ProInversión y el Gobierno Regional de Junín presentan 16 proyectos en educación, salud, saneamiento y conectividad bajo el mecanismo OxI.
La ProInversión, en coordinación con el Gobierno Regional de Junín, presentó una cartera de 16 proyectos por más de S/ 841 millones bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), con el objetivo de acelerar el cierre de brechas en infraestructura y mejorar la calidad de vida en la región.
El anuncio se realizó durante el evento “Junín Invierte”, donde se destacaron iniciativas orientadas principalmente a los sectores de educación, salud, saneamiento y conectividad, considerados estratégicos para el desarrollo territorial.
Enfoque en educación, salud y servicios básicos
Dentro de la cartera, sobresalen proyectos de mejoramiento y ampliación de servicios educativos en niveles inicial, primaria y secundaria en centros poblados, con el fin de garantizar mejores condiciones de aprendizaje, especialmente en zonas rurales.
Estas intervenciones se complementan con obras de agua potable y desagüe en áreas alejadas, lo que permitirá impactar directamente en la salud y bienestar de la población. Asimismo, se contemplan espacios para la práctica deportiva y recreativa en estadios municipales, fortaleciendo el desarrollo social en distintas localidades.
En el ámbito de seguridad, se incluye el mejoramiento del servicio de investigación criminal en la Oficina de Criminalística de Huancayo de la Policía Nacional del Perú, así como el fortalecimiento de los servicios de atención de salud en la región.
Infraestructura y conectividad para dinamizar la economía
En materia de conectividad, uno de los proyectos emblemáticos es la construcción del puente Hatun Malca sobre el río Mantaro, infraestructura que permitirá mejorar el acceso a diversos centros poblados y dinamizar la actividad económica local.
Estas inversiones buscan no solo reducir brechas de infraestructura, sino también generar condiciones para una mayor integración territorial y competitividad regional.
Capacidad para atraer inversión privada
Junín cuenta con una capacidad anual de hasta S/ 3,056 millones para ejecutar proyectos mediante Obras por Impuestos. De este total, el Gobierno Regional dispone de S/ 2,106 millones, los gobiernos locales de S/ 920 millones y las universidades públicas de S/ 30 millones.
Este margen representa una oportunidad relevante para atraer inversión privada y acelerar la ejecución de proyectos de alto impacto, en un contexto donde el mecanismo OxI se consolida como una herramienta clave para el desarrollo descentralizado.
Las RIN del Banco Central de Reserva del Perú alcanzan US$ 100,076 millones, consolidando uno de los niveles más altos de la región frente al tamaño de la economía.
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Perú alcanzaron un nuevo máximo histórico al superar por primera vez los US$ 100,000 millones. Según el Banco Central de Reserva del Perú, al 15 de abril las reservas llegaron a US$ 100,076 millones, posicionando al país dentro de un grupo reducido de menos de 30 economías a nivel global que superan este umbral.
Este resultado marca un hito relevante para la estabilidad macroeconómica, al representar cerca del 35% del PBI, uno de los ratios más elevados en comparación con economías de la OCDE. Para José Bueno, catedrático de Finanzas, este logro destaca por producirse en un contexto de incertidumbre política, lo que añade presión sobre la evolución del tipo de cambio.
Crecimiento acelerado de las reservas
El nivel actual refleja un crecimiento significativo en los últimos años. A finales de 2023, las RIN se ubicaban en poco más de US$ 71,000 millones, lo que implica un incremento de aproximadamente 43%, equivalente a cerca de US$ 29,000 millones en poco más de dos años.
Este ritmo de acumulación supera ampliamente el promedio histórico cercano a los US$ 75,000 millones, impulsado por factores vinculados al desempeño del sector externo, mayores ingresos por exportaciones y la política de intervención cambiaria del banco central.
Composición del portafolio
En términos de estructura, las reservas están compuestas en un 73% por bonos internacionales —principalmente de Estados Unidos—, un 21% en depósitos en bancos del exterior y un 6% en oro.
