La constructora española acudirá a la Cámara de Comercio de Lima tras la decisión de la ANIN de resolver cuatro contratos de defensas ribereñas por presuntas omisiones.
La empresa española OHLA anunció que iniciará un proceso arbitral contra el Estado peruano tras la decisión de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) de resolver de manera unilateral cuatro contratos vinculados a proyectos de defensas ribereñas.
La controversia será llevada ante el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima, en un caso que involucra contratos valorizados en 289 millones de euros.
Proyectos vinculados a prevención de desastres
Los contratos, suscritos originalmente por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), contemplaban la ejecución de obras en las cuencas de los ríos Lacramarca, Casma, Huarmey, Chicama, Virú, Cañete y Huaura.
Estas intervenciones buscaban mitigar riesgos de inundaciones, como las registradas durante el Fenómeno de El Niño Costero de 2017, mediante la construcción de diques, encauzamientos y sistemas de protección en quebradas.
Argumentos enfrentados entre empresa y Estado
La ANIN justificó la resolución de los contratos señalando que la empresa habría omitido declarar información relacionada con sanciones internacionales vinculadas a su casa matriz y accionistas, lo que constituiría una causal de resolución contractual.
Entre los antecedentes mencionados figura una sanción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2021 contra Goldman Sachs, entonces accionista de la constructora, por colusión en proyectos de infraestructura.
Por su parte, OHLA rechazó la decisión y sostuvo que cumplía con todas sus obligaciones contractuales, calificando la medida como carente de sustento legal.
Posible trasfondo presupuestal
La compañía también atribuyó la resolución a problemas presupuestarios que enfrentaría la ANIN desde 2025, y aseguró que ejercerá las acciones legales correspondientes bajo los mecanismos contractuales vigentes.
Asimismo, la firma reafirmó que opera bajo estándares de cumplimiento normativo, respaldados por certificaciones internacionales en gestión antisoborno.
Impacto en el clima de inversión
El caso se suma a otras resoluciones contractuales recientes, como la aplicada a la empresa francesa Egis, lo que podría generar preocupación en torno a la estabilidad jurídica de proyectos de infraestructura en el país.
La disputa abre un nuevo frente legal que será seguido de cerca por inversionistas, en un contexto donde la ejecución de obras para la prevención de desastres resulta clave para el desarrollo sostenible y la resiliencia del Perú.
