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jueves, febrero 5, 2026
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Obras por Impuestos 2026: Cinco claves para decidir si como empresa privada es momento de impulsar un proyecto

El Perú enfrenta una brecha histórica de infraestructura estimada en más de USD 30 billones acumulados entre 2008 y 2023, reflejo de décadas de subinversión pública, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Este rezago estructural evidencia la magnitud del desafío y la necesidad de mecanismos que permitan acelerar la ejecución de infraestructura.

En este contexto, Obras por Impuestos (OxI) ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, alcanzando en 2025 el mayor nivel de inversión en la historia del mecanismo, con más de S/ 4,600 millones adjudicados y 476 proyectos, según cifras oficiales de ProInversión. La evolución reciente del sistema permite estimar un crecimiento anual promedio de entre 10% y 15% en los últimos cinco años, lo que posiciona a OxI como un instrumento en expansión y con alto potencial para escalar su impacto en el cierre de brechas de infraestructura. Este desempeño confirma que OxI atraviesa un momento de madurez, con capacidad presupuestal disponible que aún no se ejecuta en su totalidad, lo que abre espacio para que más empresas amplíen su participación y escalen el impacto territorial y sectorial del mecanismo.

En este contexto, la evidencia muestra que la articulación temprana entre empresa, Estado y territorio, basada en priorización sustentada en data, es un factor clave para maximizar el impacto de los proyectos. Metodologías como la de Espacio en Marcha incorporan análisis de reclamos ciudadanos y variables de densidad poblacional para identificar dónde se concentran las mayores necesidades, orientar la inversión hacia intervenciones con mayor impacto social y facilitar una gestión articulada entre los actores públicos y privados.

Para el abogado y consultor Eduardo Devoto, entender OxI como un sistema es clave para evaluar correctamente su uso. Explica que no se trata solo de un incentivo tributario, sino de un esquema de inversión pública que articula a empresas privadas, entidades del Estado y comunidades bajo reglas técnicas, legales e institucionales definidas. A través de este sistema, las empresas financian y ejecutan proyectos de inversión pública priorizados por el gobierno central, regionales, locales o universidades públicas, recuperando la inversión como parte del pago de su impuesto a la renta. “OxI funciona cuando se comprende como un proceso completo, que exige planificación, coordinación y seguimiento permanente, más allá del beneficio fiscal”, señala.

De acuerdo con Devoto, los proyectos que avanzaron con mayor claridad durante el 2025 tuvieron tres elementos en común: una articulación temprana entre los actores involucrados y la entidad pública, desde la etapa de identificación de brechas; equipos técnicos activos y coordinados dentro de los gobiernos subnacionales; y un conocimiento operativo más sólido de las modalidades del sistema, tanto en proyectos “a diseñar” como en la cartera de ProInversión.

“Cuando estos elementos se alinean, los tiempos se acortan y la predictibilidad mejora”, afirma.

Para el 2026, el especialista señala que no todas las empresas están necesariamente en condiciones de participar de inmediato. Además de contar con capacidad financiera para adelantar recursos vía impuesto a la renta, es importante que exista claridad sobre el objetivo que se busca con el proyecto —impacto social o refuerzo reputacional—, así como la disposición para realizar las coordinaciones necesarias que garanticen la correcta y oportuna ejecución de los proyectos priorizados, bajo criterios de calidad y sostenibilidad.

En ese sentido, recomienda a las empresas que estén considerando involucrarse en un proyecto OxI respondan estas cinco preguntas clave:

  1. ¿Existe una brecha clara y priorizada?
     Sin diagnóstico validado, el proyecto tendrá poca tracción.
  2. ¿La entidad pública tiene un equipo técnico operativo?
    La voluntad y capacidad interna es decisiva para evitar retrasos y sostener el desarrollo del proyecto.
  3. ¿El proyecto generará impacto social real y legitimidad en el territorio?
     OxI funciona mejor cuando el aporte es tangible para la comunidad.
  4. ¿La modalidad para ejecutar una OxI es la adecuada?
    El sistema ofrece dos rutas operativas, cuya diferencia no radica en el objetivo —generar impacto público y cerrar brechas— sino en el punto de partida del proyecto. En los proyectos OxI “a diseñar”, la empresa se incorpora desde una etapa temprana para formular y estructurar la iniciativa junto con la entidad pública. En los proyectos incluidos en la cartera de ProInversión, en cambio, la empresa financia iniciativas ya formuladas y priorizadas por el Estado, lo que permite avanzar por una vía más ágil. En ambos casos, el foco está en responder a una necesidad pública concreta y asegurar una ejecución ordenada y trazable.
  5. ¿La empresa cuenta con capacidad para sostener el seguimiento continuo?
    Más allá de la ruta elegida, el sistema exige articulación permanente y acompañamiento técnico estable de inicio a fin. La experiencia muestra que contar con un equipo de asesoría capaz de coordinar a la entidad pública, la empresa y el entorno territorial es clave para garantizar continuidad, reducir fricciones y asegurar que el proyecto avance de manera predecible y alineada al interés público.

