El limitado presupuesto asignado a la Autoridad Nacional de Infraestructura podría retrasar o paralizar obras estratégicas de prevención frente a inundaciones, advirtió el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima.
La Autoridad Nacional de Infraestructura enfrenta un escenario fiscal complejo para el año 2026. De acuerdo con un análisis del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las restricciones presupuestales pondrían en riesgo la ejecución de 30 proyectos de defensa ribereña y drenaje pluvial valorizados en S/11 137 millones, fundamentales para reducir el impacto de eventos climáticos extremos como el Fenómeno de El Niño Costero.
Brecha entre presupuesto y cartera de proyectos
Para el año fiscal 2026, la ANIN cuenta con un presupuesto de inversión de S/2 895 millones. Sin embargo, las inversiones programadas para el mismo periodo ascienden a S/7 950 millones, lo que genera un déficit estimado de S/5 055 millones. Esta brecha presupuestal no sería un problema aislado, ya que el IEDEP proyecta déficits adicionales de S/5 185 millones en 2027 y S/3 322 millones en 2028.
Según explicó Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL, esta situación obligaría a priorizar proyectos, reprogramar cronogramas o buscar financiamiento adicional, incrementando el riesgo de retrasos y paralizaciones.
Obras críticas en regiones vulnerables
Del total de 30 proyectos identificados, S/5 831 millones aún se encuentran pendientes de ejecución, un monto que supera el presupuesto institucional asignado para 2026. Entre las iniciativas más relevantes en riesgo se encuentran el servicio de protección ante inundaciones en los ríos Casma, Sechín y Grande, en Áncash, con una inversión de S/1 017 millones, así como el proyecto de protección ante inundaciones del río Huarmey, en los distritos de Huarmey y Huayán, con una inversión de S/807 millones.
También destacan la protección contra inundaciones en la quebrada San Ildefonso, en Trujillo, La Libertad, con una inversión de S/945 millones, y el proyecto del río Cañete, en Lima, valorizado en S/553 millones. De concretarse estas obras, beneficiarían a cerca de 97 000 personas.
Impacto económico y social
El IEDEP advierte que una ejecución lenta o la paralización de estas inversiones no solo afecta la eficiencia del gasto público, sino que expone a diversas regiones del país a mayores pérdidas económicas y sociales ante eventos climáticos extremos. En ese contexto, la prevención resulta clave para reducir daños futuros y proteger a poblaciones vulnerables.
Para el instituto, el principal reto de la ANIN en 2026 será optimizar la asignación de recursos, fortalecer la gestión de proyectos y garantizar la continuidad de las inversiones, evitando que las limitaciones presupuestales frenen obras consideradas estratégicas para la seguridad y el desarrollo del país.