La evolución futura de las RIN estará condicionada por variables clave como los precios de exportación, los flujos de capital y las decisiones de política monetaria del BCR, en un entorno global aún marcado por volatilidad.
Señal de fortaleza macroeconómica
El récord alcanzado refuerza la capacidad del país para enfrentar choques externos, estabilizar el tipo de cambio y mantener la confianza de los inversionistas. No obstante, el contexto político y la dinámica internacional seguirán siendo factores determinantes en la sostenibilidad de este nivel de reservas.
Versiones contrapuestas sobre una presunta explosión o simulacro en la refinería de Repsol en Ventanilla activan supervisión del regulador en un contexto sensible para el sector.
Un posible incidente registrado en la refinería La Pampilla, operada por Repsol en Ventanilla, ha generado incertidumbre en el mercado energético local, debido a la falta de información oficial y la existencia de versiones contradictorias sobre lo ocurrido.
Mientras operadores al interior de la planta señalan que se habría producido una explosión en el horno de la unidad de craqueo catalítico (FCC), lo que implicaría daños relevantes y la paralización de la producción de gasolinas por al menos un mes, fuentes de la empresa sostienen que se trató de un simulacro regular de fuga como parte de sus protocolos de seguridad.
Osinergmin activa supervisión técnica
Ante este escenario, el Osinergmin confirmó el inicio de acciones de fiscalización para esclarecer los hechos. El organismo indicó que personal técnico especializado se desplaza hacia las instalaciones para realizar la respectiva supervisión y determinar si existió una emergencia real, así como sus posibles consecuencias operativas.
La intervención del regulador será clave para validar la magnitud del evento y evaluar su impacto en la producción y el suministro de combustibles a nivel nacional.
Infraestructura clave para el mercado peruano
La Pampilla es la principal refinería del país, con una capacidad de refinación de 117,000 barriles diarios, lo que representa más del 50% de la capacidad nacional. Durante 2024, procesó en promedio 75,900 barriles diarios de crudo y alcanzó una participación de mercado de 37.87%.
Además, tras inversiones superiores a S/160 millones, incrementó en 20% su producción de gasolinas bajas en azufre, consolidándose como un activo estratégico para el abastecimiento interno. Su infraestructura incluye unidades de destilación, reformación, desulfuración y craqueo catalítico.
Contexto de vulnerabilidad en el sector refino
El eventual incidente ocurre en un momento sensible para la industria. Semanas atrás, la Refinería de Talara, operada por Petroperú, enfrentó un paro parcial por fallas en su planta de ósmosis inversa, lo que redujo su demanda eléctrica y limitó temporalmente su operación.
Aunque dicha contingencia ha sido prácticamente superada, dejó en evidencia la fragilidad del sistema ante interrupciones operativas. En ese contexto, una eventual paralización en La Pampilla podría presionar la oferta interna de combustibles, obligando a operar con inventarios disponibles y generando tensiones en el mercado.
A la espera de una confirmación oficial
Por el momento, la situación continúa en evaluación. El pronunciamiento técnico de Osinergmin será determinante para aclarar si se trató de un incidente operativo o de un ejercicio de rutina, así como para dimensionar sus implicancias en la producción y el abastecimiento energético del país.
Rio2 Limited pone en marcha la Planta de Filtrado de Relaves en su mina de cobre Condestable, con capacidad de 8,400 tpd y una recuperación de agua cercana al 90%.
La minera Rio2 Limited inició la fase de puesta en marcha de su nueva Planta de Filtrado de Relaves (PFR) en la mina de cobre Mina Condestable, ubicada en la región Lima. Este proyecto, que implicó una inversión aproximada de US$ 27 millones y un periodo de construcción de 18 meses, marca un avance clave en la transición hacia el manejo de relaves secos, una tecnología cada vez más relevante en la minería moderna.
El CEO de la compañía, Andrew Cox, destacó que la puesta en marcha de la planta refleja el compromiso operativo con estándares ambientales y de seguridad, además de representar un paso estratégico hacia la siguiente fase de crecimiento de Condestable, cuyos planes serán presentados antes de finalizar el año.