Además del beneficio fiscal, Devoto destaca que OxI permite a las empresas generar impacto social directo, obtener beneficios económicos indirectos asociados a mayor previsibilidad territorial, fortalecer su posicionamiento reputacional y construir relaciones de largo plazo con autoridades y comunidades, siempre que los proyectos estén bien estructurados y correctamente gestionados.

Desde el lado público, Devoto señala que los gobiernos subnacionales deberán depurar y priorizar carteras viables, asegurar equipos técnicos estables y avanzar con procesos claros para evitar observaciones que retrasen etapas administrativas. Al mismo tiempo, subraya que muchas de las complejidades técnicas, legales, institucionales y comunitarias del sistema pueden reducirse cuando existe acompañamiento especializado que ordena el proceso y lo vuelve claro, guiado y predecible.

“Es importante que la empresa cuente con el apoyo y compromiso de sus directivos, que tengan la voluntad de generar impacto en la ciudadanía y se traduzcan los pasos a un lenguaje claro y práctico con el apoyo de articuladores como Espacio en Marcha una organización dedicada a la articulación territorial y al soporte técnico, legal e institucional para OxI. Su enfoque muestra cómo un sistema percibido como complejo puede convertirse en una herramienta accesible y segura, incluso para quienes se incorporan por primera vez”, afirma Devoto.

Para el 2026, el especialista prevé una mayor concentración de proyectos en sostenibilidad ambiental, educación, deporte e infraestructura local, sectores que han mostrado continuidad en los últimos años. Señala que la revisión temprana de condiciones técnicas, administrativas e institucionales permitirá identificar qué iniciativas pueden avanzar dentro del sistema de Obras por Impuestos.

Antapaccay fortalece la ganadería de Espinar y respalda la Expo Feria Reyes Internacional 2026

La empresa respaldará con premios a los mejores productores de ganado vacuno, ovino y camélidos de la provincia.

 

Como parte de su compromiso sostenido con el desarrollo productivo de Espinar, Compañía Minera Antapaccay anunció su apoyo a la Expo Feria Reyes Internacional 2026, uno de los eventos más importantes del calendario agropecuario provincial, orientado a fortalecer la actividad pecuaria, principal motor económico de la zona.

 

Al igual que el año pasado, Antapaccay contribuirá con los premios destinados a los mejores productores ganaderos, reconociendo el esfuerzo, la dedicación y los avances en mejora genética, manejo y crianza de ganado vacuno, ovino y camélidos, rubros clave para la economía local y el sustento de cientos de familias espinarenses.

 

La feria, que se desarrollará del 2 al 10 de enero, convertirá a Espinar en una vitrina regional del potencial agropecuario. En ese marco, la empresa también ha destinado recursos propios para apoyar los trabajos de acondicionamiento del campo ferial Versalles, contribuyendo a garantizar el adecuado desarrollo del certamen.

 

“La feria es el espacio donde los productores muestran el esfuerzo y la inversión realizada en la mejora genética. Como empresa privada, estamos comprometidos con generar un impacto real y sostenido a favor de los productores agropecuarios de Espinar”, señaló Artemio Pérez, gerente senior de Gestión Social de Antapaccay.

 

Con este aporte, Antapaccay reafirma su rol como aliado estratégico del sector agropecuario, promoviendo iniciativas que dinamizan la economía provincial, fortalecen la ganadería local y reconocen el trabajo de quienes sostienen la principal actividad productiva de Espinar.

 

Dato: Antapaccay presidió la Expo Feria Reyes en su edición 2024, reafirmando su compromiso continuo con el desarrollo agropecuario de la provincia.

Electrificación y eficiencia energética: claves para fortalecer la resiliencia climática empresarial en Perú

Ante el aumento de eventos climáticos extremos, las empresas peruanas enfrentan el reto de asegurar su continuidad operativa mediante la modernización de su infraestructura energética.  

