Un estudio de Burson cuantifica cómo narrativas de «mano dura», aunque dominantes en la visibilidad mediática y digital, poseen bajo potencial de impacto y credibilidad frente a soluciones estructurales en seguridad, corrupción, economía familiar y servicios básicos, que sí resuenan en la población, especialmente en el grupo etario de 25 a 44 años. La ausencia de un liderazgo político que articule respuestas creíbles a estas demandas fundamentales amenaza la legitimidad del próximo gobierno, abriendo la puerta a un «deterioro incremental» de la gobernabilidad que incide directamente en la previsibilidad del entorno socioeconómico y empresarial.
El panorama político peruano, a las puertas del ciclo electoral de 2026, se caracteriza por una profunda fragmentación y una creciente desconfianza ciudadana. En este contexto, el desafío crucial no es solo quién asuma el poder, sino la capacidad de gobernar con legitimidad en un entorno de tensiones arraigadas. El estudio de Burson, consultora líder en comunicaciones estratégicas, «Gobernabilidad 2026: las narrativas electorales que (re)definen el riesgo empresarial», ofrece una lectura estratégica de estos factores, revelando una significativa brecha entre el discurso político electoral dominante y las narrativas que genuinamente conectan y persuaden a la ciudadanía.
El análisis basado en un monitoreo de la conversación en redes sociales y la cobertura de medios online, ha identificado que la Inseguridad y la Corrupción son las dos grandes narrativas que estructuran la agenda pública. La inseguridad se percibe como una «pérdida de control del Estado» frente al crimen, la violencia y la informalidad, mientras que la corrupción se entiende como un sistema político «capturado» y sin legitimidad. Para evaluar la efectividad de estas narrativas, el estudio utilizó indicadores clave: el Potencial de Impacto (PFI), que mide la probabilidad de que una narrativa se transforme en presión política o decisión pública; con base en la Credibilidad (BEL), que evalúa la confianza que genera en las audiencias; y la Viralidad (VIR), que indica su capacidad de propagación en el ecosistema digital.
El estudio cuantifica cómo, si bien la narrativa de «mano dura / seguridad punitiva» genera el mayor volumen mediático, su PFI consolidado es bajo, registrando 44.4 en una escala total de 100. En contraste, subnarrativas como la «seguridad vinculada a educación, salud e inversión social» o la «reforma integral de la PNP» poseen un PFI significativamente mayor, con 62.49, a pesar de su baja visibilidad. De manera similar, en el ámbito de la corrupción, las «reformas estructurales» y la «corrección institucional» son más creíbles y de mayor impacto (56.5 PFI) que las meras denuncias o propuestas punitivas.
«Este estudio nos invita a reflexionar sobre la verdadera legitimidad para gobernar en un contexto de alta complejidad política y social. No basta con ganar elecciones; el desafío es construir una narrativa de gobernabilidad que conecte con las demandas más sentidas y creíbles de la ciudadanía», señala Adriana Pedraza, Market Leader de Burson. «La brecha entre el discurso electoral que genera ‘ruido’ y las narrativas de impacto real, como las que abordan la ‘salud como derecho integral’ (PFI de 63.27) o el ‘costo de vida’ (PFI de 59.94), es un factor crítico que determinará la capacidad del próximo gobierno para generar confianza y estabilidad».
Más allá de los ejes de seguridad y corrupción, el estudio identifica un segundo bloque de narrativas críticas que alimentan el «malestar debajo de la estabilidad». Aquí se encuentran la inflación, la economía familiar, el empleo / desempleo y la desigualdad. Estas, aunque no dominan la campaña con la misma intensidad, explican por qué el hartazgo social persiste. Subnarrativas como el «costo de vida», los «ingresos insuficientes» y la «presión sobre la canasta básica» reflejan una desconexión entre la estabilidad macroeconómica y la realidad de los hogares. Asimismo, la salud y la educación actúan como «termómetros de capacidad estatal», donde la «salud como derecho» o la «gestión con base en evidencia» de la primera; o la «falta de financiamiento» y la «deuda histórica de inversión», en la segunda, son subnarrativas con alto PFI.
