El Ejecutivo amplía el alcance del mecanismo OxI, permitiendo a las empresas aplicar certificados a más impuestos —incluido el IGV— y financiar servicios en salud, educación y saneamiento.
El Poder Ejecutivo oficializó el nuevo reglamento de la Ley de Obras por Impuestos (OxI) mediante el Decreto Supremo Nº 038-2026-EF, introduciendo cambios que amplían el alcance del mecanismo y fortalecen la articulación entre el sector público y privado.
A partir de ahora, las empresas no solo podrán financiar infraestructura, sino también servicios en sectores como salud, educación, saneamiento, planificación territorial y vivienda rural, incluyendo campañas médicas, telemedicina, programas educativos y gestión de agua.
Uso de hasta 80% de tributos, incluido el IGV
Uno de los cambios más relevantes es que las empresas podrán utilizar certificados OxI para cancelar hasta el 80% de su deuda tributaria, no solo del impuesto a la renta, sino también de otros tributos como el IGV, ITAN, ISC e impuesto especial a la minería.
Antes de esta modificación, el mecanismo permitía aplicar estos certificados únicamente hasta el 50% del impuesto a la renta, mientras que otros tributos debían pagarse íntegramente en efectivo a la SUNAT.
Mayor atractivo para la inversión privada
De acuerdo con el análisis del estudio Benites, Vargas & Ugaz Abogados, la actualización incrementa significativamente los incentivos para el sector privado, al mejorar el flujo de caja y ampliar la utilidad de los certificados.
Entre los principales cambios destacan:
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Ampliación del mecanismo a servicios además de infraestructura.
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Mayor seguridad jurídica con plazos y procedimientos definidos.
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Incremento del límite de uso de certificados al 80%.
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Aplicación a múltiples tributos.
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Ejecución más rápida mediante servicios.
Esto podría incentivar la participación de sectores como minería, banca e industria, que ahora podrán aprovechar de manera más eficiente el mecanismo.
Impacto en servicios clave y poblaciones vulnerables
El nuevo reglamento permite financiar intervenciones de rápida ejecución como telemedicina, campañas de salud, programas educativos o gestión de agua en zonas rurales, donde las obras tradicionales suelen ser más lentas o inviables.
Estas acciones se alinean con prioridades de entidades como el Ministerio de Salud del Perú, el Ministerio de Educación del Perú y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, con impacto directo en la calidad de vida de la población.
Nuevas exigencias y mayor transparencia
El reglamento también establece el uso obligatorio de la metodología Building Information Modeling (BIM) en proyectos con diseño y construcción paralela, lo que permitirá mejorar el control de costos, plazos y transparencia.
Además, se amplía hasta siete años el plazo de responsabilidad por vicios ocultos en las obras ejecutadas bajo este mecanismo.
En conjunto, los cambios refuerzan el rol de PROINVERSIÓN como asesor técnico clave y consolidan a las Obras por Impuestos como una herramienta estratégica para cerrar brechas en infraestructura y servicios públicos en el país.