Perú enfrenta hoy un escenario climático cada vez más complejo, con impactos económicos que ya se sienten en distintos sectores productivos. De acuerdo con modelaciones del Banco Mundial, las pérdidas económicas promedio por inundaciones en el país ascienden a USD 1.91 mil millones anuales bajo las condiciones climáticas actuales y podrían superar los USD 8.08 mil millones al año en un escenario de calentamiento global de 3 °C, si no se adoptan medidas efectivas de adaptación y gestión del riesgo.

Este contexto redefine las prioridades empresariales. Asegurar la continuidad operativa frente a eventos extremos dejó de ser una opción para convertirse en una condición estratégica. Hoy, la resiliencia climática empresarial se construye a partir de decisiones técnicas y operativas concretas, donde la electrificación, la eficiencia energética y la digitalización de sistemas críticos juegan un rol central.

“La capacidad de una organización para mantenerse operativa frente a condiciones climáticas adversas está directamente relacionada con su nivel de eficiencia energética y con el grado de modernización de su infraestructura eléctrica”, señaló Roberto Lepín, director de Servicios para el Clúster Sur Andino de Schneider Electric “Integrar soluciones electrificadas y plataformas digitales de monitoreo permite reducir vulnerabilidades, optimizar consumos y responder con mayor agilidad ante interrupciones o picos de demanda”.

El aumento sostenido de las temperaturas, la presión sobre la demanda eléctrica y la mayor frecuencia de fallas en la infraestructura exigen sistemas capaces de anticipar riesgos y responder en tiempo real. En este escenario, la modernización de instalaciones eléctricas, la automatización de procesos y el monitoreo energético avanzado se consolidan como herramientas clave para evitar paradas no planificadas, proteger activos críticos y minimizar impactos en la productividad y los costos operativos.

La electrificación y el uso de tecnologías digitales permiten a las empresas pasar de una gestión reactiva a una gestión proactiva del riesgo climático. Los sistemas inteligentes de gestión energética no solo reducen los tiempos de inactividad, sino que también mejoran la eficiencia de los procesos y fortalecen la competitividad, especialmente en sectores como manufactura, minería, centros de datos y comercio, donde cualquier interrupción puede traducirse en pérdidas significativas.

Asimismo, la eficiencia energética cumple un doble rol: refuerza la resiliencia operativa y acelera la transición hacia modelos de negocio más sostenibles y alineados con los objetivos climáticos nacionales e internacionales. De cara al 2026, el desafío es claro: pasar del diagnóstico a la implementación, incorporando estas soluciones dentro de la planificación técnica y presupuestal de las organizaciones.

Las empresas que integren electrificación, eficiencia energética y digitalización en sus estrategias de inversión y operación estarán mejor preparadas para enfrentar los impactos del clima, proteger su continuidad operativa y consolidar una posición competitiva en un entorno cada vez más exigente.

Operaciones de factoring alcanzarían los S/ 53 mil millones al cierre de 2025

El factoring es un mecanismo de financiamiento a corto plazo donde una empresa cede sus facturas pendientes de pago a un tercero, conocido como «factor», a cambio de un adelanto de dinero. Esta práctica permite a las empresas obtener liquidez inmediata para sus operaciones, especialmente útil para pequeñas y medianas empresas, según indicó Ricardo Gallo, presidente de la Asociación Peruana de Factoring y CEO de INANDES.

Explicó que el crecimiento de la industria se debe a que más empresas están utilizando la herramienta para obtener financiamiento. El factoring les permite obtener el capital de trabajo necesario para seguir operando.

“También, muchas empresas grandes están incrementando el uso de líneas para realizar pronto pago a sus proveedores (confirming) a cambio de obtener descuentos. A medida que más empresas usen estos mecanismos el mercado seguirá creciendo” dijo.

Resaltó que el Perú debería alcanzar los 53 mil millones de soles en operaciones de factoring en el 2025 y entre 2.2 y 2.5 millones de facturas negociadas en el sistema. Esto equivale aproximadamente en algo más que el 5% del PBI peruano. Esto coloca a esta industria por encima de la agroindustria o el turismo que rondan entre el 3% y 5% del PBI peruano.

“El crecimiento del factoring es sinónimo de crecimiento de los negocios y de la economía. En Chile, con leyes similares, la participación de las operaciones de factoring en relación al PBI es aproximadamente un 16% y en España cerca del 26%. El promedio en Europa es de casi 30%” dijo.

¿Qué acciones deberían tomarse para que el factoring siga creciendo?

