La sanción ambiental contra Antapaccay, operada por Glencore, reaviva la atención sobre riesgos regulatorios y socioambientales que afectan la operación minera en el sur del Perú.
Contexto regulatorio y alcances de la sanción
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental confirmó una multa de S 5,57 millones contra Antapaccay, operación de Glencore en Espinar, Cusco, tras verificar que la empresa no aplicó medidas para reducir el impacto del material particulado sobre flora y fauna en Alto Huarca. Los monitoreos realizados entre 2022 y 2023 determinaron afectaciones ambientales vinculadas al polvo generado por el Tajo Sur. La empresa ha cuestionado la metodología del organismo, mientras el caso pasa a revisión del Tribunal de Fiscalización Ambiental en segunda instancia.
Implicancias para las comunidades y ausencia de estudios recientes
Los reportes técnicos del OEFA señalan que las partículas en la zona pueden afectar aire, suelo y vegetación. Sin embargo, no se incluyeron evaluaciones específicas sobre efectos en salud humana y animales domésticos, un punto crítico considerando que entre 2010 y 2013 el Censopas identificó plomo, arsénico y cadmio en muestras de población local. Desde entonces no se han publicado nuevas mediciones, lo que limita conocer la evolución del riesgo sanitario en comunidades quechuas de Espinar.
Evidencia epidemiológica y presión social en la región
Los registros del Centro Nacional de Epidemiología muestran que los casos de Enfermedad Diarreica Aguda en Espinar se duplicaron entre 2020 y 2024, y un análisis de la Red de Salud Canas Canchis Espinar indicó que la mortalidad asociada a insuficiencia renal en 2022 y 2023 fue el doble de la registrada en 2020 y 2021. Especialistas consultados advierten que exposiciones prolongadas a metales pesados pueden generar síntomas gastrointestinales, anemia, dolores de cabeza y complicaciones renales, aunque la falta de estudios actualizados impide determinar el riesgo preciso.
Evaluación internacional y solidez técnica de los informes
La validez de los estudios del OEFA fue analizada por Bernhard Wehrli, investigador emérito de la ETH de Zúrich, quien determinó que los documentos cumplen estándares científicos nacionales e internacionales. Destacó el uso de múltiples estaciones de muestreo, procedimientos documentados y análisis geoquímicos capaces de establecer relaciones de causa y efecto entre las operaciones de Antapaccay y la presencia de contaminantes en aguas superficiales y subterráneas. El experto recomendó actualizar estudios de salud y fortalecer la gestión de residuos y tratamiento de aguas para alinearse plenamente con prácticas globales.
Impacto para el sector minero y perspectivas
El caso se inserta en un momento de mayor escrutinio regulatorio sobre operaciones extractivas en Perú, un país cuya competitividad minera depende de estándares ambientales robustos, previsibilidad normativa y capacidad de gestión comunitaria. Para inversionistas y empresas, la resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental será clave para proyectar riesgos operativos, costos de cumplimiento y sensibilidad social en regiones con antecedentes de conflictividad.
