El regulador aprobó los montos que entrarán en vigor el 7 de diciembre y señaló que evaluará los argumentos que presenten las aerolíneas.
Impugnación anunciada por el sector aerocomercial
La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) informó que presentará un recurso contra los montos aprobados para la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La decisión se adoptó luego de que Ositran autorizara el cobro de US$ 10.05 para pasajeros internacionales y US$ 6.32 para los nacionales a partir del 7 de diciembre.
Según la asociación, los montos requieren una revisión adicional, por lo que activarán los mecanismos administrativos disponibles.
Posición de Ositran y panorama regulatorio
Ositran destacó que las aerolíneas pueden presentar recursos de reconsideración o apelación y señaló que la institución está abierta a recibirlos. En el procedimiento previo, las empresas del sector participaron en las etapas técnicas y enviaron observaciones que fueron consideradas en la resolución emitida.
El regulador precisó además que la tarifa internacional final, con impuestos incluidos, será de US$ 11.85. En el caso de los vuelos nacionales, se reiteró que no habrá cobro, dado que el concesionario Lima Airport Partners confirmó públicamente que esta tarifa no será aplicada.
Contexto tarifario y comparaciones previas
Ositran indicó que el monto internacional aprobado es ligeramente menor al valor vigente en periodos anteriores. En contraste, la tarifa nacional se encuentra inactiva debido a acuerdos entre el Estado y el concesionario, por lo que no se implementará este 7 de diciembre.
Posible impacto sobre el turismo y próximos análisis
Sobre el efecto de la TUUA de transferencia en la actividad turística, el regulador señaló que esta evaluación corresponde a otras entidades del Estado. El análisis deberá involucrar a sectores como Comercio Exterior y Turismo, Transportes y Comunicaciones y Economía y Finanzas, con el fin de determinar si el cobro afecta la conectividad, la competitividad y los flujos turísticos del país.
También se planteó que podría evaluarse si la decisión tomada hace más de una década sobre este cobro sigue siendo pertinente y si correspondería algún mecanismo de compensación al concesionario en caso de modificarse el esquema.