Para seguir creciendo, explicó que debemos avanzar en el próximo futuro en algunas reformas para fortalecer el crecimiento y que realmente sea un instrumento financiero para los más de 3 millones de MYPES. Entre los temas pendientes que resolver tenemos:

  1. Procedimientos claros con el Estado: se necesitan reglas firmes para asegurar el uso del factor in con entidades públicas y garantizar la cobranza efectiva.

Seamos claros en este tema, han pasado 10 años desde la promulgación de la Ley 29623 que fue el inicio de la industria de factoring en el Perú, y aún las entidades del Estado en su gran mayoría, no se han adecuado para que se reconozca la transferencia de la titularidad de las facturas.

Hoy en día un funcionario público debe tener cuidado a quien le paga la factura bajo riesgo de ser posteriormente auditado por una acción de la Contraloría General de la República. Las normas del Estado establecen que cada entidad debe establecer las directivas y procedimientos para que se puedan cancelar las facturas a su legítimo tenedor. Queda por lo tanto un trabajo por parte de las entidades del Estado para que cumplan con esta promesa

  1. Validación oportuna de facturas: las facturas deben ser registradas En plataformas como Sunat o Cavali para dar seguridad y respaldo en el financiamiento de estas.

Este procedimiento permite proteger a todos los stakeholders del factoring. A los inversionistas, a los emisores y pagadores de las facturas y a los reguladores. El financiamiento de facturas fuera del mercado o de las plataformas que registran cada título valor dificulta el proceso de aviso y eventualmente el de cobranza. El correcto registro de los documentos que se negocian permite dar confianza al sistema y promover que más entidades o inversionistas naturales o institucionales puedan participar en el financiamiento a las empresas.

  1. Descentralización del servicio: el 87.6% del factoring está en Lima y Callao. Es vital llevar este servicio a más regiones.

Para poder atender a todas las empresas, es necesario que se permita generar información sobre las empresas. Las entidades financieras en general tienden a reducir el riesgo concentrándose en empresas que conocen o que generan información. Eso hace que se busquen operaciones cuyos pagadores sean empresas conocidas y con historial crediticio.

Ante esta realidad es necesario fortalecer los sistemas de aviso y de verificación de las direcciones. Queda pendiente la promesa de SUNAT de crear una central de riesgos con el historial de pago de impuestos y de otras deudas tributarias. Con estas acciones se podría reducir las barraras y atender a empresas más pequeñas.

4. Más impulso del Fondo Crecer: ampliar la cobertura del fondo y sumar nuevas entidades facilitará el acceso al crédito para más MYPES.

COFIDE está en deuda respecto al alcance del fondo CRECER. A diferencia de la primera versión de este ocurrido durante la pandemia, permitió el atender a más empresas. Actualmente, las políticas de riesgo que se aplican son más aplicables a préstamos destinados a pagadores de primer orden, aun costo de pagadores más precarios.

Esto ocasiona que el uso de esta cobertura sea bastante más pequeño que las proyecciones hechas sobre ella. Es necesario que el MEF y COFIDE hagan los cambios necesarios y sobre todo incrementen dicho fondo a fin de que se pueda atender a más empresas.

Del verano al uso permanente: así cambia la demanda de vivienda de playa en el sur de Lima

San Bartolo y el Sur Chico consolidan su atractivo como destinos de inversión residencial

La demanda por viviendas de playa en el sur de Lima mantiene una tendencia sólida de crecimiento hacia el verano 2026, impulsada por cambios en los estilos de vida, una oferta inmobiliaria renovada y un mayor interés por activos que combinen uso personal y rentabilidad.

“La zona sur (Punta Hermosa, San Bartolo, Punta Negra y Asia) sigue concentrando el mayor movimiento tanto en compra como en alquiler. Ya no hablamos solo de un destino estacional, sino de un estilo de vida que se utiliza gran parte del año”, señala Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live®.

En este contexto, San Bartolo y el Sur Chico destacan como una de las zonas con mayor dinamismo. Desde la experiencia de Grupo Santa María, la demanda por vivienda de playa en su zona de influencia mostró un crecimiento sostenido entre 2024 y 2025, impulsado por factores estructurales como mayor oferta de servicios, mejor conectividad y precios aún competitivos frente a otros balnearios del sur.

“San Bartolo se ha consolidado por su entorno urbano más completo, su cercanía a nuevos polos comerciales y gastronómicos del sur y una oferta inmobiliaria que ya se encuentra en etapas avanzadas de desarrollo, incluso frente al mar. Estos factores están influyendo directamente en la decisión de compra y explican que, hacia el verano 2026, la demanda en el proyecto Miramar pueda crecer por encima del 20%, tanto por parte de usuarios finales como de inversionistas”, explica Tábata Hinojosa, Gerente de Ventas de Grupo Santa María.