Capacidad operativa y proyección de crecimiento
La nueva infraestructura cuenta con una capacidad de diseño de 8,400 toneladas por día (tpd), lo que le permite procesar el 100% de los relaves generados actualmente por la operación. Asimismo, ha sido diseñada con flexibilidad para adaptarse a futuras expansiones productivas.
El cronograma contempla que la fase de puesta en servicio se complete en aproximadamente 10 semanas, con el inicio de operaciones comerciales previsto para el tercer trimestre de 2026. Este avance se alinea con la estrategia de optimización operativa y sostenibilidad de la compañía en el país.
Gestión de relaves y permisos en curso
En una primera etapa, los relaves filtrados serán depositados en las instalaciones existentes autorizadas, mientras que posteriormente se trasladarán al Depósito de Almacenamiento de Relaves 6. Este proyecto se encuentra en la fase final de permisos, con aprobación ambiental esperada también para el tercer trimestre de 2026.
La capacidad inicial autorizada del Depósito 6 será de 43 millones de toneladas, con potencial de expansión progresiva hasta alcanzar los 170 millones de toneladas, lo que permitiría extender la vida útil de la mina y soportar futuros incrementos en la producción.
Eficiencia hídrica y sostenibilidad
Uno de los principales impactos de esta inversión será la mejora en la gestión del recurso hídrico. El sistema de filtrado permitirá elevar la recuperación de agua desde aproximadamente 60% hasta cerca del 90%, reduciendo significativamente la necesidad de captar nuevos recursos.
Este incremento en la eficiencia hídrica no solo fortalece la sostenibilidad de la operación, sino que también abre espacio para nuevos proyectos de crecimiento sin requerir permisos adicionales de agua, un factor clave en el actual contexto regulatorio y ambiental del sector minero.
Germán Vega, vicedecano de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UDEP, advierte que las diferencias entre candidatos, la presión por aumentar el gasto público y una eventual transición desordenada podrían afectar la inversión, el empleo y la confianza.
¿Cuáles serían los principales determinantes del desempeño de la economía tras el cambio de gobierno?
Va a depender mucho de la orientación de los candidatos que pasen a la segunda vuelta. Ya tenemos definida a Keiko Fujimori, pero entre los otros candidatos hay bastante dispersión.
Antes incluso de que asuman las nuevas autoridades, hay un impacto inicial en los mercados financieros. Se observa la reacción de la bolsa de valores, del tipo de cambio y también la intervención del Banco Central.
Tenemos antecedentes claros: los escenarios de 2011, 2016 y 2021. Si se configura un escenario similar al de 2016, podríamos tener estabilidad en el tipo de cambio y una bolsa con perspectivas positivas. Sin embargo, si se repite un escenario como el de 2021, con alta incertidumbre política, los meses posteriores podrían ser bastante volátiles.
Lo que más me preocupa es un resultado muy ajustado, que no permita una transición ordenada. Cuando no hay tiempo suficiente para el traspaso de gestión, las nuevas autoridades asumen sin equipos consolidados ni claridad en los cargos clave, lo que genera incertidumbre adicional que afecta el desempeño económico.
¿Cómo evalúa el enfoque económico de los principales candidatos y cuáles son sus fortalezas y riesgos?
Sin duda es un tema amplio, pero tratando de resumir, diría que los candidatos como Keiko Fujimori y López Aliaga transmiten, al menos hacia el mercado, una idea de estabilidad macroeconómica. Se percibe una defensa del Banco Central, de la estabilidad monetaria y de la Constitución. En esa misma línea podría ubicarse también Nieto Montesinos.
Sin embargo, hay una preocupación importante a nivel macro. Estos partidos han tenido representación en el actual Congreso, y este se ha caracterizado por aprobar leyes que incrementan el gasto corriente. De acuerdo con el Consejo Fiscal, en los últimos años se han aprobado medidas que podrían elevar el gasto hasta en 36 mil millones de soles, lo cual es bastante significativo.
