El jueves 5 de febrero se publicó en El Peruano el Acuerdo del Consejo Directivo de ProInversión que aprueba un nuevo texto de cláusula anticorrupción para los contratos de APP, el cual también será aplicable a procesos de inversión privada que se encuentran en trámite.

Con este nuevo texto, ProInversión fortalece las reglas anticorrupción en los proyectos APP, al establecer que un contrato podrá resolverse automáticamente y sin derecho a indemnización si se acredita un acto de corrupción, incluso cuando este involucre al entorno vinculado del inversionista. La cláusula también incorpora penalidades económicas y será aplicable tanto a nuevos contratos como a procesos de promoción de la inversión que ya se encuentran en trámite.

¿Qué establece la nueva cláusula anticorrupción?

La nueva cláusula obliga al inversionista que suscribe un contrato de APP a declarar expresamente que ni él ni su entorno vinculado —accionistas, socios, empresas vinculadas, directores, funcionarios, empleados o asesores— han realizado ni realizarán pagos ilegales u ofrecimientos indebidos a autoridades relacionadas con el proceso de promoción de la inversión o con la ejecución del contrato.

“Se trata de una declaración expresa de integridad que alcanza no solo al inversionista, sino también a todo su entorno vinculado, lo que amplía significativamente el alcance de la responsabilidad”, explicó José Francisco León, socio del área de Derecho Administrativo y Regulatorio del Benites, Vargas & Ugaz (BVU).

Aunque el texto hace referencia al “concesionario”, la cláusula no se limita únicamente a contratos de concesión. “El nuevo modelo se aplica a todos los contratos de APP, incluyendo no solo concesiones de infraestructura o servicios públicos, sino también proyectos de investigación aplicada o innovación tecnológica”, precisó León.

¿Por qué ProInversión aprueba ahora un nuevo texto?

La aprobación de este nuevo texto responde a la entrada en vigencia de la Ley N.° 32441 y su reglamento. Dicho nuevo marco normativo estableció que ProInversión aprobaría una cláusula anticorrupción uniforme en los contratos de APP.

“Con esta actualización se busca implementar de manera efectiva el principio de integridad y alinear los contratos de APP con el marco normativo vigente en materia de lucha contra la corrupción”, señaló José León. Añadió que la medida también permite cumplir con compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano y mantener coherencia con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre integridad y contratación pública.

Resolución automática y penalidades: ¿qué riesgos asumen los inversionistas?

Uno de los puntos más relevantes de la nueva cláusula es la gravedad de las consecuencias ante la acreditación de actos de corrupción.

“Si se verifica un acto de corrupción en los términos previstos, el contrato de APP queda resuelto de pleno derecho, sin que el inversionista tenga derecho a indemnización alguna”, advirtió León.

Además, el inversionista deberá pagar una penalidad equivalente al 10% del monto resultante del proceso de liquidación del contrato, sin perjuicio de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. “Es un mensaje claro de tolerancia cero: la terminación del contrato no genera derecho a compensación por daños y perjuicios”, subrayó.

¿Qué deben hacer las empresas con APP en trámite?

La norma establece que la cláusula también será aplicable a los procesos de promoción de la inversión privada que ya se encuentran en curso. Frente a ello, el especialista recomendó acciones inmediatas.

“Las empresas que participan actualmente en procesos de APP deberían realizar evaluaciones internas para verificar el cumplimiento de sus modelos de integridad y revisar que su entorno vinculado no haya incurrido en prácticas indebidas”, indicó León.

Este análisis preventivo cobra especial relevancia, considerando que la cláusula alcanza hechos vinculados tanto a la etapa de promoción como a la ejecución contractual.

Impacto en la inversión privada

Desde la perspectiva del sector privado, el nuevo estándar no debería implicar mayores costos para las empresas que ya operan bajo buenas prácticas de cumplimiento.

“Las compañías que participan en APP ya deberían contar con modelos de integridad implementados, por lo que esta cláusula no introduce exigencias extraordinarias”, afirmó José León.

Por el contrario, destacó que la medida contribuirá a fortalecer la confianza en los proyectos de APP. “Este tipo de cláusulas refuerza los mecanismos de prevención de riesgos, promueve la competencia leal y consolida un mensaje de tolerancia cero frente a la corrupción”, concluyó.