Petroperú informó que en lo que va del año 2025 se han registrado cuatro atentados contra la infraestructura del Oleoducto Norperuano (ONP), generando no solo pérdidas económicas millonarias, sino también un grave riesgo para el medio ambiente y la salud pública.
Solo su operación demanda más de 120 millones de dólares anuales, según la petrolera estatal. Sin embargo, recientes actos vandálicos, como el ocurrido el pasado 27 de mayo en la comunidad nativa Sinchi Roca (Loreto), han provocado nuevas fugas de crudo, agravando la situación ambiental tras la manipulación deliberada de una grapa de seguridad instalada tras un ataque previo.
Petroperú denunció que estos actos se utilizan como mecanismos de presión para exigir financiamiento de proyectos comunales, lo cual excede las competencias de la empresa. En este contexto, la estatal exige que las autoridades actúen con urgencia para salvaguardar este Activo Crítico Nacional (ACN).
La situación ha escalado a tal punto que el personal de Petroperú ha sido impedido de realizar labores de limpieza y recolección, enfrentando incluso retenciones y amenazas, a pesar de los esfuerzos de diálogo sostenidos junto a la PCM y la Defensoría del Pueblo.
La protección de la infraestructura energética es clave para la sostenibilidad económica, la seguridad ambiental y la gobernabilidad territorial.
¿Qué se necesita? Una acción coordinada entre el Estado, las comunidades y el sector privado que garantice la seguridad operativa sin ceder a presiones que comprometan la institucionalidad.
