Empresarios de la CAN piden coordinación entre gobiernos, respeto al ordenamiento jurídico andino y diálogo urgente para evitar impactos negativos en el comercio intrarregional, el empleo y la seguridad.
El Consejo Consultivo Empresarial Andino expresó su preocupación por las medidas anunciadas por los gobiernos de Ecuador y Colombia y sus posibles efectos adversos sobre el comercio bilateral y los mercados locales. La declaración fue adoptada durante la reunión realizada el lunes 26 de enero de 2026, en el marco del rol del sector privado en la profundización del comercio subregional de la Comunidad Andina.
Preocupación por impactos económicos y sociales
El empresariado advirtió que decisiones unilaterales pueden afectar directamente a los actores productivos de ambos países, así como a la estabilidad económica y social de la región andina. En ese sentido, subrayó que el comercio intrarregional ha sido clave para incrementar la competitividad, diversificar mercados y generar empleo, beneficiando a millones de familias.
Seguridad sin afectar el comercio lícito
El Consejo enfatizó que las políticas orientadas a enfrentar problemas de seguridad y orden público deben adoptarse de manera coordinada y equilibrada, preservando el comercio lícito intrarregional. Alertó que la interrupción de estos flujos formales no solo perjudica a productores y consumidores, sino que también puede terminar incentivando el comercio ilícito, las economías criminales y la inseguridad ciudadana.
Llamado al diálogo y a la cooperación regional
Los empresarios respaldaron el llamado del Secretario General de la Comunidad Andina a los jefes de Estado para impulsar espacios de diálogo bilateral e institucional que permitan restablecer la confianza y encontrar soluciones sostenibles. Asimismo, sugirieron que estos espacios incluyan instancias técnicas, empresariales y sociales, con el objetivo de identificar mecanismos operativos de facilitación comercial y cooperación en seguridad.
Finalmente, el Consejo recordó que cualquier medida adoptada por los países miembros debe enmarcarse estrictamente en el ordenamiento jurídico andino y reafirmó su compromiso de colaborar con propuestas técnicas que fortalezcan la integración regional, la competitividad y el bienestar de la población andina.