Para ponerlo en perspectiva, en 2023 se destinaron alrededor de 4 mil millones de soles para atender el Niño Costero. Es decir, este incremento del gasto equivale a varios eventos de ese tipo atendidos simultáneamente. Entonces, por un lado, el discurso es de estabilidad y disciplina fiscal, pero en la práctica legislativa no necesariamente se ha reflejado ese cuidado por las finanzas públicas.
En cuanto a las propuestas, el fujimorismo pone mayor énfasis en el orden y la seguridad, en aspectos del día a día. Renovación Popular plantea reducir el gasto del Estado para priorizar inversión en infraestructura, lo cual puede ser positivo. Otros enfoques incluyen reformas sociales orientadas a sectores de menores ingresos.
El caso de Roberto Sánchez es distinto, porque su plan de gobierno se aleja más de los otros. Por ejemplo, ha cuestionado la continuidad de Julio Velarde en el Banco Central, lo cual genera preocupación. Nos guste o no, el Banco Central ha permitido mantener estabilidad de precios y confianza en la moneda, incluso en contextos de crisis política.
También se ha planteado el uso de reservas internacionales para financiar proyectos, lo cual puede sonar atractivo, pero implica riesgos importantes, porque esas reservas funcionan como un seguro ante crisis. Prescindir de ese respaldo nos dejaría vulnerables.
Ahora, entiendo que hay una intención de señalar brechas del crecimiento económico que no han beneficiado a toda la población, lo cual es válido. Sin embargo, considero que las propuestas planteadas no son las más adecuadas para abordar ese problema.
¿Cómo podría variar la relación entre el Estado y el sector privado según el próximo gobierno?
A mí no me gustaría que se mantenga el enfoque actual, porque en la práctica no está funcionando adecuadamente. Tenemos una idea, a partir de la Constitución, de que el Estado debe apoyar al sector privado, pero lo que vemos es distinto. El Estado termina siendo muy pequeño en áreas donde debería ser fuerte, como en la seguridad ciudadana, donde no logra resolver problemas clave.
Al mismo tiempo, es muy grande en aspectos donde debería ser más eficiente, como en la tramitología. Por ejemplo, en muchas municipalidades se siguen pidiendo múltiples requisitos y documentos para otorgar licencias, lo que termina frenando la actividad empresarial.
Entonces, en la práctica, no tenemos un Estado que apoye al sector privado. Más bien, tenemos un Estado desbalanceado: débil donde debería ser fuerte y excesivo donde debería ser ágil.
No considero que la solución sea volver a un Estado empresario, como podría plantearse desde algunos sectores de izquierda, pero tampoco eliminar o reducir al Estado al mínimo, como a veces se propone desde la derecha. En realidad, ya estamos sufriendo por la falta de Estado en temas como seguridad o control de actividades como la minería informal e ilegal.
Lo ideal sería que cualquier gobierno logre implementar correctamente el rol que ya establece la Constitución: un Estado que brinde reglas claras, fortalezca las instituciones y sirva de soporte al sector privado. Ese es el equilibrio que hemos ido perdiendo en los últimos años.
¿Qué impacto tendrían estos enfoques en el empleo y el mercado laboral?
En el mercado laboral la variable clave es la inversión privada. La inversión pública puede ayudar en el corto plazo con algunos proyectos que generan empleo temporal, pero si hablamos de empleo sostenido, formal y de calidad, necesitamos inversión privada.
Esto aplica tanto a grandes proyectos como a pequeñas decisiones empresariales. Si no hay condiciones de seguridad y confianza, una gran empresa no invierte, pero tampoco lo hace un pequeño negocio. Si un emprendedor no se siente seguro para ampliar su local, comprar un nuevo equipo o contratar más personal, simplemente no lo hace.