«Hemos identificado una preocupante desconexión en el discurso político frente a la multiplicidad de demandas ciudadanas. Eventos como la crisis Jerí / Balcázar de febrero de 2026 demuestran cómo los ‘hitos de crisis institucional’ pueden reordenar abruptamente la conversación, elevando temas como la seguridad, la educación, la inflación y la salud. Sin embargo, la oferta política no siempre logra capitalizar estas narrativas de impacto», explica Ligia Calderón, Manager de Asuntos Públicos de Burson. «La ausencia de un liderazgo claro que articule soluciones creíbles ante estas demandas fundamentales amenazaría la legitimidad del próximo gobierno. Esto podría conducir a un ‘deterioro incremental desde el Congreso’, el escenario más costoso, que dificultaría la capacidad de gobernar y la previsibilidad del entorno empresarial».
La robustez metodológica del estudio se cimentó en el uso de IA para depurar y clasificar grandes volúmenes de datos de conversación digital (sitios de noticias, blogs y redes sociales como X), complementado con Burson Decipher, herramienta de segmentación y análisis predictivo de audiencias, para medir la Credibilidad (BEL), la Viralidad (VIR) y el Potencial de Impacto (PFI) de las narrativas. También se analizó la composición demográfica de las audiencias digitales.
«Nuestra metodología nos permitió identificar con precisión las narrativas dominantes en la contienda política, así como también el malestar latente debajo de la aparente estabilidad”, detalla Dennis Franco, director de Data & Intelligence de Burson. «Al medir el PFI, pudimos identificar que el grupo de 25 a 44 años es el principal motor narrativo, combinando credibilidad, viralidad y potencial de impacto en temas cruciales como seguridad, corrupción y el costo de vida. Mientras tanto, el grupo de 18 a 24 años muestra mayor afinidad con mensajes de cambio y tecnología, y los de 45 a 64 años tienden a validar lo que ya comparten. Esto nos permite entender qué tipo de mensaje puede realmente escalar y transformarse en exigencias políticas efectivas, más allá de la mera exposición mediática generada por los medios digitales y las redes sociales”.
Implicaciones estratégicas y riesgos para la estabilidad socioeconómica:
El estudio de Burson proyecta que el principal riesgo para Perú en 2026 no es una ruptura económica inmediata, sino una degradación incremental del entorno de gobernabilidad. Esta se manifestará a través de:
- Aumento de costos operativos y sociales por inseguridad: la inseguridad, ligada al crimen, extorsión y falta de control territorial, representa un riesgo operativo directo, afectando la continuidad de los negocios y generando costos sociales.
- Erosión de la legitimidad institucional y presión regulatoria: la percepción de «política capturada» endurece la opinión pública, aumentando el riesgo reputacional y la posibilidad de normativas restrictivas o improvisadas. El análisis de corrupción muestra una fuerte presencia de candidatos con sentencias, desconfianza ciudadana masiva y una narrativa dominante de un sistema incapaz de filtrar.
- Conflictividad social por desconexión con la economía familiar: la incapacidad de la clase política para conectar las soluciones estructurales puede derivar en movilización social y demandas redistributivas. Las subnarrativas con mayor impacto en empleo / desempleo son «malestar ciudadano, minería ilegal, inestabilidad política y fracaso del modelo para formalizar».
- Inestabilidad legislativa y shocks externos: el escenario de un “deterioro incremental desde el Congreso implica más gasto en remuneraciones, ampliación del REINFO, retrocesos en Petroperú», sumado a eventos exógenos como el «Fenómeno El Niño» o conflictos internacionales, que «pueden elevar costos y volatilidad.
En un contexto donde el liderazgo narrativo visible no siempre coincide con el liderazgo con capacidad de gobernar, el estudio concluye que la gestión de riesgos debe ser más sofisticada. No basta con las encuestas o el desempeño macroeconómico. Las empresas deben monitorear activamente la conversación pública en los cinco frentes críticos: «conversación, actividad del Congreso, señales de deterioro regulatorio, disrupciones operativas exógenas y capacidad del Ejecutivo de apropiarse de los frames mejor posicionados». Solo una comprensión profunda de todas estas capas narrativas permitirá anticipar y mitigar los desafíos en un Perú que exige soluciones reales y efectivas, donde la legitimidad para gobernar será una divisa cada vez más escasa.
