El nuevo reglamento eleva al 80% el uso de certificados tributarios del mecanismo, lo que podría incentivar una mayor participación de empresas. La norma también redefine el rol de Proinversión, que ahora acompañará todas las etapas del mecanismo de Obras por Impuestos.
El nuevo reglamento del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), publicado en el diario El Peruano el viernes 13 de marzo, amplía el alcance del sistema e introduce nuevos incentivos para la participación del sector privado. Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de los “Servicios” como nueva categoría de intervención, además de ajustes tributarios y un rol más activo de Proinversión en el desarrollo de los proyectos.
Según explicó Guillermo Torrejón, asociado senior y jefe del área de Derecho Administrativo y Regulatorio de Benites, Vargas & Ugaz (BVU), la norma representa una expansión relevante del mecanismo.
“El principal cambio es que el mecanismo deja de estar limitado a obras de infraestructura y operación y mantenimiento, para incorporar servicios y la construcción de viviendas rurales como nuevas categorías de intervención”, señaló.
El abogado de BVU también destacó que la reforma introduce cambios institucionales y financieros relevantes. “Uno de los aspectos más transformadores es la redefinición del rol de Proinversión como acompañante integral del proceso, junto con la elevación del límite de uso de los certificados CIPRL y CIPGN al 80%”, indicó.
Los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) y los Certificados de Inversión Pública del Gobierno Nacional (CIPGN) permiten a las empresas que financian proyectos mediante Obras por Impuestos cancelar obligaciones tributarias.
Para Torrejón, la norma fortalece el mecanismo. “Amplía su alcance a intervenciones que antes no podían ejecutarse bajo OxI, mejora la seguridad jurídica al establecer procedimientos más claros y refuerza los incentivos financieros para el sector privado”, afirmó.
Servicios permitirían intervenciones más rápidas
Uno de los cambios más relevantes es la posibilidad de financiar servicios mediante el mecanismo. Esto permitirá ejecutar intervenciones en sectores como salud, educación y saneamiento.
La categoría de servicios está diseñada para financiar resultados concretos y medibles que no constituyen inversiones ni actividades de operación y mantenimiento vinculadas a una inversión, explicó Torrejón.
Entre los ejemplos de intervenciones que podrían ejecutarse se encuentran campañas de atención médica en zonas rurales, brigadas de salud móviles, servicios de diagnóstico o programas de reforzamiento educativo.
El abogado de BVU destacó que esta modalidad podría acelerar la llegada de intervenciones a poblaciones vulnerables. “A diferencia de una obra de infraestructura, los servicios tienen ciclos de implementación más cortos y no requieren expedientes técnicos complejos ni la entrega de terrenos”, sostuvo.
Incentivos para empresas
El reglamento también introduce cambios en los certificados tributarios que reciben las empresas que participan en el mecanismo. Entre otros aspectos, amplía los tributos con los que pueden aplicarse y eleva su límite de uso al 80% de la deuda tributaria correspondiente.
Este cambio, según Torrejón, reduce la carga fiscal que debe pagarse en efectivo, mejora el flujo de caja de las empresas y amplía la utilidad real del certificado como instrumento de cancelación tributaria.
“La combinación de mayor alcance del mecanismo, nuevos incentivos tributarios y un rol más activo de Proinversión podría impulsar una mayor participación del sector privado y ampliar el impacto del mecanismo de Obras por Impuestos en distintas regiones del país”, subrayó.