Por eso, cualquier enfoque económico que afecte la confianza o genere incertidumbre termina impactando directamente en el empleo. Si queremos impulsar la generación de empleo formal, necesitamos crear condiciones para que la inversión privada crezca, tanto a gran escala como desde el microempresario.
¿Cómo podría cambiar la percepción de los inversionistas internacionales?
La percepción de los inversionistas está muy ligada a la estabilidad institucional y al respeto de las reglas. Un gobierno que no respete la propiedad privada o que plantee revisar concesiones ya otorgadas genera desconfianza inmediata.
La segunda vuelta suele ser más polarizada, y en ese contexto hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se envían. Propuestas que cuestionan las reglas de juego pueden ahuyentar inversiones nuevas.
Y esto no es solo un tema empresarial. Si se reduce la inversión privada, se afecta directamente el empleo, y el empleo es la principal fuente de ingresos para las familias. Por eso, cualquier señal que afecte la confianza termina teniendo un impacto social.
¿El próximo gobierno tendrá margen real para impulsar reformas o estará limitado por el contexto político y económico?
Yo veo dos grandes limitaciones. La primera es política. El próximo presidente o presidenta no llegará con un respaldo amplio en primera vuelta; probablemente tendrá menos del 20% de los votos válidos. Eso implica una legitimidad limitada para impulsar reformas profundas.
Además, en el Congreso tampoco se proyecta una mayoría clara para ningún partido, lo que obligará a construir consensos. Esto puede dificultar la implementación de reformas rápidas o estructurales, pero al mismo tiempo abre la posibilidad de que las decisiones sean más dialogadas. Claro, eso depende de que los actores políticos realmente estén dispuestos a llegar a acuerdos que beneficien al país y no solo a sus propios intereses.
La segunda limitación es económica. En los últimos años ha aumentado significativamente el gasto corriente, lo que reduce el espacio fiscal. Al mismo tiempo, el país tiene importantes brechas en infraestructura: colegios en mal estado, postas médicas deficientes, entre otros.
Si se quiere invertir en estos sectores, será necesario reasignar recursos o hacer ajustes fiscales, lo cual no es sencillo en el contexto actual.
En un escenario ideal, el gobierno entrante debería sentarse a dialogar con el Congreso para acordar medidas que permitan ordenar las finanzas públicas y priorizar inversiones clave. Sin embargo, tanto el factor político como el económico serán frenos importantes para impulsar los cambios que el país necesita.
¿Qué errores económicos no debería repetir el próximo gobierno?
Un error claro sería repetir lo ocurrido en 2021: una transición desordenada, con alta polarización y anuncios que respondían más a expectativas políticas que a posibilidades reales.
El nuevo gobierno debe ser consciente de sus limitaciones, tanto políticas como institucionales. En los primeros meses, los equipos aún están en proceso de aprendizaje. Se dice que un ministro puede tardar varios meses en entender completamente su sector, y eso es una realidad.
Por eso, en lugar de anunciar múltiples reformas desde el inicio, sería más efectivo enfocarse en tres o cuatro medidas concretas y viables en los primeros cien días. Mientras tanto, los equipos pueden estructurar reformas más profundas para una segunda etapa.
Cuando se intenta hacer demasiado desde el inicio, generalmente no se logra avanzar de manera efectiva.
A mediano plazo, ¿qué escenario permitiría sostener un crecimiento económico estable?
Es fundamental respetar ciertos principios básicos. Primero, la independencia del Banco Central, que garantiza estabilidad de precios. Segundo, mantener un tipo de cambio sin fluctuaciones bruscas. Y tercero, respetar la inversión privada.
Estos son mínimos indispensables. Han sido los factores que han permitido que la economía peruana mantenga estabilidad incluso en contextos de crisis política.
A partir de ahí, es importante evitar enfoques confrontacionales. No se trata de imponer agendas, sino de construir consensos. En el pasado hemos perdido oportunidades por falta de coordinación política, como ocurrió en 2016.
Si se logra mantener estos principios y construir acuerdos, se pueden generar condiciones para un crecimiento sostenido y predecible.
