La iniciativa obligaría a permitir el ingreso de alimentos y bebidas adquiridos fuera de los recintos, dificultando los controles de seguridad, elevando los costos operativos y generando nuevas contingencias para los organizadores.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su rechazo al Proyecto de Ley N.°00116-2026-2031-CD, considerar que sus disposiciones podrían generar riesgos para la seguridad en conciertos, espectáculos deportivos y otros eventos masivos, además de afectar la libertad de empresa y la sostenibilidad económica de la industria del entretenimiento.
A través del Informe GL/081-2026/GL, elaborado por su Gerencia Legal en coordinación con el Sector de Servicios Artísticos, Culturales, de Entretenimiento y Afines (ARENA), la CCL advirtió que la propuesta interviene injustificadamente en la libertad de empresa, altera los modelos de negocio y podría comprometer la seguridad de miles de asistentes.
Bebidas alcohólicas sin control
Uno de los aspectos más preocupantes de la iniciativa es que no excluye expresamente las bebidas alcohólicas. De aprobarse, los organizadores podrían verse obligados a admitir productos adquiridos fuera del recinto, dificultando la verificación de su procedencia, calidad y condiciones de consumo.
La CCL alertó que esta situación podría complicar las labores de control y fiscalización, especialmente en eventos de gran concurrencia, donde la seguridad de los asistentes constituye una prioridad.
Asimismo, la revisión de botellas, envases y alimentos adquiridos externamente incrementaría los tiempos de ingreso, las aglomeraciones y la necesidad de reforzar los controles de seguridad y personal operativo.
El gremio recordó que, según estimaciones del sector ARENA, un espectáculo de gran magnitud puede requerir hasta 700 agentes de seguridad privada, por lo que imponer nuevas obligaciones sin una evaluación previa de sus impactos podría generar riesgos adicionales para la organización de estos eventos.
Eleva costos y afecta operación de espectáculos
La CCL sostuvo que la propuesta interviene injustificadamente en decisiones propias de la gestión empresarial, protegidas por el artículo 59 de la Constitución, que reconoce la libertad de empresa y la libre iniciativa privada.
Indicó además que los ingresos provenientes de la venta de alimentos y bebidas forman parte de la estructura económica de numerosos espectáculos y contribuyen a financiar servicios operativos, logísticos y de atención al público. “La protección del consumidor no puede convertirse en una justificación para que el Estado intervenga arbitrariamente en las decisiones empresariales ni en las condiciones de competencia del mercado”, señaló la institución.
Más burocracia
El gremio empresarial también cuestionó que el proyecto establezca obligaciones ambiguas, como disponer de puntos de hidratación en cantidades “suficientes”, sin definir parámetros objetivos que permitan determinar su adecuado cumplimiento.
A juicio de la CCL, esta falta de precisión podría exponer a las empresas a sanciones, generar inseguridad jurídica e incrementar los costos de operación. Asimismo, advirtió que la propuesta traslada a los organizadores responsabilidades vinculadas a infraestructura que corresponden a los propietarios o administradores de los recintos.
La institución también remarcó que no resulta adecuado extender automáticamente a conciertos y espectáculos masivos los criterios aplicados por el Indecopi a las salas de cine, dado que se trata de actividades con características operativas, de seguridad y financiamiento completamente distintas.
Regulación ya protege a los consumidores
La Cámara de Comercio de Lima indicó que la protección de la salud y seguridad de los consumidores ya se encuentra respaldada por mecanismos legales vigentes, entre ellos el Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como por las evaluaciones y controles de seguridad que deben cumplir los espectáculos antes de su realización.
Asimismo, señaló que la exposición de motivos del proyecto no acredita, con información nacional suficiente, que las normas actuales resulten insuficientes ni demuestra la necesidad de imponer nuevas obligaciones al sector.
Por estas razones, la Cámara de Comercio de Lima solicita al Congreso archivar la iniciativa y evitar regulaciones que, bajo el argumento de proteger al consumidor, terminen afectando la seguridad, la inversión privada, la libertad de empresa y el desarrollo de la industria del entretenimiento.
La CCL reafirma su compromiso de defender un marco normativo equilibrado, que proteja efectivamente a los ciudadanos sin imponer barreras innecesarias a las empresas que invierten, generan empleo y contribuyen al crecimiento económico del Perú.
