El gobierno boliviano reconoce fallas estructurales y tensiones financieras mientras se agudiza la escasez de gasolina y diésel.
El desvío que profundiza la crisis energética
El ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Mauricio Medinaceli, alertó que entre 30 y 40 de cada 100 cisternas destinadas al abastecimiento interno están siendo desviadas antes de llegar a su destino. Según la autoridad, este comportamiento agrava la disponibilidad de gasolina y diésel en el país y evidencia una cadena de irregularidades que involucra a actores privados y, en algunos casos, a instituciones que facilitan la operación. Medinaceli calificó a los responsables como malos bolivianos y remarcó que esta práctica afecta de manera directa a la población que enfrenta dificultades crecientes para acceder al combustible.
Un problema que combina economía, logística y control
El ministro explicó que la crisis se debe a un conjunto de factores que el país arrastra desde gestiones anteriores, que incluyen tensiones financieras del Estado, fallas técnicas y limitaciones logísticas. A ello se suman problemas operativos como retrasos en la llegada de buques y obstáculos en las cadenas de distribución. Medinaceli sostuvo que, aunque existen recursos comprometidos y apoyo internacional, la situación fiscal complica tareas como el abastecimiento interno y el pago de beneficios sociales, incluida la Renta Dignidad.
El impacto de una planificación deficiente
Medinaceli señaló que la administración anterior dejó una planificación ineficiente, marcada por la corrupción y sin una estrategia de largo plazo. Aunque reconoció la gravedad del contexto, aseguró que el actual gobierno está corrigiendo el rumbo mediante medidas técnicas y de control. El desafío, afirmó, es recuperar la capacidad del Estado para asegurar un suministro estable en un momento en que la población enfrenta colas y restricciones para acceder al combustible.
Panorama económico
El desvío de cisternas genera un efecto multiplicador en la crisis energética de Bolivia, ya que encarece la logística, presiona las finanzas públicas y debilita la capacidad operativa del sector. La combinación de factores estructurales y riesgos de corrupción convierte al abastecimiento en uno de los puntos más sensibles de la economía boliviana, que hoy opera bajo tensiones que requieren ajustes de corto plazo y reformas de largo aliento.
