La extorsión en el Perú no muestra señales de retroceso y, por el contrario, ha comenzado a desplazarse territorialmente. Así lo señala el quinto informe del Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP, que revela que uno de cada cuatro adultos en el país —más de seis millones de personas— ha sido víctima directa de este delito o conoce a alguien que lo sufrió en los últimos tres meses. La cifra se mantiene sin variación entre el cierre de 2024 y el mismo periodo de 2025.
El reporte advierte, no obstante, un cambio en la distribución geográfica del delito. Aunque Lima registró una leve reducción en la incidencia de extorsiones, que pasó de 32 % a 30 %, este descenso se vio acompañado por un marcado traslado del problema hacia el interior del país, especialmente en las zonas rurales.
Carlos Basombrío, exministro del Interior y uno de los autores del estudio, cuestionó la fiabilidad de las estadísticas oficiales y alertó sobre una posible manipulación de los datos. Según indicó, desde hace más de un año existen preocupaciones por el uso político de las cifras, y afirmó que hay indicios de que el Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol) estaría alterando los registros.
El impacto del delito es particularmente grave en la región central del país, donde la incidencia se elevó de 15 % en 2024 a 23 % en 2025, lo que representa un aumento de 53 % en un solo año. En el sur, la extorsión creció de 12 % a 17 %, mientras que en el oriente también se registró un incremento, al pasar de 18 % a 20 %, afectando a una quinta parte de su población.
