Embargo millonario de Florentino Pérez contra el Estado peruano queda en suspenso por decisión judicial

En una reciente declaración, el ministro César Sandoval explicó que la ejecución del laudo arbitral a favor del conglomerado ACS por la Línea 2 del Metro de Lima está detenida mientras avanza la defensa legal del país. Aseguró que la medida no afectará el avance de las obras ni comprometerá recursos públicos.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se pronunció sobre el embargo por más de 315 millones de dólares promovido por el conglomerado español ACS —liderado por Florentino Pérez— en el marco del arbitraje internacional relacionado con la Línea 2 del Metro de Lima. El titular del sector, César Sandoval, confirmó que el proceso se encuentra actualmente suspendido por decisión judicial, lo que impide ejecutar de momento el laudo parcial emitido por el CIADI.

La demanda, presentada por ACS en 2017, alegaba incumplimientos contractuales y sobrecostos en la ejecución del megaproyecto. El tribunal internacional reconoció parcialmente estos reclamos, estableciendo una indemnización de 456 millones de dólares, de los cuales el Perú ya ha abonado 106 millones. El resto del monto está sujeto a revisión tras la apelación presentada por el Estado peruano ante el CIADI, lo que activó la suspensión provisional de cualquier ejecución, incluso en tribunales extranjeros como el de Luxemburgo.

El ministro Sandoval precisó que esta disputa no interrumpirá el avance de las obras del Metro de Lima, y resaltó la coordinación entre el MTC y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para proteger los recursos públicos. El MEF, por su parte, ha intensificado su defensa legal con el apoyo de estudios internacionales y una comisión especial encargada de supervisar la estrategia jurídica del país.

La controversia con ACS se ha convertido en uno de los arbitrajes más relevantes para el Perú en la última década, no solo por los montos involucrados, sino también por el precedente que puede sentar respecto a la ejecución de fallos internacionales. La decisión final sobre la anulación parcial del laudo está prevista para octubre de 2025.