Además de la mayor preferencia por departamentos frente al mar, en el sur de Lima también se observa un creciente interés por las casas de campo modernas que combinan entorno natural con acceso a la playa y conectividad, pensadas para un estilo de vida tranquilo y uso durante todo el año.

Estas viviendas, ubicadas cerca de la Panamericana Sur, se caracterizan por integrar diseño contemporáneo con espacios abiertos, áreas verdes privadas y, en muchos casos, acceso exclusivo a la playa, lo que responde a una demanda de familias que buscan un refugio fuera del centro urbano sin renunciar a servicios y comodidad. Este formato de vivienda empieza a consolidarse como alternativa residencial atractiva tanto para uso personal como para inversión, particularmente entre quienes valoran el equilibrio entre naturaleza, calidad de vida y cercanía a Lima.

Qué buscan hoy los compradores de vivienda de playa

El tipo de producto más demandado también ha cambiado. Actualmente, los compradores priorizan departamentos frente al mar de dos y tres dormitorios, que han desplazado a las casas de playa tradicionales por su mejor eficiencia de costos y menor mantenimiento.

“Vemos un comprador más maduro, entre 40 y 60 años, que busca el inmueble no solo como segunda vivienda, sino como residencia permanente o semipermanente, con un uso mixto que incluye alquiler temporal”, añade Tábata Hinojosa. En el caso de Miramar, las etapas en comercialización ya superan el 75% de colocación entre ventas y reservas, reflejando un proyecto en fase de consolidación.

Claves para invertir en una casa o departamento de playa

Desde la mirada del comprador, invertir en una vivienda de playa requiere evaluar varios factores más allá del precio. Para Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live, estas son sus principales recomendaciones:

  • Ubicación estratégica: Priorizar zonas consolidadas, con buena accesibilidad, comercios y servicios operativos. Estas áreas conservan mejor su valor en el tiempo.

  • Estado real de la propiedad: Revisar estructura, instalaciones, ventilación y acabados. La humedad y el salitre incrementan el desgaste frente a una vivienda urbana.

  • Potencial de alquiler: Evaluar capacidad de huéspedes, áreas comunes, seguridad y facilidad de acceso. Los condominios con club house, piscinas y servicios tienen mayor demanda.

  • Costos ocultos: Considerar mantenimiento, vigilancia, servicios, reparaciones y movilidad. No solo la cuota inicial o hipotecaria.

  • Seguridad legal y reputación del desarrollador: Verificar partida registral, reglamento interno y cargas. En proyectos nuevos, optar por desarrolladoras certificadas, como las evaluadas por Best Place to Live, reduce riesgos y mejora la experiencia postventa.

Megatúnel reducirá a 10 minutos el cruce de San Juan de Lurigancho y cambiará la movilidad en Lima

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó los detalles del ambicioso proyecto de vía expresa de peaje que permitirá cruzar San Juan de Lurigancho en apenas 10 minutos, reduciendo drásticamente los tiempos de viaje y mejorando la conectividad entre el este y el centro de Lima.

La obra contará con una extensión total de 34,8 kilómetros, e incluirá la construcción de dos túneles y 11 viaductos, configurándose como uno de los proyectos de infraestructura vial más importantes de las últimas décadas en la capital. Según el MTC, esta vía beneficiará directamente a más de cuatro millones de ciudadanos, especialmente de los distritos de Lima Este.

El proyecto busca descongestionar las principales arterias viales, optimizar el flujo vehicular y mejorar la seguridad del transporte urbano, además de generar un impacto positivo en la productividad y la calidad de vida de los usuarios.

De acuerdo con el cronograma preliminar, la vía expresa será ejecutada bajo el esquema de concesión, lo que permitirá acelerar su desarrollo mediante inversión privada, garantizando estándares técnicos internacionales en su construcción y operación.

El MTC señaló que la infraestructura estará equipada con tecnología moderna de gestión del tránsito, sistemas de seguridad vial y monitoreo permanente, especialmente en los túneles, a fin de asegurar una circulación eficiente y segura.

Con este proyecto, el Estado apunta a modernizar la red vial de Lima Metropolitana, fortalecer la integración urbana y responder a la creciente demanda de transporte en una de las zonas más pobladas del país.

La inauguración de la vía se realizará una vez culminadas las etapas de ejecución y pruebas operativas, en línea con los plazos establecidos en el contrato de concesión, marcando un hito en el desarrollo de la infraestructura urbana del Perú.