La falta de presupuesto golpea la obra pública, pone en riesgo 20 mil empleos y retrasa proyectos de prevención clave ante un posible Fenómeno de El Niño.
El futuro del programa de Reconstrucción con Cambios vuelve a estar en incertidumbre. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que otorgará un presupuesto adicional de S/ 1,000 millones a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), pero este monto está muy por debajo de los S/ 3,000 millones solicitados y recién se liberaría en dos meses. La demora, según especialistas, podría extender el programa hasta el año 2036, anulando los avances logrados.
Impacto en la construcción
La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) advirtió que la paralización de ANIN ya afecta al sector. En julio, la construcción creció solo 2,7%, frente al 9,6% del mes anterior. Este freno está directamente relacionado con la caída de la inversión pública, que acumula S/ 27,000 millones en siete meses, pero dejó de ejecutar los recursos solicitados para mantener el ritmo.
Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco, explicó que la falta de financiamiento equivale a una reducción del 10% en la inversión pública del sector. “El problema no es solo en este programa, sino en toda la cadena de pagos. Ya hay empresas enfrentando dificultades financieras”, señaló.
Empleo y empresas en riesgo
La paralización de obras impacta directamente en el empleo. Se estima que 20,000 trabajadores formales de la construcción están en riesgo, lo que representa un 10% de la fuerza laboral del sector. Además, la cadena de pagos vinculada a contratistas y proveedores también se encuentra comprometida.
Obras de prevención detenidas
El riesgo no es solo económico. El programa de reconstrucción incluye obras críticas de prevención de desastres, como sistemas de drenaje pluvial y gestión de cuencas para reducir el impacto de un eventual Fenómeno de El Niño. El retraso expone a las regiones del norte a mayores vulnerabilidades climáticas.
Valdivia recordó que inicialmente la meta era completar el programa hacia el 2036, pero la creación de la ANIN en 2023 permitió recortar el plazo al 2031. Ahora, con la falta de recursos, el horizonte vuelve a extenderse hasta el 2036, lo que significaría casi 20 años de retraso desde su lanzamiento en 2017.
Más costos para el Estado
Aparte de los riesgos sociales y climáticos, el retraso también implica un costo fiscal adicional. Al extenderse los plazos, el Estado deberá reconocer gastos generales a las constructoras, además de enfrentar eventuales compensaciones por contratos anulados. “El principal costo es que las obras no se van a terminar en el tiempo señalado. Eso genera pérdidas de beneficios y sobrecostos inevitables”, advirtió Valdivia.
La incertidumbre en el financiamiento de la ANIN deja en pausa proyectos claves para el desarrollo regional y pone en evidencia la fragilidad del esquema de reconstrucción con cambios, a menos de dos años de su creación.
