó su rechazo a las recientes modificaciones a la Ley General de Minería aprobadas por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, al considerar que estas medidas no fortalecen el régimen de concesiones, sino que pondrían en riesgo el desarrollo de la minería formal.
El gremio advirtió que el dictamen aprobado “en la práctica quiebra el régimen de concesiones mineras”, lo que podría generar una contracción de inversiones y comprometer la ejecución de la cartera de proyectos estimada en US$ 63 mil millones para los próximos años.
Riesgos para la inversión y seguridad jurídica
Según la SNMPE, las modificaciones representan una grave vulneración a la seguridad jurídica. Asimismo, cuestionó los argumentos que sostienen que la mayor parte del territorio nacional se encuentra concesionado o que existen concesiones ociosas, señalando que actualmente solo el 16% del territorio está bajo concesión minera.
En esa línea, el gremio consideró que reducir de 30 a 15 años el plazo para poner en operación un proyecto minero evidencia un desconocimiento del sector, dado que en el Perú el desarrollo de un proyecto puede tomar hasta 40 años, incluyendo más de 11 años en trámites y permisos.
Impacto en competitividad del sector
Otro punto crítico es la propuesta de incrementar el derecho de vigencia hasta en 300% y la penalidad hasta en 400%, lo que —según el gremio— afectaría la competitividad del país frente a otras jurisdicciones mineras.
Actualmente, las empresas mineras en el Perú ya pagan hasta cuatro veces más por mantener una concesión en comparación con países como Chile, Canadá, México o Sudáfrica, lo que podría desalentar nuevas inversiones en el sector.
Llamado al Congreso y riesgo de minería ilegal
Finalmente, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía exhortó al Congreso de la República a desistir de aprobar normas que, a su juicio, afectarían a uno de los principales sectores productivos del país.
Asimismo, instó a la Comisión de Energía y Minas a priorizar el debate técnico de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y Mediana Minería (Ley MAPE), advirtiendo que las medidas actuales podrían favorecer la expansión de la minería ilegal en lugar de combatirla.
