• Centro de estudios advierte que no se construyó infraestructura de respaldo en el sistema de transporte de gas
• El Osinergmin debe investigar si el incidente responde a fallas operativas antes de aceptar la figura de fuerza mayor.

Lima, marzo 2026.– La crisis energética provocada por la interrupción del gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú evidencia la falta de inversiones destinadas a asegurar la continuidad del transporte del gas natural proveniente de Camisea, advirtió hoy Síntesis Instituto, que además pidió al regulador realizar una investigación exhaustiva antes de concluir que el incidente fue producto de fuerza mayor.

El centro de estudios señaló que la dependencia del país de un solo ducto para transportar el gas natural ha dejado al sistema energético vulnerable a interrupciones que pueden afectar cerca del 45% de la oferta de electricidad.

“El contrato de concesión establecía que el sistema debía diseñarse y operarse para garantizar una disponibilidad de 99% y contar con suficiente capacidad de respaldo para evitar paradas no programadas. Sin embargo, esas inversiones nunca se realizaron”, afirmó Fernando Cáceres, director ejecutivo de Síntesis Instituto.

Según el Instituto, una forma común de generar respaldo en gasoductos es la construcción de loops, es decir, tramos adicionales de ducto paralelos al existente que permiten mantener el flujo de gas incluso si ocurre una falla en un punto del sistema.

“Ni siquiera se construyeron loops en los tramos más críticos del ducto, a pesar de que desde 2010 se autorizó ampliar su capacidad. Esa ausencia de inversiones es la que hoy ha dejado al sistema energético expuesto a una crisis de gran magnitud”, sostuvo Cáceres.

Impacto en el costo de la energía

La interrupción del transporte de gas ha obligado a varias centrales eléctricas a generar energía utilizando diésel, lo que ha elevado dramáticamente el costo de generación.

Antes del incidente, el costo marginal de la electricidad se ubicaba alrededor de US$ 30 por MWh. Durante la emergencia, ese costo ha llegado a ser hasta diez veces mayor.

Esta situación está generando serias tensiones en el mercado eléctrico. Algunas empresas generadoras que mantienen contratos de suministro con clientes libres han comenzado a suspenderlos debido a los altos costos de generación.

“Cuando estos contratos se suspenden, los clientes pasan automáticamente a comprar energía en el mercado spot, donde el precio puede ser hasta diez veces mayor. Si este fenómeno se generaliza, el impacto económico para empresas y consumidores puede ser muy severo”, explicó Cáceres.

Investigación rigurosa antes de hablar de fuerza mayor

Síntesis Instituto señaló que corresponde al regulador, el Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minas (Osinergmin) realizar una investigación técnica exhaustiva del incidente ocurrido el 1 de marzo antes de aceptar que se trató de un caso fortuito o de fuerza mayor.

Ello resulta particularmente relevante debido a que la propia empresa operadora ha señalado que el incidente ocurrió mientras se realizaban trabajos de mantenimiento en el ducto.

“Sería prematuro concluir que estamos frente a un caso de fuerza mayor. Es indispensable determinar si la deflagración se debió a fallas en los protocolos de integridad del ducto, deficiencias en los sistemas de detección y prevención o incumplimientos de las obligaciones de seguridad”, señaló Cáceres.

De confirmarse cualquiera de estas situaciones, la empresa operadora no podría invocar la figura de fuerza mayor y tendría que responder por los daños económicos generados en el sistema eléctrico.

“Si se demuestra que hubo fallas en la gestión de la infraestructura o en los protocolos de seguridad, la empresa deberá indemnizar a los actores afectados por este incidente, incluyendo a las generadoras eléctricas y a los consumidores que hoy están pagando una energía hasta diez veces más cara”, concluyó Cáceres.